Así se destruyó el expediente original de la investigación sobre la masacre de Cadereyta
Trabajadores de la empresa de paquetería Redpack destruyeron los expedientes originales con las investigaciones sobre la masacre de Cadereyta que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (en aquel momento procuraduría) envió a la Fiscalía General de la República en Ciudad de México. Esta es la versión difundida por la propia FGJE a través de un comunicado en el que asegura que se repuso lo dañado y que se sigue investigando lo sucedido. Los hechos ocurrieron en 2018 y no se hicieron públicos hasta el pasado 13 de marzo, coincidiendo con el octavo aniversario de la mascare.
A pesar del tiempo transcurrido quedan muchas interrogantes abiertas. ¿Pudieron restituirse todas las evidencias? ¿Por qué los empleados pudieron destruir un material tan sensible? Y, sobre todo, ¿es tan débil la cadena de custodia como para que se pierdan en el trayecto de Monterrey a Ciudad de México las averiguaciones de una fiscalía sobre la muerte de 49 personas? ¿Es habitual que pruebas de casos graves se envíen como paquetes sin ninguna seguridad?
El 13 de mayo de 2012 fueron hallados los torsos de 49 personas (43 hombres y seis mujeres) en el kilómetro 47 de la carretera Monterrey-Reynosa, a la altura de Cadereyta, Nuevo León. A día de hoy solo hay identificadas 17 de las víctimas, nueve de las cuales eran migrantes hondureños que trataban de llegar a Estados Unidos.
Aunque en aquel momento se atribuyó el crimen a Los Zetas, no hay detenidos ni procesados. Según Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a las familias de nueve víctimas, “no hay siquiera una línea de investigación”.
La primera institución en personarse en el lugar del hallazgo fue la Fiscalía de Nuevo León, que abrió las averiguaciones previas 121/2012. Un día después, la entonces Procuraduría General de la República inició sus propias investigaciones, las averiguaciones previas PGR/NL/GPE-I/1479/D/2012.
A los cuatro años, el expediente de la FGR pasa a etapa de integración en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes con la denominación AP/PGR/SDHPDSC/UIDPM/M2/003/2016.
A su vez, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio que concluyó en la recomendación 8VG/2017, que se hizo pública el 17 de octubre de 2017. Entre las recomendaciones está la de que sea la instancia federal la que se haga cargo de toda la investigación por lo que la fiscalía de Nuevo León debe remitirle sus expedientes.
Este mandato se lleva a cabo el 3 de enero de 2018, según un comunicado de la Fiscalía de Nuevo León. Los documentos se entregaron en la sucursal de la colonia Cumbres de Monterrey y a partir de aquí se pierde su rastro. No llegarán a su destino en las oficinas de la fiscalía en la Ciudad de México.
“La paquetería no entregó dicho expediente y reportó posteriormente haberlo considerado como paquete abandonado, supuestamente por no encontrar al destinatario”, dijo la fiscalía de Nuevo León, que añadió que la FGR fue informada “de forma extraoficial” por parte de Redpack de la destrucción del expediente.
Según esta versión, la empresa sí trasladó el paquete de Monterrey a Ciudad de México y el problema fue que nadie en la fiscalía se presentó en las oficinas de Redpack a recogerlo.
Animal Político quiso conocer la versión de la FGR y de la empresa, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Con los expedientes desaparecidos, transcurre más de un año hasta que la comunicación entre fiscalía de Nuevo León y la FGR se reactiva. Así queda constatado en el oficio 1202/D.11.2019 de 22 de marzo de 2019 en el que, ante los requerimientos llegados desde la autoridad federal, Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal de Ministerio Público de la FGJE de Nuevo León, reconoce que las averiguaciones previas “y objetos relacionados” fueron entregados a Redpack y destruidos por alguno de sus empleados.
Dos meses después, el 18 de mayo, la FGR remite el oficio SDHPDSC-UIDPM-M2-198-2019 a Nuevo León para que se investigue el extravío del expediente. Seis días después, el 24 de mayo, la FGR recibe la reposición del archivo enviado desde Monterrey.
“Se hizo la reposición del mismo con las constancias certificadas que se encontraban como constancia del mismo”, dijo la fiscalía estatal.
El problema es que no hay modo de saber si lo que se envió en esta segunda ocasión es lo mismo que fue destruido o hay elementos que se han perdido para siempre.
Fuentes de la fiscalía de Nuevo León indicaron que existe respaldo digital de pruebas genéticas y autopsias y que el proceso de represión se realizó con constancia certificada y de acuerdo a los protocolos que establece la ley.
Esta explicación no convence a los representantes de las familias de las víctimas, que reiteran que la mención a los “objetos relacionados” de los oficios de FGE es relevante ya que refuerza la idea de que no solo se enviaron documentos, sino también pruebas físicas.
Fabbiane Cabaret, directora del área jurídica de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, asegura que en uno de los tomos de la investigación se señala que en el mismo paquete se incluyó la manta que apareció en el lugar en el que se hallaron los restos en 2012.
Se trata de una lona en la que Los Zetas se atribuyen los asesinatos. Días después en Zacatecas y San Luis Potosí aparecieron otras mantas en las que el mismo grupo delictivo se desligaba de la masacre. Sin embargo, una está perdida y las otras no se incluyeron en la causa, por lo que ya no sirven para encontrar a los culpables.
“De acuerdo al Ministerio Público, mandaron algunas copias de algunos tomos pero, efectivamente, nos lleva a la pregunta de cuáles son los respaldos. Es complicado pensar que ya no existe información sobre este paquete”, dice Cabaret, que recuerda que en Nuevo León había ministeriales encargados de la investigación y cree que su testimonio podría ser útil.
Desde que se extravía el expediente hasta que la FGR pide explicaciones pasa más de un año. En todo este tiempo ningún investigador se dio cuenta de que las pruebas obtenidas en el lugar de los hechos de la masacre se habían esfumado.
“Es difícil creer que esta pueda ser una situación accidental”, dice la abogada: “¿Por qué pasó (la destrucción del expediente)? ¿Por orden de quién? ¿Qué contenía el archivo?”
La fundación, que representa a nueve familias de víctimas, ha presentado una qujea ante la CNDH. En ella, califica los hechos de “violación grave a los derechos humanos”, por “haberse destruido intencionalmente información y evidencias trascendentales para la investigación”.
Advierten los quejosos que la destrucción del expediente impide “la realización de nuevos estudios”, argumentando que “las constancias y objetos relacionados eran de suma importancia para la continuidad de la investigación”. “La destrucción del expediente implicó borrar las evidencias recabadas durante esos años (de 2012 a 2018) e impedir la fiscalización y rendición de cuentas sobre las actuaciones del Ministerio Público. Representa una grave obstaculización a la justicia”, dice.
Con su queja, la Fundación pide que se abra una investigación y se tomen medidas cautelares.
Animal Político quiso conocer la opinión de la CNDH pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
Entre Cadereyta, Nuevo León y La Paz, en Honduras, hay más de 2 mil 400 kilómetros. Allá se encuentra José Dolores Suazo, hermano de Mauricio, una de las 17 víctimas identificadas. Dice que está dolido pero que sigue buscando justicia.
Su made murió poco después de que los restos de Mauricio llegaron a Honduras. Su padre falleció recientemente.
Ninguno de los dos llegó a ver quién pudo hacerle eso a su hijo, un hombre de 42 años que buscaba dar el salto a Estados Unidos a través de un México que se desangraba en la guerra iniciada por Felipe Calderón en 2006.
Nadie les ha dado una sola pista sobre quién o por qué le mataron junto a otras 48 personas.
“Estamos cansados y molestos, por la forma que hace el gobierno irresponsablemente con nosotros”, dice Suazo.
“No solo queremos que se haga justicia con nuestras familias, sino que el gobierno haga salvaguardas con los migrantes y que nunca más se vuelva a dar esta barbarie”.
