La falta de pruebas impide saber el impacto de COVID-19 en las cárceles

Arnulfo Albarrarán, de 50 años, lleva dos semanas durmiendo en la calle, en el exterior del Hospital General de Cholula, en el Estado de Puebla. “Aquí estoy, a la intemperie todo el día”, dice, en conversación telefónica.

Padece hambre y frío, pero no está dispuesto a moverse. Ahí dentro, en el centro médico, está su hermano Adán, contagiado de COVID-19 y con pronóstico reservado. Le han regalado una tienda de campaña para que mantenga su vigilia ante el nosocomio.

Adán Albarrarán tiene 44 años y lleva cuatro encerrado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Huejotzingo desde 2016. Está acusado del robo de un vehículo y desde entonces permanece en prisión preventiva. Ni siquiera tiene fecha para que se emita su sentencia.

El pasado 18 de mayo fue trasladado al Hospital General del Sur, Puebla, para tratarle de una complicación de la cirrosis hepática que padece. Dos días después, su hermano recibió una notificación del Cereso en la que le comunicaban que Adán dio positivo a la prueba de COVID-19.

“Se contagió en la cárcel o en el hospital”, dice Albarrarán. “Si fue en el hospital, se trata de una negligencia en el traslado. Y si fue en la cárcel, ¿cuántas personas más están contagiadas en el Cereso?”, se pregunta.

En un primer momento, el área jurídica del Cereso de Huejotzingo rechazó tener casos de COVID-19 dentro de su población penitenciaria. Sin embargo, luego reconoció que el preso había sido trasladado a un hospital que únicamente atiende a pacientes con coronavirus. Días después, el gobernador Miguel Barbosa reconoció ante medios locales el contagio. “Está siendo atendido, sí. Registramos el caso, está en el hospital general de San Andrés Cholula y está siendo atendido. Y, bueno, estamos tomando medidas en todos los reclusorios de sanitización”, dijo.

Aunque la dirección del reclusorio negó en un primer momento que sufriese un brote de coronavirus, el monitoreo diario que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que 21 internos están contagiados. Solo uno de ellos, Adán Albarrarán, permanece hospitalizado.

Según el informe de la CNDH, Puebla, con 89 casos, es el segundo estado con más casos de coronavirus en sus prisiones solo superado por Jalisco, que tiene 99. A finales de mayo, el gobierno de Miguel Barbosa habilitó el primer centro penitenciario destinado exclusivamente a reclusos que han contraído la COVID-19.

A Adán Albarrarán le hicieron una prueba porque su estado empeoró y tuvo que ser hospitalizado. Sin embargo, él es una excepción. Fuentes de la Tercera Visitaduría de la CNDH lamentan que la escasez de pruebas hace imposible conocer hasta qué punto se ha extendido la enfermedad en los centros penitenciarios.

Albarrarán denuncia que el contagio de su hermano dentro de la cárcel se debió a las negligencias dentro del Cereso. Presentó una queja ante la CNDH y un juez decretó la suspensión de plano debido a la urgencia de un amparo que presentó. El mandato judicial le obliga a las instituciones penitenciarias a restablecer la salud de su hermano. Aunque él es pesimista.

“Quiero que se determine una investigación de quién, cómo y en dónde lo contagiaron y las negligencias del sistema penitenciario. Hubo omisión de vigilar el actuar de los servidores públicos por el manejo de un interno del Cereso. Por tan solo un drenado de líquido abdominal por retención de líquidos por cirrosis hoy está sentenciado a muerte por haberse contaminado con Covid-19”, afirma.

“Hemos hablado para solicitar al centro penitenciario información sobre su caso, pero no hemos recibido respuesta. Este es un reflejo de la situación del sistema penitenciario en nuestro país”, dice Noemí Suárez, abogada de Documenta, una ONG que asesoró a Arnulfo para que este promoviese amparos ante las autoridades.

“Hemos recibido muchas quejas. Sobre todo, que no están recibiendo información. No les dan datos sobre cómo están sus familiares”, explica.

Casos en 17 estados, según CNDH

El caso de Adán Albarrarán es solo la punta del iceberg de un sistema penitenciario hacinado, en el que apenas hay datos sobre cuántas personas están contagiadas y donde la falta de pruebas impide hacer una radiografía real de la situación. Su hermano Arnulfo lo sabe bien. El pasado 15 de abril fue liberado del Reclusorio Oriente, donde permaneció casi cinco años y medio por robo de vehículo. Él fue uno de los primeros presos cuya excarcelación anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el contexto de la pandemia. Él, sin embargo, alega que interpuso un amparo un año antes y que su expediente se retrasó por irregularidades en la institución.

Hasta ahora, no hay un registro oficial a nivel federal sobre la población penitenciaria afectada por el COVID-19, ni sobre las preliberaciones que los sistemas penitenciarios de los estados han otorgado para evitar contagios dentro de las prisiones en el país.

En las conferencias del sábado 23 y el domingo 24 de mayo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se comprometió a ofrecer datos sobre contagios al interior de las prisiones. Finalmente, estas cifras no se hicieron públicas, aunque el funcionario aseguró que “se ha logrado segmentar a la población para evitar más riesgos y contagios”.

Esta es una visión excesivamente optimista para las organizaciones civiles que trabajan con presos. “Desde nuestro monitoreo en redes así como conversaciones con familiares y personas privadas de libertad en distintos puntos del país, es complicada de respaldar”, dijo en un comunicado Asistencia Legal para los Derechos Humanos AC, Asilegal.

La única fuente oficial que hasta el momento ha ofrecido datos sobre contagios es la CNDH. Su informe registra 299 casos y 43 fallecimientos, con Puebla y Jalisco como estados más afectados, seguidos por el Estado de México, la Ciudad de México y Sinaloa.

Solo 17 de los 32 estados mexicanos reportaron casos de COVID-19 en sus prisiones, según el informe de la CNDH. Entre los que aseguran no tener un solo caso en sus reclusorios están Tamaulipas, Veracruz, Coahuila o Michoacán.

“Es un botón de muestra de lo que está pasando al interior de los penales, pero no hay suficiente elementos”, dice la organización México Evalúa.
La ONG Reinserta hizo su propio monitoreo a través de solicitudes de acceso a la información. Únicamente seis estados respondieron: Nuevo León, Yucatán, San Luis Potosí, Nayarit y Baja California. El informe revela falta de insumos como desinfectante, mascarillas, cubrebocas y guantes, “principalmente por falta de recursos”.

“La situación está muy complicada. Hay completa omisión de los casos, de lo que está ocurriendo, de cuánta gente se está muriendo”, dice Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta.

“No se están haciendo pruebas”, denuncia.

Animal Político contactó con las autoridades sanitarias de algunos los estados con mayor número de casos en sus prisiones: Puebla, Jalisco, Ciudad de México y Baja California. También con la secretaría de Seguridad Pública del Gobierno federal. Al cierre de la nota no había recibido respuesta.
Escasez de insumos

“Hay poca información y pocos medios”, dijo un preso encerrado en el Reclusorio Oriente y que habló a condición de anonimato.

Según denunció, únicamente recibieron cubrebocas en una ocasión. “Fue a principios de mayo, nos dieron uno por recluso y eran de muy baja calidad”, dice. Además, señala que hubo dificultades con el gel antibacterial. En principio está prohibido, ya que contiene alcohol. Sin embargo, las autoridades fueron flexibles y permitieron su ingreso, pero hubo internos que lo ingirieron, así que se volvió a impedir su uso.

Las autoridades han adecuado el dormitorio 1 para aquellos reclusos que tienen síntomas de COVID-19. Por otro lado, el Centro de Observación y Clasificación se ha habilitado para los contactos de aquellos que son casos sospechosos y el dormitorio 9 está reservado para las personas mayores de 60 años.

Según este preso, “la gente oculta los síntomas para evitar el aislamiento”.
“Uno de los grandes problemas es el hacinamiento. Hay celdas en las que duermen hasta 30 personas. Duermen parados, en hamacas o sentados en el piso”, explica. Unas condiciones que hacen imposible respetar la sana distancia para evitar que la enfermedad se propague.

Liberaciones para evitar los contagios

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció que estarían analizando 5 mil 500 casos de posibles liberaciones, pero solo ha confirmado 250.

Mientras que el Edomex inició un programa de preliberación de adultos mayores y mujeres embarazadas, con una meta de 5 mil personas a beneficiar, de las cuales solo ha liberado a 1,894 personas; 59 ya obtuvieron total libertad y 1,836 salieron con brazaletes electrónicos bajo vigilancia y seguimiento de su conducta.

México Evalúa también reportó la liberación de 39 personas en Coahuila, ante la emergencia sanitaria.

El monitoreo de la organización Equis: Justicia para las Mujeres recabó, hasta el 24 de mayo y utilizando reportes de prensa y de CNDH, que en el país 150 personas privadas de la libertad han contraído COVID-19; 98 más son sospechosas; 31 han fallecido por la enfermedad, y 61 se han recuperado.

“Hemos detectado que, al menos, hay tres posibilidades: una es que haya 171 contagios y 22 defunciones; otra es 184 contagios y 13 defunciones, y una última sobre 330 contagios y 15 defunciones. Cada escenario varía dependiendo de las fuentes periodísticas que incluyes/excluyes. Sin embargo, la gran variación demuestra que no tenemos una forma de validarlo con datos oficiales porque no se presentan, en el caso de la Secretaría de Salud, o no dicen cómo registran, en el caso de la CNDH”, explica la organización.

La organización también reporta que se han liberado a entre 2,100 y 2,390 personas, pero que las únicas cifras validadas son las dadas a conocer por Ciudad de México y Estado de México

Equis Justicia también identificó tres riñas en el Edomex, Quintana Roo y Tabasco, así como siete eventos violentos que han surgido tras protestas de las personas internas, y que han sido reprimidas por agentes de la fuerza pública.

Arnulfo Albarrarán inicia su tercera semana en el exterior del hospital de Cholula. Dice que recientemente recibió la llamada de una autoridad penitenciaria que le afeó su campaña pública de denuncia. “Uno hace lo que tiene que hacer. ¿Qué haría si fuera su hermano?”