México detuvo arbitrariamente a dos migrantes y debe pagarles una indemnización: ONU
José de la Paz Ferman Cruz, de 58 años, huyó de Anamorós, departamento de La Unión, en El Salvador en 2015. “Me perseguían para matarme. Mataron a mi madre y violaron a mi hija de doce años”, dice. Apenas había puesto un pie en México cuando fue arrestado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que lo encerraron en la estación migratoria Siglo XXI. Pidió protección a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y permaneció en cautividad durante casi un año. Ahora el grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria considera que el salvadoreño fue víctima de una detención inmotivada y pide a México una reparación del daño, así como una indemnización.
El grupo de trabajo sobre detención arbitraria, adscrito al Consejo de Derechos Humanos, emitió el 18 de febrero la opinión A/HRC/WGAD/2019/54 en relación a las quejas de dos extranjeros detenidos en México. Se trata del salvadoreño Ferman Cruz y de un ciudadano ruso, Aren Boyazhyan, detenido en Tijuana en 2013.
En ambos casos los expertos de la ONU consideran que se produjo una detención arbitraria, por lo que instan a México a conceder “el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
“El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los Sres. Ferman Cruz y Boyazhyan y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, dice el documento.
“Tendría que ser un mensaje para reevaluar la política migratoria”, dijo Simón Hernández, académico de la Ibero en Puebla y el abogado que ha defendido el caso. Se trata de la primera vez que la ONU califica como “detención arbitraria” un arresto administrativo contra un migrante.
La opinión del grupo de trabajo no es vinculante jurídicamente, explica Hernández. Sin embargo, destaca que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al contrario que sus antecesores, ha cumplido con las recomendaciones llegadas desde instituciones internacionales.
Animal Político consultó con el INM y la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
Esta recomendación viene en un momento de tensión en las estaciones migratorias. La pandemia por COVID-19 ha provocado el cierre de fronteras en Centroamérica, lo que impide que México pueda deportar a quien se encuentra en situación irregular. Al mismo tiempo, se han registrado motines en centros de detención de Sonora y Tabasco. En este último, un solicitante de asilo de origen guatemalteco murió asfixiado después de que los internos prendiesen fuego a unos colchones para denunciar su situación.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido diversas recomendaciones para poner fin al hacinamiento y ha denunciado que instalaciones como la de Tenosique, Tabasco, no cumplían con los derechos humanos. Además, instituciones como Acnur, Médicos Sin Fronteras o Amnistía Internacional han solicitado la libertad de los migrantes que se encuentran en detención administrativa, especialmente en un contexto de pandemia en el que el hacinamiento incrementa el riesgo de contagio.
Denuncias de malos tratos en el centro de detención
Relata Ferman Cruz es un agricultor salvadoreño que no fue a la escuela, que nunca aprendió a leer y que ahora está convertido en pastor. Explica en entrevista telefónica que sus problemas comenzaron por una propiedad que le vendió su madre. “Me hice enemigos”, dice.
Entre 1980 y 2000, el hombre había vivido en Los Ángeles y Miami, en Estados Unidos. Es decir, que estuvo fuera durante todo el periodo de la guerra civil, de su país que se extendió entre 1980 y 1992. Con el inicio del siglo, dice que recibió “la llamada de Dios al ministerio” y regresó a su país para levantar la Iglesia Restauración Genice. Allí se hubiese quedado de no ser porque su vida corría peligro.
El 10 de octubre de 2015, Ferman Cruz entró en México. Un día después fue arrestado por el INM en Tapachula. Denuncia las condiciones en las que estaban encerrados los migrantes, en pleno operativo Plan Frontera Sur, aquella iniciativa con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiso contentar al gobierno de Barack Obama y frenar el flujo migratorio hacia el norte. Algo similar a las políticas implementadas actualmente por López Obrador tras su acuerdo con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
El salvadoreño denuncia las malas condiciones en las que se encontraba en el centro de detención, tanto en Tapachula como en Ciudad de México.
“Apenas te dan de comer, en las celdas hay demasiada gente, uno tiene que estar sentado”, relata.
Según su explicación, él solicitó asilo a la Comar, lo que impedía que fuera deportado. Sin embargo, durante todo el tiempo sufrió presiones para que firmase su devolución voluntaria.
“Está pensado para destruir al migrante. La gente está sufriendo. Lo regañan, lo tratan mal, lo pegan”, dijo.
Durante más de un año, entre el 11 de octubre de 2015 y el 8 de noviembre de 2016, Ferman Cruz estuvo peleando su libertad. En este período, según su relato, fueron continuas las amenazas y represalias por parte de funcionarios del INM.
“Fue crítico. Estaba con puras amenazas de que me iban a matar. Querían que firmara deportación, pero si llegaba a El Salvador no contaba con vida”, dice.
Después de varios amparos y de solicitar su condición de refugiado insistentemente, el salvadoreño obtuvo su libertad tras recibir un oficio de Comar. “No obstante, no se ha reconocido la arbitrariedad de la detención ni las irregularidades en el proceso”, alegan sus abogados.
Intento de deportación pese a ser solicitante de asilo
El caso de Aren Boyazhyan es distinto, aunque tiene las mismas consecuencias. El hombre es originario de Sebastopol, en Crimea, territorio en disputa actualmente bajo administración rusa pero que Ucrania no reconoce. En 2013 se mudó a México para vivir con su pareja y entró con visa de turista, por lo que se encontraba en situación irregular. El 16 de marzo de 2016, agentes del INM irrumpieron en su domicilio en Tijuana, Baja California, y lo arrestaron por no tener papeles. A pesar de ser solicitante de asilo y, por lo tanto, no expulsable, tuvo varios intentos de deportación que él eludió negándose a subir al avión. El 1 de diciembre de 2019 fue reconocido como “apátrida” y recibió la protección de Comar.
Su defensa denunció un proceso sin garantías en el que ni siquiera se tomó en cuenta que apenas hablaba español y malos tratos por parte de funcionarios del INM.
En sus alegaciones ante el procedimiento extraconvencional del sistema ONU, el gobierno mexicano defendió la actuación de sus instituciones. “Teniendo en cuenta que la presentación y alojamiento de los Sres. Ferman Cruz y Boyazhyan se dio en virtud de una base legal, al no contar con documentos que acreditaran su estancia regular en territorio, así como que la misma era necesaria, proporcional y razonable, y que incluso ambos peticionarios se encuentran en libertad, el Gobierno solicita que la detención sea considerada como no arbitraria”, dijo.
“La Constitución establece que las detenciones administrativas no podrán exceder de 36 horas. Sin embargo, la medida de alojamiento prevista en la ley puede ser por 15 días o prolongarse, bajo ciertos supuestos, hasta por 60 días o de forma indefinida. Se reclama que la suspensión del procedimiento migratorio implique la prolongación de la detención, sin estar sujeta a un plazo máximo ni a salvaguardas como la revisión periódica”, argumentaron los abogados de los dos migrantes.
Los razonamientos del gobierno mexicano no convencieron a la institución internacional.
“Solicitar asilo no es delito”
“El tema clave a ser analizado en el presente caso es el régimen de privación administrativa de la libertad de las personas migrantes”, dicen los expertos de la ONU. Es decir, que al margen de los dos casos particulares, estos sirven también para analizar la problemático en su conjunto.
“El Grupo de Trabajo recuerda que las personas migrantes no deben ser privadas de su libertad de manera automática y obligatoria, mientras que cualquier privación de la libertad, que excepcionalmente se vaya a imponer, debe estar limitada en el tiempo sin prolongaciones innecesarias. Además, toda detención migratoria debe estar sujeta a revisión periódica y a una supervisión judicial adecuada2. En el presente caso, la forma en que se produjo la detención de las dos personas migrantes demuestra que no se tuvo debidamente en cuenta ninguna alternativa a la privación de la libertad, por lo que la misma fue impuesta de manera obligatoria”, indica.
“El Grupo de Trabajo ha encontrado que la única razón por la que los Sres. Ferman Cruz y Boyazhyan fueron detenidos es por su estatus migratorio y por solicitar protección de conformidad con la ley. En efecto, sus acciones se basaron en intentar disfrutar de sus derechos, como el de solicitar asilo, reflejado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo ha afirmado reiteradamente que solicitar asilo no es un delito y no puede ser el único motivo de privación de libertad”, reitera.
De este modo, el procedimiento extraconvencional del sistema ONU consideró que ambos extranjeros fueron víctimas de detención arbitraria. Por eso, instaron al gobierno a compensarles y a pagar una indemnización.
Además, solicitó al gobierno que “lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los Sres. Ferman Cruz y Boyazhyan y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”. Por último, remitirá el caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.
Ahora, México deberá decir, a través de la secretaría de Relaciones Exteriores, si acepta las recomendaciones. En caso de que así sea, las dos personas deberían pasar a la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, que sería la encargada de gestionar sus trámites. Además, también existen amparos en la justicia ordinaria.
“Esto tiene un impacto significativo”, dijo Simón Hernández, que destacó que la opinión se centra en “lo que ocurre en las estaciones migratorias”. En su opinión, decisiones como esta deberían impactar en las políticas del gobierno. “Por un lado habla de derechos humanos pero por otro está deteniendo, deportando, encerrando a menores y separando a familias”, dijo.
Ferman Cruz, por su parte, se mostró cauto. Por un lado, aseguró estar satisfecho de que una institución internacional le de la razón. Pero, por otra, afirmó que sigue sin sentirse seguro en México, ya que las amenazas siguieron a pesar de haber abandonado la estación migratoria.
