Organizaciones piden frenar obras del Tren Maya por COVID-19; acusan que no es una actividad esencial
Decenas de organizaciones, colectivos y activistas piden al presidente de México respetar la decisión de las comunidades y frenar los trabajos del Tren Maya ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
En una carta dirigida al Ejecutivo Federal, califican como preocupante el que la construcción del Tren Maya continúe a pesar de no ser una actividad esencial.
El pasado 6 de abril el gobierno publicó un acuerdo que establece que todas las actividades de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el gobierno federal deberán continuar.
Así fue que la construcción del Tren Maya y otros proyectos del presidente López Obrador (Dos Bocas y Aeropuerto Felipe Ángeles) pudieron seguir, a pesar de que las autoridades de Salud pidieron suspender todas las actividades no esenciales.
Las organizaciones y activistas argumentan que esta decisión “pone en riesgo
la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras, así como de la población, mayoritariamente indígena”.
Esto, a pesar de que el mismo gobierno resaltó la importancia de mantener la cuarentena y evitar toda aquella actividad que no sea indispensable para la subsistencia de las personas.
Señalan que el continuar con las obras genera un estado de indefensión para las personas y comunidades que manifestaron su rechazo u oposición al proyecto.
“Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura
para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores”, refieren.
Y como prueba de la oposición mencionan la orden de suspensión por parte de un Juez Federal que se consiguió tras un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria.
Consulta no se apegó a la normatividad
Las organizaciones también acusan las irregularidades y opacidad que han habido en el proyecto.
“Hay ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas afectadas”.
Incluso cuestionan las consultas hechas en diciembre pasado por el gobierno federal a las comunidades indígenas afectadas por el proyecto.
Aseguran que dicho proceso participativo “no se apegó a los mínimos establecidos por la normatividad internacional”, principalmente lo
establecido por el Convenio 169 de la OIT de consultas indígenas.
Y que incluso fue la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que se cumplieron con todos los estándares internacionales en la materia.
Acusan que hasta la fecha, el gobierno de México no ha garantizado el
acceso a la información sobre posibles daños ambientales, ni asegurado el derecho a la participación pública en la toma de decisiones, a pesar de ser algo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Califican como preocupante que el argumento principal para continuar con la obras sea el detonar el desarrollo de la Península, cuando ni siquiera existe un proyecto definido, ni información que compruebe que el Tren Maya beneficiará a las comunidades rurales e indígenas de la península.
“Hasta el momento hay información de que éste beneficiará preferentemente a empresarios de la construcción y del turismo, generando despojo del
territorio para las comunidades, desalojo de la población y si acaso generaría empleos precarios, mal pagados y sin garantías de seguridad social”, añaden.
Ante este contexto, las organizaciones y activistas piden al presidente López Obrador suspender la construcción del Tren Maya y, después de la contingencia, iniciar un proceso de diálogo real, serio, informado y
equitativo sobre el proyecto.
Así como respetar la participación y la libre determinación de las comunidades afectadas por su construcción.
“Continuar este proyecto en las actuales circunstancias, representa una grave vulneración a los derechos humanos de las comunidades afectadas y de la población en general”.
Para finalizar piden a las a las Relatoras Especiales sobre Pueblos Indígenas que exhorten al Estado mexicano a que cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales y garantice los derechos fundamentales de las comunidades indígenas afectadas, empezando por el derecho a la salud, el que está en riesgo de continuarse la construcción de proyecto en las actuales circunstancias.
La carta está firmada por 194 organizaciones y 60 activistas.
A continuación la carta completa:
