El Ejército, con historial de quejas e investigaciones en su contra, y ahora con aval legal para seguridad pública
Una orden presidencial de Andrés Manuel López Obrador legaliza que el Ejército haga labores de seguridad pública durante los próximos cinco años.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es, por otra parte, la institución que más quejas ha recibido ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, según datos recabados por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La orden que regula el rol de los militares indica que el único control al que serán sometidos es el órgano interno de cada institución, lo que ha sido criticado por las ONG, porque consideran que facilita la impunidad.
Entre 2006, año en el que Felipe Calderón dio inicio a la denominada “guerra contra las drogas”, y 2019, la CNDH registró 386 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas que presuntamente fueron cometidas por las autoridades federales. Casi la mitad de ellas, el 47.9%, señalaba a Sedena, mientras que el 30% responsabilizaba a la Secretaría de Marina (Semar).
En este periodo, la CNDH emitió 20 recomendaciones. La mayoría de ellas estaban dirigidas a Sedena (6), Fiscalía (6 también) y Semar (5).
Desde que Calderón decidió militarizar la seguridad pública y sacar a los soldados a la calle se registraron más de 7 mil detenciones de civiles cada año, realizadas tanto por elementos de la Sedena como de Semar.
A su vez, el Ejército estuvo involucrado en casi 5 mil 500 enfrentamientos armados y la Marina en casi 400.
Según datos ofrecidos por la institución en una respuesta a una solicitud de información, en 2019 fueron desplegados 62 mil 954 militares, lo que rebasa las cifras de años anteriores. Anualmente desde el inicio de la “guerra al narcotráfico”, el promedio de elementos de Sedena desplegados era de 50 mil y el de Semar de 8 mil.
Entre 2006 y 2019 la CNDH recibió 20 quejas por ejecución sumaria o extrajudicial. De estas, doce señalaban al Ejército, seis a la Policía Federal, tres a la Procuraduría General de la República (actual Fiscalía), dos a la Marina y una a la Comisión Nacional de Seguridad.
La última fecha actualizada que ofreció Sedena sobre el número de muertos y heridos en enfrentamientos es 2014. Con ese corte habría 3 mil 907 presuntos agresores muertos desde 2007 y más de 3 mil puestos a disposición ministerial.
El Ejército también encabeza la lista de sentencias condenatorias por delito de homicidio cometido por servidor público. Un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) recoge 48 condenas y 18 absoluciones. De las que la institución logró obtener una versión pública digitalizada, 23 habían sido dictadas a elementos de la Sedena, 4 a la Semar y 11 a oficiales de la Policía Federal.
En relación a la tortura, la CNDH registró que casi la mitad de las 11 mil 500 quejas por torturas y trato cruel, inhumano y degradante estaban dirigidas al Ejército. Detrás de los militares, los más señalados eran Policía Federal, Fiscalía y Marina.
Estas quejas no se traducen después en investigaciones. La Fiscalía Especial para el Delito de Tortura dijo que tiene 4,655 expedientes desde 2015. De ellos solo 0.55% fue judicializado.
Nuevamente, el Ejército está a la cabeza en número de investigaciones sobre su personal, seguido de Semar, Pemex, INM, Policía Federal, Aduanas y prisiones.
Específicamente existen 1,609 investigaciones en contra de Sedena.
Desde su despliegue en junio de 2019 a diciembre de 2019, la Guardia Nacional ha sido señalada en 49 quejas como autoridad presuntamente responsable de cometer violaciones de derechos humanos, de las cuales 7 se refieren a actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.
Por su parte, López Obrador defendió su decisión y aseguró que se trata de un mero trámite, que el despliegue del Ejército durante toda su legislatura ya estaba contemplado en la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional.
“Necesitamos del profesionalismo de la Marina y el Ejercito para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia. “No quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, sería un rotundo fracaso; por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar al país, voy a seguir insistiendo que nos deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública. Estoy convencido de que es necesario y, como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo”, afirmó.
En opinión del mandatario, las críticas a la medida vienen por “desinformación” o “mala fe”.
Desde la sociedad civil, sin embargo, se multiplican los pronunciamientos contrarios a la última decisión presidencial.
“Ni Calderón ni Peña se atrevieron a esto. Supone la entrega de la división de poderes entre lo civil y militar y la entrega de poder a los militares”, dijo José Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH. “Mintió a los votantes de que iba a ser distinto cuando criticó la politica militarizante”, dijo.
Desde el Centro Pro de Derechos Humanos, Luis Tapia consideró que la decisión presidencial puede tener un punto positivo, que es el de la seguridad jurídica, pero también puede normalizar la presencia de los soldados en las calles.
Recordó Tapia que, además de todas las quejas registradas, la CNDH tiene presentadas impugnaciones contra la Ley Nacional de Guardia Nacional, Ley Nacional Registro de Detenciones y Ley Nacional sobre el uso de la fuerza.
“Están en la Suprema Corte y tienen que ser resueltas por el pleno. Hay condiciones para que esto suceda y sería un momento propicio”, afirmó.
