Desde el inicio de la pandemia el INM detiene diez veces menos migrantes que hace un año
La emergencia sanitaria por COVID-19 frenó la migración hacia Estados Unidos. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) a los que tuvo acceso Animal Político, el número de extranjeros detenidos por estar en situación irregular en México se desplomó desde el inicio de la crisis. En abril y lo que llevamos de mayo, la cifra de arrestados es hasta diez veces menor que la que se registró el año pasado.
En marzo, el INM detuvo a 7 mil 815 extranjeros, mientras que 12 mil 780 fueron arrestados en 2019. Esta tendencia se reforzó en abril, cuando fueron detenidos 2 mil 625 migrantes. Un año antes, 20 mil 551 personas habían sido interceptadas por agentes migratorios y conducidas a centros de detención. En lo que llevamos de mayo (el informe analiza hasta el 20 de este mes), el número de detenciones bajó hasta las mil 370.
Según fuentes del INM, estas estadísticas toman en cuenta tanto migrantes interceptados en controles establecidos en territorio mexicano como centroamericanos devueltos por Estados Unidos nada más ser detenidos en la frontera.
Las devoluciones exprés operan desde el 21 de marzo, cuando Donald Trump, aprovechando las medidas de protección contra el coronavirus, anunció que cerraría sus fronteras y devolvería a México o deportaría inmediatamente a todos los que fuesen arrestados tratando de cruzar. Desde entonces, el protocolo se ha renovado cada 30 días dentro de las medidas de cierre de la frontera por motivo de la pandemia de coronavirus.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador respondió que aceptaría no solo a sus conciudadanos, sino también a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños a los que recibe y encierra en estaciones migratorias antes de expulsarlos a sus países.
Animal Político documentó que estas personas fueron expulsadas por cuatro vías: deportándolas, abandonándolas en la frontera con Guatemala, liberándolas en la calle sin recursos y con la prohibición de regresar al norte o alojándolas en alguno de los pocos albergues de la sociedad civil que pudo recibirlas.
El número de solicitudes de refugio también cayó de forma drástica. Entre el 1 de abril y el 15 de mayo, mil 496 personas pidieron protección a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). Según explicó el comisionado Andrés Ramírez, el número de trámites para ser protegido por el estado mexicano cayó un 86% respecto al año pasado. Al contrario que otros países como Estados Unidos, México no suspendió el derecho a pedir asilo para las víctimas de la violencia.
La pandemia logra lo que no pudo la Guardia Nacional
La pandemia ha logrado lo que la estrategia de militarización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no había conseguido: frenar casi por completo el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos.
En enero, por ejemplo, México detuvo a 12 mil 890 migrantes, casi 5 mil más que los 8 mil 204 que detuvo un año atrás. Aquí la clave está en la diferente respuesta que tuvo el gobierno de López Obrador ante las caravanas que llegaron a la frontera sur. Mientras que en 2019 entregó más de 15 mil tarjetas de residente por motivos humanitarios en menos de diez días, un año después más de dos mil centroamericanos fueron detenidos, encerrados y deportados tras el intento de caravana que llegó a las fronteras de Chiapas y Tabasco.
En febrero, la tendencia ya fue a la baja y fueron detenidos 7 mil 947 personas, casi dos mil menos que las 10 mil 035 que el INM arrestó en 2019.
“El flujo se ha detenido casi por completo, ahora viene más desde Estados Unidos”, dice Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Esta ONG, junto con otros grupos como Imumi, Asylum Access, Alma Migrante AC o Sin Fronteras promovió diversos amparos para proteger a los migrantes en el contexto de la pandemia de COVID-19. Estas iniciativas legales se presentaron en juzgados de Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tijuana, Veracruz y Nuevo León, para solicitar a diversas autoridades que tomen las medidas de “acceso a la salud, a una estancia regular, a una vivienda digna, así como la suspensión de las detenciones migratorias, y la libertad de la personas detenidas en estaciones migratorias”.
A pesar de que seis de los amparos fueron aceptados, las organizaciones denunciaron recientemente que México no está dando cumplimiento a las órdenes judiciales. Según dijo Delgadillo, las autoridades no están informando sobre el paradero de las personas a las que detienen ni tampoco les están ofreciendo garantías de estancia, sino que las están deportando masivamente y sin siquiera hacerles pruebas para determinar si enfermaron de COVID-19.
Una de las peticiones formuladas por las ONG es saber cuántos centroamericanos fueron devueltos por Estados Unidos y cuál ha sido su paradero.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), informó de que en marzo fueron devueltos 6 mil 444 migrantes por el denominado Título 42, que faculta las deportaciones exprés, y en abril fueron expulsados 14 mil 416. Estas cifras engloban a mexicanos y centroamericanos.
El canciller Marcelo Ebrard dijo que calculaba que los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños son el 30% de estas expulsiones, por lo que entre marzo y abril serían unos 4 mil.
Según este dato, la mayor parte de los detenidos por el INM desde el inicio de la pandemia serían migrantes o solicitantes de asilo expulsados por Estados Unidos sin derecho a pedir protección o a tener un proceso migratorio en el norte.
El INM asegura también que ningún migrante se ha contagiado de COVID-19 en sus instalaciones. Sin embargo, cuatro menores guatemaltecos dieron positivo el pasado 7 de mayo tras ser repatriados desde México.
Las autoridades sanitarias guatemaltecas confirmaron a Animal Político que los cuatro, con edades entre los 16 y los 17 años, traían consigo un documento expedido por México en el que garantizaba que estaban asintomáticos. Una vez les realizaron la prueba se dieron cuenta de que se habían contagiado. Hasta el momento nadie ha aclarado si enfermaron en el trayecto desde la frontera hasta Quetzaltenango, el municipio guatemalteco al que se traslada a los menores no acompañados, o si fue en el tiempo en el que estuvieron bajo custodia del INM.
