26 centros de investigación sobrevivirán 2020 con una cuarta parte de su presupuesto
Ante el recorte del 75% de presupuesto para materiales y suministros y para servicios generales, ordenado por el gobierno federal para hacer frente a la crisis por COVID-19, el Instituto de Ecología (Inecol) tiene clara su prioridad: pagar el agua para seguir regando plantas y la electricidad para mantener aires acondicionados y deshumificadores.
Podría sonar muy básico, pero es que el poco presupuesto no va a alcanzar para hacer nuevo trabajo de campo, sino apenas para mantener el Jardín Botánico de la sede en Xalapa, Veracruz, catalogado como uno de los 10 más bonitos de Norteamérica, y los herbarios de Xalapa y de Pátzcuaro, Michoacán, que tienen 40 años y forman el segundo acervo vegetal más grande del país, después del Herbario Nacional.
“Obviamente nos pega muchísimo porque la esencia del Instituto de Ecología es ir al campo, ir a tomar datos de campo, ir a tomar especímenes, a hacer experimentos fuera, y no podemos hacer ecología desde Google Earth”, lamenta su director, Miguel Rubio.
Como el Inecol, los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) están viendo comprometida su capacidad de operar durante el resto del año con solo una cuarta parte del dinero que tenían presupuestado para ello.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 asignó originalmente 6 mil millones de pesos a los CPI. El gasto para estas instituciones se divide en cuatro capítulos: el 1000 es Servicios Personales, el 2000 es Materiales y Suministros, el 3000 es Servicios generales, y el 4000 de Transferencias, asignaciones y subsidios.
Del 1000 salen los salarios de investigadores y personal, y del 4000 las becas para estudiantes y científicos en formación. En ellos está la mayor cantidad de presupuesto asignado: casi 5 mil millones este año.
Mientras que el 2000 y 3000 son para la operación general, que en 2020 fue de mil 315 millones de pesos, es decir, el 21.6% de su presupuesto total.
Durante el primer trimestre, los Centros ejercieron 322 millones, pero con el recorte de 75% ordenado el pasado 21 de abril, les quedan para el resto del año alrededor de 200 millones de pesos para operación. Menos de lo que se va a repartir en condecoraciones a personal médico por atender el COVID-19.
Rubio, director del Inecol, agradece que la partida de salarios no se haya tocado y asegura que aun sin ir a campo, los investigadores están siendo muy productivos desde casa trabajando en análisis de muchos datos que se tenían guardados, pero que eso solo se mantendrá en el corto plazo.
Además, con todo y que no han ido a las oficinas desde hace dos meses por la cuarentena, el consumo eléctrico, por ejemplo, solo bajó 20%, por lo que no tiene mucho margen para hacer más recortes.
“Como comentó el director del CIDE, es una situación absolutamente inédita, nunca en la historia de este país se había hecho un recorte tan grande al Estado, y nos pone en una situación, como dice, de economía de guerra. Yo como biólogo lo veo desde una perspectiva ecológica: lo que tenemos que hacer como institución es adoptar una forma que nos permita sobrellevar la crisis, ya sea una semilla, una espora, un quiste, el bicho que elijas, y mantener las actividades absolutamente esenciales para procurar que la institución sobreviva, tanto la epidemia como la crisis económica, y procurar que sea viable a mediano plazo. Estoy hablando de procurar llegar por lo menos a fin de año”, comenta.
El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, señala en entrevista con Animal Político que es como que llegue un jefe o una jefa de familia a su casa y anuncie que a partir de ahora habrá 75% menos de dinero: hay gastos que no se pueden evitar, como pagar el predial, agua, luz, limpieza, mantenimiento, por lo que otros servicios y bienes simplemente ya no podrán comprarse.
“En el caso concreto del CIDE vamos a dejar de imprimir libros y publicaciones, vamos a tener que dejar de adquirir servicios de información, que son centrales para la investigación, vamos a tener que reducir a su mínima expresión los mantenimientos de las instalaciones, no vamos a poder adquirir cierto software especializado. Digamos, va a alterar la vida cotidiana de la institución por el resto del año”, detalló.
Algunos de esos puntos son más graves de lo que parecen: por ejemplo, dejar de pagar la suscripción a bases de datos o revistas especializadas significa que toda la colección se pierde, y que por meses los investigadores no tendrán cierta información.
“Pero hay otros Centros que todavía están en situación más delicada, porque requieren laboratorios especializados, requieren darle mantenimiento a los microscopios, a los congeladores donde tienen muestras, o al uso de reactivos y material muy especializado. Ellos van a tener una afectación mayor que el CIDE, se pueden suspender investigaciones que lleven años o meses de estarse desarrollando y que se van a tener que suspender por falta de recursos. Entonces es comprometer el largo plazo por el corto plazo”, sentenció.
En su caso, el presupuesto para operación era alrededor de 93 millones, el 24.7% de su presupuesto total de la institución, que con el recorte aplicado en el periodo mayo a diciembre, son como 40 millones de pesos menos. López Ayllón pide poner eso en el contexto del total que tiene el gobierno en los capítulos 2000 y 3000: después del primer trimestre del año, quedaban alrededor de 500 mil millones de pesos, por lo que lo que se ahorra en Centros de Investigación es mínimo.
Por ello, el Conacyt está en diálogos con la Secretaría de Hacienda para que se revise el recorte a los CPI, ya que sus gastos de operación no son iguales a los del resto de dependencias de gobierno, debido a la labor que hacen por el conocimiento. Los directores consultados comentaron que el recorte ya se aplicó, pero están en espera de que se logre una negociación que revise caso por caso las prioridades de cada Centro de Investigación para que queden protegidas.
“Hay que dejar en claro que no se trata de una cuestión política, no se trata de estar o no estar de acuerdo con la política de austeridad, cosa con la que personalmente por supuesto estoy de acuerdo, el uso correcto de los recursos públicos es una obligación y no está en duda, lo que sí es preocupante es que se pretenda aplicar una política a rajatabla sin evaluar la situación de cada entidad y sin tomar en cuenta la historia de cada uno”, comentó Rubio.
