AMLO asegura que hay un programa de protección a mujeres, pero en gobierno no detallan cuál es
En la conferencia matutina del jueves 7 de mayo, tras las críticas porque un día antes negó el aumento de la violencia contra las mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó los cuestionamientos y dijo que tiene la conciencia tranquila porque “hay un programa amplio de protección a las mujeres”. Pero no especificó a qué programa se refería ni dio más detalles en su respuesta sobre el tema de la violencia machista, que duró tan solo un minuto.
“Nosotros protegemos a todos, le damos atención preferente a los pobres y desde luego que protegemos a las mujeres, hay un programa amplio de protección a las mujeres, estamos en contra de la violencia que se lleva a cabo contra mujeres, el feminicidio, constantemente estamos trabajado en eso”, dijo el mandatario.
Animal Político pidió a la vocería de Presidencia aclarar la información, pero no hubo respuesta. Comunicación Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) comentó que el presidente se refería a todas las acciones que realiza el gobierno en esta materia. Y la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que solo se dará información sobre el tema de violencia de género el día 25 de cada mes. Esto a pesar de que se le hizo ver que cada día hay 3 mil 720 llamadas de mujeres pidiendo ayuda al 911.
Apenas un día antes, activistas denunciaron la falta de políticas públicas del actual gobierno para atender la problemática, ya que ni siquiera se han publicado los planes sexenales que legalmente está obligado a crear, de acuerdo con lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo: el Programa Nacional por una Vida sin Violencia (Pronavi) y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) 2019-2024.
Aunque estos Programas específicos se suelen publicar en el primer año de gobierno (en el sexenio pasado el Proigualdad salió a los seis meses de iniciar la administración), este lleva ya un año y medio de retraso. El Inmujeres informó en noviembre de 2019 que había concluido el proceso de consultas ciudadanas para la redacción del Proigualdad, en las que participaron 400 personas, pero seis meses después, aún no hay fecha para su publicación.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, señaló en entrevista que es grave que quedan cuatro años y medio de gobierno, lo cual no es tiempo suficiente para sentar bases de una política de Estado, y además esos programas tienen que ser replicados en los estados, pero sin el Plan Nacional, no tienen una directriz para crear sus propios programas.
“El tema de estos programas es que no solamente son un deber legal, sino también que al momento que se publican en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se convierten en política pública sujeta a identificación de presupuestos. Es decir, mientras haya acciones aisladas puede estar bien, pero no hay una política de Estado para prevenir las violencias contra las mujeres y para promover la igualdad”, comentó.
“¿Qué implica además de que no tenga presupuesto? La otra cosa es que cuando las instancias del Estado tienen que ir a rendir cuentas al Congreso, el Congreso no tiene elementos cuantitativos para preguntar. Por ejemplo, cómo están cumpliéndose los objetivos de los programas, o qué resultado está dando el etiquetamiento de ese dinero. Entonces no solamente es algo del ámbito del Ejecutivo, sino que luego se traslada al Legislativo porque si no hay programa, no hay materia para dar seguimiento”.
Otro ejemplo es que el 6 de marzo de 2019, López Obrador presentó también en su conferencia matutina un “Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México”. Sin embargo, es una presentación de 10 páginas con ilustraciones que nunca apareció en el DOF.
“Tendría que estar publicado en el Diario Oficial porque si no, no es otra cosa más que un powerpoint. En cambio cuando está en el DOF, cambia y se convierte en una política pública sujeta de presupuesto, de seguimiento y de entender cuáles son las obligaciones de las Secretarías de Estado que tienen que participar en la ejecución de ese plan, porque ese plan emergente, hay una parte preventiva y una parte de atención que no solamente es del Instituto Nacional de las Mujeres, hay participación de más organismos públicos que hoy no conocen sus obligaciones porque no está publicado”, subrayó.
Renaum lamentó la enorme contradicción que parece haber en este gobierno en cuanto a atención a las mujeres, ya que reconoció que las titulares de Inmujeres y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Nadine Gasman y Candelaria Ochoa, son personas muy preparadas en el tema, “feministas de toda la vida”, y quizá nunca se había visto que el gobierno tuviera en esos cargos a mujeres que sean tan grandes aliadas de las causas feministas, y sin embargo, las políticas que les toca desarrollar, no están.
Otra política que este gobierno prometió impulsar es la estrategia de Puertas Violetas, que son el mismo modelo de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia creado por la sociedad civil, y se adoptó a partir de marzo del año pasado cuando López Obrador dio la orden de no seguir dando dinero a asociaciones civiles y dijo que el gobierno tenía que asumir esa tarea.
Hasta antes de empezar la pandemia, según informó a Animal Político la responsable, Alicia Leal, solo se habían abierto en cuatro entidades: en Nicolás Romero, Estado de México; San Luis Potosí en la capital; en Puruándiro, Michoacán; y nueve en varios municipios de Nuevo León, aunque algunos de estos ya existían previamente, de la asociación Alternativas Pacíficas.
La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, y de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, lamentaron en conferencia de prensa el miércoles que la atención a la violencia de género ha sido política de gobierno pero no de Estado, es decir, que no se han creado sexenio tras sexenio acciones a las que se les dé seguimiento. Reneaum recordó que México tiene una sanción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso “Campo Algodonero”, sobre las llamadas muertas de Juárez, por no cumplir su obligación de prevenir los feminicidios.
Agregó que durante 15 años solo se han fomentado las políticas punitivas, es decir, aumentar el catálogo de delitos o las penas, como el incremento reciente de 5 años de cárcel al feminicidio, pero no se hacen políticas de prevención. Las acciones han resultado fallidas porque no han disminuido las agresiones contra mujeres, y por eso, concluyó, actualmente con el confinamiento para controlar la pandemia de COVID-19 las mujeres no están seguras en sus casas.
