‘Voy a tener que dejar mi departamento’: la crisis que golpea a inquilinos y caseros

“Mi novio y yo pensamos que vamos a tener que dejar el departamento porque no tenemos dinero; por la crisis estamos hundidos, y en la administración del edificio nos dijeron que sí íbamos a tener que abandonarlo, porque ellos no pueden hacer nada con eso”, dice Fernanda, una diseñadora gráfica de 29 años que no tiene trabajo desde marzo. Quizá irse a Pachuca, estima, porque allá la renta le costaría 2 mil pesos al mes, 10 mil pesos menos que lo que paga con su pareja por un departamento en la Condesa.

“Él ha estado pagando estos meses, yo congelé mis tarjetas y empecé a sacar dinero de mi tarjeta de crédito, debo mucho, como 40 mil pesos, saqué para un poquito de renta, la despensa, y justo empecé un negocio de comida a domicilio”, detalla.

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“El mes pasado no teníamos, de verdad, nada. Nosotros le preguntamos a la administración si había manera de organizarnos, hablar con el dueño y ver qué podíamos arreglar, pagar lo que pudiéramos, pagar a la mitad o que nos aguantaran unos meses, pero nos dijeron que no, que éramos los ‘únicos’ que teníamos este problema en el edificio. La verdad es que varios vecinos tenemos el mismo problema”, relata.

Afectadas por recortes salariales o el desempleo, personas como Fernanda han llegado a un punto crítico en el que difícilmente pueden cubrir el alquiler de su vivienda y se asoman al abismo del peregrinaje, lo que implica no sólo una afectación al derecho humano a la vivienda digna, sino que también obstaculiza la directriz oficial de “quedarse en casa” para contener la pandemia de COVID-19; a su vez, el cierre de negocios como parte de la política de confinamiento también ha puesto en aprietos a pequeños empresarios que, pese a todo, deben pagar alquiler de los locales donde están sus establecimientos.

Del otro lado de la moneda también están los arrendadores que viven del cobro de la renta de sus propiedades, algunos de quienes han accedido a negociar con sus inquilinos una reducción del monto mensual. Es el caso de Xóchitl Meseguer, una ex funcionaria pública de 60 años que aceptó cobrar 50% menos de renta a las dos personas -una madre y una hija- que alquilan su departamento en la colonia Del Valle, propiedad que ella y su esposo compraron con su fondo de ahorro para el retiro.

Para su retiro, Xóchitl y su esposo decidieron mudarse a Xalapa, a una casa por la que ellos, a su vez, pagan alquiler. Aunque son adultos mayores, no cobran pensión, pues toda su vida trabajaron por honorarios en la administración pública. Por ello tampoco tienen seguro social. Los ingresos por la renta de su inmueble no sólo los utilizan para su propio sostén, sino también para mantener a sus dos hijos universitarios y para costear el tratamiento del esposo, también adulto mayor, diabético e hipertenso.

“Es una cadena. El tema del alquiler de vivienda no es sólo de malvados dueños de viviendas que explotan a sus inquilinos, sino de mucha gente de clase media que consideró invertir su patrimonio en una casa para ya no tener que pagar alquiler o, eventualmente, vivir del alquiler de su casa”, plantea.

Fuera de ser un asunto de personas en lo particular, es un asunto de políticas públicas que, o bien se han abandonado, o no se han implementado, como este ingreso mínimo”.

Hace tres meses que Xóchitl aceptó obtener la mitad de ingresos por la renta de su casa. Pero, advierte, un cuarto mes será lo máximo que podrá aguantar ayudando a sus inquilinas.

Especialistas inmobiliarios señalan que, debido a la que el gobierno mexicano no ha implementado políticas públicas de apoyo a la vivienda pese a las cifras de desempleo y la caída de ingresos de las familias, la ayuda para las personas con dificultades para pagar renta, hasta ahora, ha dependido de la buena voluntad de los arrendadores.

La dimensión a la que puede escalar el problema de impago de alquileres se enmarca así: casi 16% de las viviendas en el país son rentadas, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

A diferencia de México, otros países implementaron medidas proactivas.

En España, desde marzo, se aprobó un programa de créditos para inquilinos a fin de que puedan pagar íntegramente la renta a los pequeños arrendadores, mientras que a los grandes propietarios se les obligó a aceptar pagos aplazados durante tres meses o reducir el monto de renta en 50%. En Canadá, en abril, el gobierno aprobó una línea de créditos “perdonables” para los propietarios de locales comerciales que accedieran a reducir el 75% de alquiler a arrendadores de pequeños negocios. Las medidas más contundentes fueron implementadas en Francia, donde, desde marzo, el gobierno declaró un “estado de emergencia de salud” y suspendió el pago de rentas -así como de luz, agua y gas-, prohibió los desalojos y concedió a los arrendadores la posibilidad de deducir de impuestos las deudas de sus inquilinos.

En México no ha existido una política gubernamental para afrontar la crisis de vivienda asociada a la pandemia. Hasta ahora, el partido gobernante, Morena, ha presentado iniciativas que muy pronto murieron en la “congeladora” legislativa, pese a su mayoría parlamentaria. Una de ellas fue la propuesta del coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal, de reformar el Código Civil Federal para permitir la exención de entre el 50 y el 75% del pago de las rentas a causa de emergencias sanitarias. Otra iniciativa congelada, presentada en el Congreso capitalino, planteaba reformar el Código Civil local para reducir en 50% las rentas de locales comerciales a los que se les impidió operar por la declaratoria de emergencia sanitaria, como los negocios considerados no esenciales.

“Al no haber apoyo del gobierno federal para el problema de las rentas, ni para el pago de servicios, no vemos en México esas buenas prácticas que sí están ayudando en otros países. Aquí depende totalmente de la buena voluntad de las partes y la humanidad de ayudarnos entre nosotros”, sostiene el abogado Fernando Rodríguez Bustamante.

El especialista inmobiliario sugiere que el gobierno federal podría reducir el pago de servicios y entregar créditos accesibles específicamente para el pago de alquiler; a su vez, pide a los arrendadores solidarizarse con las personas necesitadas y disminuir el monto de las rentas.

“Se tiene que lograr el equilibrio entre las partes. El arrendatario no puede dejar de pagar y el arrendador tiene que entender que el arrendatario está ante un problema y deberá ser accesible a disminuir la renta. El gobierno no le puede dar la libertad al arrendatario de no pagar renta, porque el arrendador se queda totalmente indefenso”, expone en entrevista.

“Se podría empezar por reducir el pago de servicios o entregar créditos razonables, como un crédito a la palabra para todo aquel que se acerque por un problema de pago de arrendamiento, tendrían que recibir un apoyo económico directamente del gobierno para ellos poder hacer frente a las obligaciones de pago de acuerdo a lo que convengan con sus arrendadores”.

Animal Político cuenta en este trabajo historias de personas que no lograron llegar a acuerdos con sus arrendadores y que ven en riesgo su estancia en su vivienda o negocio, y también historias de pequeños propietarios que ayudaron a sus arrendatarios con la reducción del alquiler pero que, ante la falta de incentivos gubernamentales, ya están llegando al límite.

Historias de inquilinos

“Mi casera me amenazó con demandarme”

Karla considera que hablar con su casera para pedirle ayuda con el pago de la renta fue un grave error.

De 30 años de edad, Karla se quedó sin empleo desde marzo, cuando cerró la empresa estadounidense de turismo para la que trabajaba en un esquema de outsourcing. No le pagaron liquidación y ya se agotaron sus ahorros, lo que complicó que pudiera seguir cubriendo los 6 mil pesos de renta que le toca pagar en el departamento que alquila en la colonia Del Valle.

“Mi casera es un poquito difícil, pero intenté tener una conversación con mucho tacto con ella. Le expliqué la situación, le pregunté si era posible que me hiciera un descuento temporal, a lo que dijo que no, que me podría hacer un descuento pero que se lo tendría que reponer después. Cuando me dijo eso, le dije que no tenía caso”, cuenta en entrevista.

Karla rechazó el ofrecimiento de su casera y se comprometió a “encontrar la forma” de pagarle íntegramente. Sin embargo, dice Karla, la dueña del departamento comenzó a presionar a su fiador y a las personas que nombró como referencias en su contrato, y la amenazó con acudir a instancias legales en caso de que no le pagara la totalidad de la renta.

“Nos enteramos de que estaba hablando por teléfono a la gente que nosotros pusimos de referencia y a nuestro fiador para ver que nosotros tuviéramos solvencia, y se me hizo raro que hiciera eso, porque yo ya le había dicho que no tenía trabajo, no tenía por qué estar investigando; le hablaron al jefe de mi roomate y obviamente le molestó horrible, y también nuestro fiador nos dijo que lo estaba acosando”, detalla.

“Le preguntamos a nuestra casera qué estaba pasando y se puso como loca, nos dio una gritoniza. La casera, a pesar de que yo le dije que no nos hiciera el descuento, le habló a los de la póliza de la inmobiliaria y les pidió que reiniciaran la investigación de todas nuestras finanzas, y amenazó con escalar el tema a lo legal”.

Karla señala que está atada de manos por su contrato de arrendamiento.

“Nosotros tenemos un contrato forzoso de un año, entonces no me puedo salir, me tengo que quedar aquí y pagar la renta; aunque me saliera, tendría que seguir pagando la renta”, explica.

“La dueña me dijo: ‘no es mi problema’”

Fernando Campo debe pagar renta a tres distintos arrendadores por los locales donde tiene sus restaurantes. Uno de ellos, que le cobra alquiler en la colonia del Valle, fue flexible. Otra arrendadora, de Lomas, refiere, no tanto. Y la última, de Condesa, hasta le quiere subir la renta.

“En Las Lomas ofrecieron un 20% de descuento que tendría que ser pagado después, o sea, no ofrecieron nada más que un crédito y no les hemos pagado”, admite.

La dueña del local en la Condesa, detalla Fernando, le dijo que no era su problema el desplome de sus ventas y le ha exigido el pago del alquiler íntegro.

“A la señora le vale madres, no ofrece nada, nada más habla y está fregando: ‘quiero mi dinero, quiero mi dinero’”, relata. “La dueña nos dijo: ‘si no tienes gente, no es mi problema’; le mandé decir que tiene toda la razón, que si no hay gente en mi restaurante no es su problema, pero que si no cobra la renta sí se vuelve su problema”.

El empresario añade que, de las llamadas, la arrendadora pasó a enviar a un representante a verificar que, efectivamente, él no tuviera clientes en su negocio, llamado Fonda Garufa. Incluso, hace unos días, ella decidió acudir en persona.

“Ella nunca va, manda siempre a su asistente, y el fin de semana pasado ella estuvo ahí, ya vio que hay 10 personas trabajando en preparar pedidos a domicilio y que no sucede nada, y vio cómo está la calle y vio cómo los restaurantes vecinos están cerrados; su abogado en algún momento llamó a uno de mis socios, y mi socio le contestó que igual nos vamos en unos tres meses”.

Fernando acusa insensibilidad en el mercado inmobiliario ante una crisis que ha causado que las ventas en sus restaurantes se hayan desplomado 90%.

“Los caseros siempre, si te va bien, se sienten socios, y, si te va mal, están chingue y chingue. En Las Lomas una vez nos subieron la renta 50% de un golpe, porque vieron que teníamos gente y porque abrieron otros restaurantes alrededor. Esta casera (de Condesa) está así y nos quiere subir todavía un 20% la renta; está cabrón, yo creo que nos vamos a tener que ir o vender, y peor en este momento de crisis”, lamenta.

Historias de arrendadores

“Le ayudé, pero ya le tuve que pedir que se vaya”

Desde marzo, Juan Pablo Urrutia decidió descontarle a su inquilina un 40% de la renta del departamento que alquila en la colonia Juárez, luego de que ella le comunicó que había perdido una fuente importante de sus ingresos. Sin embargo, señala el publicista, ya le resulta difícil continuar con la reducción de la renta porque a él, a su vez, le recordaron el sueldo en la agencia donde labora. Además, él mismo paga alquiler en la casa donde ahora vive con su esposa y sus dos hijos en Torreón, Coahuila, adonde se mudó por trabajo.

“Sí he llegado al punto de decirle que, a lo mejor, lo ideal es que se salga del departamento para también yo poder encontrar a alguien que pueda pagarlo; no ha pasado, porque sí hay esta voluntad de ver si se arregla su situación laboral”, comenta.

“Yo sí puse el departamento en renta en algunas páginas de internet y lo platiqué con ella, que, en caso de salir algún interesado, yo le daría un mes para que pudiera mudarse. Es una situación que nadie sabe cómo manejar, mi inquilina no es que en unos meses le vayan a regresar su sueldo, no hay esa luz al final del túnel, entonces digo: si esto no se arregla, sí tendría que dejar el departamento, porque yo tampoco puedo estar viviendo toda la vida con una persona que pague la mitad de la renta”.

Juan Pablo afirma que los arreglos solidarios entre las partes son una salida urgente a la crisis de vivienda, pero, puntualiza, inevitablemente llegan a un límite. Sostiene que, en lugar de dar apoyos para el alquiler, el gobierno debe reactivar las fuentes de empleo para que las personas vuelvan a generar ingresos.

“El daño viene porque alguien perdió su empleo o está ganando menos dinero de lo que ganaba y no puede pagar lo que se había comprometido. Lo que tendría que hacer el gobierno, más que apoyarnos a los que rentamos propiedades, es apoyar más a la gente que se queda sin empleo, para que pueda afrontar todos los gastos, porque esta persona que me renta a mí tendrá otros problemas adicionales a pagar la renta”, plantea.

“Si yo no tuviera deudas, bajaría aún más la renta”

El arquitecto Marco Padilla alquila cinco locales comerciales en Tlalpan y Milpa Alta. A todos los arrendatarios les redujo la renta. Uno de ellos, cuyo negocio está frente a la Preparatoria 5 de la UNAM, cubre 40% menos del alquiler, pero acaba de informarle que ya no podrá seguir pagándole.
“Si yo no tuviera deudas, que sí las tengo, yo con mucho gusto le daría un porcentaje mayor de reducción, pero ya no es el caso, yo también tengo gastos, mi hijo está por entrar a la universidad, va a estudiar en otra ciudad, entonces yo también tengo que tener un ingreso”, cuenta Marco, quien tampoco tiene empleo, pues sus proyectos de arquitectura se cancelaron por la pandemia.

“Los pocos proyectos que tenía, muy pocos, se frenaron al 100%. En esta casa dependemos del ingreso de las rentas”, indica.

Marco, de 54 años, también apela a que los propietarios lleguen a un entendimiento con sus inquilinos y no los “sangren” ante la crisis.

“En mi opinión, es una estupidez llegar a presionar o sangrar a tu inquilino de tal forma que termine yéndose. En una situación económica en la cual no hay dinero de parte del consumidor, y no hay dinero del pequeño comerciante que quiere abrir un negocio, te vas a tardar mucho en encontrar un inquilino, muchísimo tiempo, es un riesgo altísimo, y quien va a terminar peor es el dueño del local”, comenta.

El arquitecto advierte que el gobierno aún no ha previsto cuál será el impacto del cierre de negocios en el sector inmobiliario, un golpe que, vislumbra, dejará en la ruina a pequeños propietarios.

“La situación para muchos locatarios tampoco va a estar fácil, nada fácil, porque abrir un nuevo negocio va a ser imposible. Se están olvidando de un eslabón de la cadena, se están olvidando de que nosotros también, como dueños de un inmueble, necesitamos que haya comercios, que haya dinero para el comerciante, para que nos pague nuestra renta, porque no podemos estar nosotros subsidiando esta economía para que el comerciante abra”, señala.