Hacienda retiene los recursos para atención a violencia contra mujeres indígenas
A pesar de que los servicios de atención a la violencia contra las mujeres fueron declarados “esenciales” durante la pandemia de COVID-19, a los que atienden a mujeres indígenas el gobierno los dejó sin dinero en plena contingencia.
Se trata de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs). Hay 35 en el país enfocadas sobre todo en dos vertientes: derechos sexuales y reproductivos, y prevención y atención de la violencia de género. Funcionan a través de subsidios del Programa de Derechos Indígenas, a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
La convocatoria para acceder a ese dinero se publicó desde inicios de año y estuvo vigente durante todo febrero. Las encargadas de las CAMI presentaron sus informes de actividades del año pasado y sus proyectos para seguir trabajando este año, con montos que van de los 350 mil pesos al millón y medio para las que ya tienen más tiempo y servicios. Los subsidios solían llegar en abril o mayo, aunque el año pasado ya se habían atrasado hasta junio.
Pero el pasado 3 de abril, el INPI publicó el aviso de que se suspendía la publicación de resultados y, por lo tanto, la entrega de dinero de todas las convocatorias del Programa de Derechos Indígenas. El argumento fue que no hay condiciones para los proyectos y para proteger a los beneficiarios, a pesar de que las CAMI ya están en marcha y algunas tienen casas temporales que sirven de refugio a mujeres originarias víctimas de violencia familiar.
“Se ha determinado posponer la publicación de los resultados relacionados con dichas Convocatorias, dada la imposibilidad de iniciar con la implementación de los proyectos que resulten aprobados y con la firme convicción de cuidar y proteger la salud de la población beneficiada perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que atiende este Instituto”, señaló el organismo en un comunicado.
“Dichos resultados se darán a conocer con posterioridad al día 30 de abril del presente año, o cuando las condiciones así lo permitan”, agregó.
Animal Político preguntó al INPI por esta situación, pero la respuesta fue que ya no está en sus manos: la Secretaría de Hacienda fue quien decidió reservar el dinero que estaba destinado a este programa para atender la contingencia por COVID-19.
Mujeres indígenas reclaman desprotección
Francisca de la Cruz, “Francis”, coordina la CAMI de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero, que fue una de las Casas de la Mujer Indígena pioneras, fundada en 2003. Cuenta que muchas veces reciben a adolescentes embarazadas porque su comunidad las rechaza, y ahí las reciben y atienden el último mes hasta que tienen a sus bebés, ya que uno de los servicios que dan es el de parteras tradicionales.
También dan albergue por unos días a quienes sufren violencia en el hogar; hace poco tuvieron a una mujer cuya situación era tan preocupante, que por seguridad la llevaron a un refugio para víctimas de violencia en Acapulco.
“La verdad yo he visto que la violencia no porque esté este problema se paró; no, día a día sigue. Pero veo que el gobierno le da prioridad a otras cosas y no le da prioridad a los problemas de las mujeres indígenas”, lamenta.
El pasado 24 de abril, la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena envió una carta al INPI —con copia a la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)— reclamando que se haya parado el proceso de resultados y entrega de recursos a la convocatoria para recibir subsidios, cuando el mismo gobierno ha advertido del aumento en la violencia de género durante el confinamiento en los hogares para prevenir contagios de COVID-19.
“Manifestamos nuestra gran preocupación puesto que como ya se ha visto, en todo el país la violencia contra las mujeres se ha incrementado y esto también está repercutiendo en las regiones indígenas. Son alarmantes los datos que día con día se publican sobre los feminicidios en el que también lamentablemente hay mujeres indígenas”, señaló.
Agregó que no solo tienen que seguir dando servicios durante la contingencia, sino que se ha incrementado la demanda, que resuelven como pueden dando asesorías por teléfono en lenguas originarias, y que también han tenido más partos porque los Centros de Salud están priorizando la atención de enfermedades del coronavirus.
“URGIMOS a que los recursos económicos que se deben destinar a las CAMI y que han sido autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año, se apliquen de manera inmediata, entendiendo que puede derivar atrasos por las medidas de contingencia aplicadas pero se debe garantizar que este recurso se asigne para continuar las actividades urgentes para atenuar la violencia que enfrentamos las mujeres indígenas en nuestras regiones”, pidió.
Pero hasta ahora, no ha habido respuesta positiva, sino todo lo contrario. De la Cruz dice que cada vez que pregunta, solo le contestan que espere. Ismerai Betanzos, activista y excoordinadora de Derechos Indígenas de la entonces Comisión de Pueblos Indígenas (CDI, ahora INPI), tiene varios reportes de directoras de otras casas a las que este viernes les llamaron para avisarles que no habrá dinero porque Hacienda decidió no entregarlo.
De por sí, el actual gobierno ha hecho recortes al presupuesto asignado al Programa de Derechos Indígenas, del que alrededor de una tercera parte se destina a las CAMI. En 2019, de 310.7 millones de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el monto se modificó a 212.3, un 32% menos. Y en el PEF 2020 se le asignaron 199.8 millones, lo que significa un recorte de otro 6%.
Mientras tanto, las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana están sobreviviendo como pueden, con lo que siempre guardan para operar los primeros meses del año, mientras se hace la nueva asignación, pero advierten de que si no se entrega el dinero destinado a su funcionamiento, corren el riesgo de cerrar.
