Solo un estado ha iniciado fiscalización en tiempo real para gastos de COVID-19
Una situación de emergencia como la que ha causado la pandemia de COVID-19 permite a los gobiernos federal y estatales hacer gastos extraordinarios y redistribuir presupuesto, pero hasta ahora, todos menos uno lo están haciendo sin una fiscalización también extraordinaria para garantizar que no haya irregularidades.
Las organizaciones civiles Transparencia Mexicana y Tojil advirtieron que tan solo en Sonora se iniciaron cuatro auditorías “en tiempo real”, y fue a solicitud del propio Poder Ejecutivo. En contraste, ni el Congreso de este estado ni del resto han pedido a los organismos de Auditoría que supervisen cómo se está gastando el dinero para hacer frente a la pandemia, lo cual es una de sus obligaciones.
Eso incluye a la Cámara de Diputados federal, que no ha solicitado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a pesar de que a ese nivel de gobierno se ha anunciado el gasto de más de 622 mil millones de pesos, que es más de 20 veces lo que se invirtió para reconstrucción tras los terremotos de 2017.
Esta posibilidad de auditar en tiempo real existe legalmente apenas desde 2016, gracias a una reforma a la Ley de Fiscalización Superior. Antes, las auditorías al gasto público se hacían dos años después, pero ahora se pueden solicitar en situaciones extraordinarias, como la actual.
“No es una obligación hacer una auditoría en tiempo real, pero con esa reforma rompimos el ciclo de anualidad, que así se llama técnicamente. ¿Eso qué quiere decir?, que antes teníamos que esperar dos años a que terminara el ejercicio de los recursos, y entonces lo que se hacía era un postmortem. Eso es lo que hacían las Auditorías, en el fondo, llegaban tarde. Entonces en 2016 se metió esta figura, que se llaman auditorías especiales, pero para que se entienda les decimos en tiempo real, porque es en el momento en el que necesitan y van en paralelo al gasto”, explicó en entrevista Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
Al no hacer la supervisión de gastos en estos momentos, hay dos opciones: una es que hasta 2021 se audite el correcto ejercicio del presupuesto o irregularidades en las contrataciones de bienes y servicios, a pesar de que ya han empezado a surgir polémicas, como por la compra de ventiladores respiratorios. Pero esto incluso podría no pasar, ya que las Auditorías no revisan el 100% del gasto del gobierno, sino que se elabora un programa de qué rubros o programas van a ser auditados, que tiene que ser aprobado por cada Congreso, y pueden decidir incluir o dejar fuera parte de lo que se está gastando.
Las organizaciones denunciaron que de entrada, 14 de los 33 órganos de fiscalización suspendieron labores justo por las medidas de distanciamiento social para prevenir contagios de COVID-19.
“En una pandemia, la fiscalización del gasto público, y especialmente la fiscalización en tiempo real es una actividad esencial para asegurar que los suministros lleguen a los hospitales, se evite la compra de bienes y servicios con sobreprecios o se desvíen recursos públicos escasos con fines político-electorales”, señalaron en un comunicado.
Sonora, la única con fiscalización
El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora ha sido el único que emprendió cuatro auditorías en tiempo real. La primera, a los Servicios de Salud.
“Propósito: Llevar a cabo la revisión por la adquisición de bienes, insumos y equipamiento destinado para garantizar la capacidad de atención médica a la población del estado, con motivo de contingencia sanitaria-epidemiológica por el Covid-19, para que se lleve a cabo de manera transparente y apegado a la normatividad aplicable”, señala la auditoría, iniciada el 26 de marzo de 2020, menos de un mes después de que se registrara el primer caso de enfermedad por el virus de SARS-CoV-2.
La segunda fue echada a andar el 2 de abril y es a la Secretaría de Desarrollo Social, para revisar los Programas de Apoyo Alimentario que se van a entregar por la contingencia. La tercera es a la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON) para evaluar el programa de apoyo emergente a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Y por último, al DIF de Hermosillo por el proceso de compra y entrega de despensas a población vulnerable en la capital del estado.
Estas auditorías fueron solicitadas por la gobernadora Claudia Pavlovich, el secretario de Salud Enrique Claussen y la directora del DIF local. Es decir, que el propio poder Ejecutivo pidió ser auditado, en lugar de que el Legislativo activara el mecanismo de supervisión del gasto.
Sonora es también una de las ahora seis entidades (la semana pasada eran solo cinco) que sí están haciendo públicas sus contrataciones, en su caso por casi 230 millones de pesos. Mientras que 26 estados y el gobierno federal no están transparentando los contratos que están otorgando para atender la pandemia de COVID-19, según lo detectado por Transparencia Mexicana y Tojil.
