“Muertas en vida ya estamos”: la pandemia agrava la precariedad de madres de desaparecidos
Como esa puerta ya no se abre, las mujeres pudieron colgar en todo lo ancho de la entrada de la Secretaría de Gobernación las fotos de sus familiares desaparecidos y los mensajes de que los devuelvan con vida, como se los llevaron. Enfrente, en una calle solitaria, sin tránsito, sin gente, armaron casas de campaña e instalaron un plantón que duró 12 días, en medio del silencio, sin más testigos de su protesta que los policías que resguardaban el edificio.
“¿Qué más da morirse en casa que venirse a morir aquí con la contingencia? Nos da lo mismo. De parto no nos vamos a morir, porque ya estamos viejas. Lo peor que nos pudo pasar, ya nos pasó. Muertas en vida ya estamos”, dice Margarita López Pérez, que lidera a un grupo de unas 20 madres de personas desaparecidas y que viajaron de Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Guanajuato y Michoacán.
Las mujeres, que iniciaron su protesta el 11 de mayo frente a una institución cerrada por la emergencia sanitaria, reclaman que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no les ha hecho entrega del apoyo de alimentación y vivienda desde el año pasado; otras señalan que no se ha cumplido el compromiso de que este organismo adelantaría el pago de tres meses de dicha ayuda económica.
Margarita López, integrante del colectivo Buscando Cuerpos, conformado principalmente por mujeres que rastrean fosas clandestinas, acusa que la pandemia de COVID-19 no sólo detuvo las labores de búsqueda de desaparecidos, sino que ha agravado la vulnerabilidad de las víctimas indirectas, pues muchas madres de familia se han quedo sin empleo y tampoco cuentan con la ayuda oficial para su manutención, establecida como obligación de Estado en la Ley General de Víctimas.
Además, en el plantón, al que cuando no le llovía le pegaba el sol ardiente, dice Margarita, había personas con enfermedades crónicas que las sitúan en mayor riesgo ante el nuevo coronavirus. Esa vulnerabilidad las forzó a levantar el plantón el pasado viernes, tras 12 días de protesta.
“Las autoridades se amparan con la contingencia, sí, pero las mamás se están muriendo de hambre”, critica Margarita López. “Todas las mamás padecen de enfermedades crónico-degenerativas desde el momento que les desaparecieron a sus hijos: la que no tiene presión arterial, es diabética; tenemos mamás que están siendo dialisadas y tenemos mamás con cáncer; yo misma tuve cáncer hace dos años, me sacaron la matriz porque tenía un tumor con cáncer y ahorita tengo un quiste en el ovario derecho. Porque es un estrés el que nosotras estamos viviendo; todas las madres necesitan atención psicológica y médica”.
“Por la contingencia suspendieron los pagos”, prosigue, “se habla de que les van a hacer el adelanto de tres meses, pero ni les han pagado los adelantos ni les han pagado lo anterior; ni una despensa les están llevando; andamos nosotras mismas recolectando medicamentos para las mamás que están muy enfermas, las que necesitan ser dialisadas; ya les suspendieron sus apoyos de CEAV, tenemos mamás que les suspendieron las quimioterapias, que se están muriendo, las están matando, y les vamos a fincar una responsabilidad, por comisión u omisión son responsables, porque su obligación es atender a esas madres de manera inmediata”.
La CEAV, encabezada por la comisionada Mara Gómez, anunció en abril que adelantaría tres meses la entrega de recursos para apoyo alimentario y alojamiento a las personas que hayan sido víctimas de delitos federales o de violaciones a sus derechos humanos y que estuvieran inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).
“El problema no es sólo de las mamás que están aquí; es un mal generalizado en todo el país, se nos están muriendo las mamás en todo el país: a las que no las matan, las están dejando morir por falta de medicamentos o de alimentos, se están muriendo de hambre, no tienen trabajo, hay mamás que se dedican a la costura, a vender cenas, a vender tortillas, a hacer el aseo, a lavar ropa ajena”, cuenta Margarita, madre de Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida en Oaxaca en 2011.
“Que nos digan cómo van a implementar la manera de pagarles a las mamás lo que por ley les corresponde, sus apoyos de alimentación”, añade. “Hay madres que no tienen para pagar la renta y que les estaban dando mes con mes anteriormente los apoyos, y de repente se los suspendieron desde junio del año pasado, y entonces ahorita nos dicen que no hay recursos”.
La CEAV explicó a Animal Político que las personas elegibles para el pago adelantado deben estar previamente registradas en el Renavi. Afirmó que el pasado 16 de mayo un grupo de médicos, psicólogos, asesores jurídicos y trabajadores sociales acudió al plantón para brindar atención médica y psicosocial a las manifestantes.
El área de comunicación social de la institución agregó que se inició el trámite para que 13 personas ingresaran al Renavi a fin de que reciban el apoyo económico; sin embargo, precisó que aún se les debe aplicar un estudio “de trabajo social” para determinar el monto de la ayuda con base en sus necesidades específicas.
Para Margarita López, esos trámites revictimizan a los familiares de personas desaparecidas, pues, mientras concluyen, éstas no cuentan con un sustento económico.
“Desde el momento que una víctima comparece ante una institución municipal, estatal o federal, desde ese momento ya se les debe dar la calidad de víctimas; sin embargo, les están exigiendo, indebidamente, una constancia de calidad de víctima, las están revictimizando, les están pidiendo que les hagan un estudio socioeconómico, les dicen que tienen que estar registradas con un número de Renavi”, acusa.
“La ley no habla de que tengan que hacer eso, ellos (las autoridades) han hecho sus protocolos, y sus protocolos y reglamentos están por debajo de la ley, entonces están violentando la ley, los derechos humanos de las víctimas y las están revictimizando, a las familias las tratan como víctimas de segunda y de tercera”.
“No tenemos ni qué comer en la casa”
Mirna Guadalupe Zapata Herrera señala con un dedo uno de sus ojos, arrasado por una catarata que ya le impide ver.
“Del tiempo que tengo de lo que me pasó con mis hijos estoy perdiendo la vista de este lado; allá, en Ciudad Victoria, me mandaron al hospital, pero, cuando se atravesó lo del virus, pues dijeron que hasta que se acabe (la pandemia). Y sí es muy importante, yo sí quiero que me ayuden de la vista, porque, imagínate que pierda un ojo, yo soy la única que anda buscando a mis hijos”, dice detrás de un tapabocas color negro.
Uno de sus hijos varones desapareció en diciembre de 2015, el otro en noviembre de 2016, ambos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, desde donde ahora viajó Mirna sin dinero, ayudada por otras madres que se cooperaron para pagarle un boleto de autobús.
Mirna, integrante del Colectivo Buscando Tus Huellas con Fe y Esperanza, es una de las víctimas indirectas que recién hizo el trámite para recibir el apoyo económico que otorga la CEAV.
“En el colectivo donde yo ando se cooperaron las demás personas para apoyarme con el pasaje para venir, porque, como yo todavía no tengo ese apoyo y todavía no me ayudan con nada, no tengo, entonces se cooperaron entre todas”, cuenta.
Mirna, de 45 años, repara en que no ha tenido trabajo debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.
“Yo trabajo de limpieza, yo soy ama de casa, pero ahorita, como está eso de la enfermedad, mi patrona me suspendió, me dijo que hasta que se quitara (la pandemia), pero pues me suspendió y no me pagó y no me paga, y yo ahorita tengo una niña de 17 años y uno de 6, son mis hijos, y sólo yo los mantengo. Ahorita me ayuda mi mamá, porque, como ella tiene apoyo de pensionados, ella es la que me ayuda, porque no me quiere dejar sola; dejé a mis hijos con ella”, relata.
Silvina Mellín Herrera, que también estuvo en el plantón, viajó desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, cargando con el mundo en sus hombros: su esposo, enfermo de glaucoma, que no puede trabajar; su hija mayor, que está desempleada; su otro hijo, que tiene apenas 13 años; y su nuera y sus dos nietos, hijos de su propio hijo, desaparecido hace siete años.
“Está todo parado, y en realidad nosotros no tenemos ni qué comer en nuestra casa, no sé ni cómo me voy a regresar ni qué es lo que sigue”, relata Silvina, de 45 años, que ha sido “rastreadora” en el colectivo Buscando Cuerpos y que también hizo apenas el trámite para ingresar al Renavi.
“Yo lavo y plancho, y ahorita no le quieren dar a una ningún tipo de trabajo por la pandemia, por que una entre a sus casas, o por que una vaya y venga, está todo de que no salgamos de casa; en el municipio (de Lázaro Cárdenas) llené unos documentos, que me iba a llegar una despensa, pero no ha llegado ya hace un mes, dijeron que tres meses nos lo iban a estar dando. Ya no vemos para cuándo esto se termine para hacer la vida normal, dedicarnos a lo que, poco o mucho, entra a la casa”, apremia.
Alma Miriam Ruiz, de 57 años, camina hasta una de las pancartas con imágenes de las personas desaparecidas y señala la cara de una mujer joven:
“Ella es mi hija”, dice. Desaparecida en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, sus tres hijos quedaron al cuidado de la abuela, Alma, aquí está, también con un tapabocas, alza el pie, lo muestra, está hinchado, y explica que es porque tiene la presión alta y su cuerpo acumula líquidos.
“Me echa la mano mi hijo y mi otra hija, sí me ayudan, y ahorita con lo de la pandemia dicen que no puede una ni salir, porque yo vendo ropa de segunda en los tianguis, pero también nos quitaron de andar en los tianguis en Ciudad Victoria, no tengo nada de chamba”, se lamenta.
-¿No le teme al coronavirus estando aquí?
-No -contesta-. Lo peor ya me pasó: haber perdido a mi hija.
