Pese a orden de Corte, hay nulo avance en observatorio para vigilar a la Guardia Nacional
En noviembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) le ordenó a México, como parte de la sentencia por el Caso Atenco, diseñar y poner en marcha un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de la entonces Policía Federal (PF), hoy Guardia Nacional.
Pero, a seis meses de que venza el plazo que la Corte fijó para cumplir con dicho observatorio ya que por ley las obligaciones de PF corresponden ahora a la Guardia, el avance es prácticamente nulo.
Así lo reveló en entrevista Stephanie Brewer, titular del área internacional del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), organización que participa en las mesas que coordina la Secretaría de Gobernación (Segob) para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana.
Dicha sentencia, explica Brewer, no solo fijó medidas para la reparación de las graves violaciones a los derechos humanos registradas en San Salvador Atenco en 2006, sino también obligaciones que debe acatar nuestro país para que hechos como la represión policial y la tortura no se repitan.
En varios de esos puntos existe algún grado de avance, pero en cuanto al tema de la implementación de este observatorio que fiscalizará las actividades de la Guardia Nacional no se ha avanzado siquiera en la definición de una ruta para que se materialice.
“Hasta la fecha no hemos tenido desafortunadamente una mesa de trabajo para poder avanzar en diseñar el observatorio y ver la ruta del cumplimiento. Esta medida no cuenta con avances, ni con acciones realizadas. No hay ruta marcada tampoco. No hay nada”, dijo.
Brewer dijo que el 4 de abril de 2019 se realizó una mesa interinstitucional con las distintas dependencias responsables de cumplir las medidas de la sentencia del caso Atenco, y uno de los acuerdos fue la realización de mesas especificas posteriores para el cumplimiento de cada uno de los puntos.
Sin embargo, la mesa destinada para el observatorio nunca se instaló. En diciembre del año pasado el Centro Prodh envió una comunicación oficial a Segob solicitando la instalación de esta mesa para iniciar los trabajos, pero no ha habido respuesta hasta la fecha.
La situación es preocupante porque ya transcurrió un año y medio de los dos que fijó de plazo la CIDH para cumplir con la sentencia, la cual México está obligado a acatar.
“Si hay voluntad política con el tiempo que queda sí se puede arrancar, pero hasta ahora no hemos visto materializada esta voluntad ni que se vea como prioridad. Y este es un proceso complejo porque requiere diseñar cuidadosamente un observatorio que funcione y que posiblemente tendrá que materializarse con una iniciativa legislativa”, dice Brewer.
Sobre este tema, Animal Político solicitó a la Segob – en su calidad de instancia coordinadora del cumplimiento de la sentencia – una postura oficial, pero hasta la publicación de esta nota no se había recibido respuesta.
Fiscalizar, un pendiente urgente
La CoIDH resolvió que nuestro país requiere algo que no existe hasta la fecha: una instancia independiente que permita darle un seguimiento cercano a las políticas sobre uso de la fuerza y rendición de cuentas de la hoy Guardia Nacional, y de la policía del estado de México. Instancia que debe contar, obligatoriamente, con la participación de la sociedad civil.
Se trata, en síntesis, de contar con mecanismos externos de supervisión de las fuerzas policiales que complementen a los órganos de control interno, con la finalidad de mejorar su desempeño y fortalecer el respeto a los derechos humanos.
Materializar este punto no se limita a organizar el observatorio sino a que el gobierno diseñe los sistemas de información que lo alimenten para una correcta evaluación de las fuerzas de seguridad.
Brewer explica que se trata de un órgano de fiscalización que en muchos países ha dado buenos resultados, pero que en México es un pendiente urgente desde hace tiempo.
“Si bien los hechos ocurridos en San Salvador Atenco son de mayo de 2006 hay una larga serie de ejemplos de ese año a la fecha que muestran que la problemática persiste y que la tortura ha continuado; son violencias que siguen vigentes y que requieren ser fiscalizadas para luego ser corregidas”, dijo la especialista.
Y añade: “México tiene deudas pendientes enormes en materia de regular y controlar el uso de la fuerza y en rendición de cuentas tratándose sobretodo de fuerzas de seguridad y durante muchos años tanto órganos internacionales como nacionales han llamado a que se creen organismos de fiscalización.
Aunque la sentencia de la Corte va dirigida exclusivamente a la entonces Policía Federal y del estado de México, el Centro Prodh considera que el observatorio que se diseñe puede replicarse hacia las fuerzas de seguridad de todos los niveles en México.
Urgencia mayor con GN y militarización
La sentencia de la CoIDH originalmente planteó la creación del observatorio para la Policía Federal, fuerza de seguridad que desapareció en el actual sexenio. Sin embargo, la obligación del Estado mexicano de ponerlo en marcha persiste y debe enfocarse en la Guardia Nacional.
Así lo confirma un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República que puede consultarse aquí, y que establece que la Ley de la Guardia Nacional es clara al señalar que esta asumirá los “objetivos, atribuciones y obligaciones” de la ya extinta Policía Federal.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Guardia Nacional es una policía civil por definición, sin embargo, en la realidad es una fuerza militar subordinada a un mando operativo castrense y donde más del 70 por ciento de sus integrantes pertenecen a las fuerzas armadas.
Además, bajo la subordinación y responsabilidad de la Guardia Nacional se encuentran las fuerzas armadas convencionales que, por orden presidencial, también colaboran ya oficialmente en tareas de seguridad pública.
Stephanie Brewer señala que este contexto de militarización de la seguridad pública vuelve aun mas urgente la necesidad de contar con un mecanismo de supervisión externa de sus actividades.
“Se debería estar supervisando desde ya a la Guardia desde su conformación. La evidencia ha probado que la militarización de la seguridad publica aumenta las violaciones a derechos humanos por lo cual hay que vigilar aun mas esto. Se vuelve aun más relevante la creación del Observatorio, dice la especialista del Centro Prodh.
Animal Político publicó el pasado viernes que las fuerzas armadas encabezan las denuncias por violaciones graves a derechos humanos del 2006 a la fecha. Tan solo en el tema de desapariciones forzadas, el 49 por ciento de las quejas corresponden al Ejército, mientras que el 30 por ciento se responsabiliza a la Marina.
