Andrés se dirigía hacia su trabajo a como médico residente en el hospital Balbuena cuando notó que algo no iba bien. Como siempre, se subió en la combi en dirección a San Lázaro. Ya en el interior percibió que, a su alrededor, un grupo de mujeres cuchicheaba entre sí. Hablaban de él. Y no amistosamente.
Primero le invitaron a bajarse del transporte, argumentando que “podía contagiarlas”.
“Bájese, nos va a contagiar a todas”, le dijeron.
La situación se tensó rápidamente.
“Una de ellas me empezó a jalonear y yo solicité mi parada para evitar altercados. Prácticamente me bajaron de la combi”, dice Andrés, que prefiere no dar su verdadero nombre para evitar problemas.
“Es triste y se siente frustración. Después de aquel día nos enteramos de que otros compañeros estaban siendo discriminados, que no les rentaban casas o que los bajaban del autobús”, explica.
“No sé qué creen que ganan con agredirnos. Nosotros somos los que les vamos a curar”, se queja.
Desde aquel día, el hospital les dio una instrucción: ir a trabajar “vestidos de civil” para evitar agresiones.
En medio de la pandemia, la bata blanca es símbolo de admiración en buenas partes del mundo. Son la resistencia contra el virus, las mujeres y hombres que, con medios escasos, se enfrentan al virus todos los días. En Estados Unidos, Italia o España, miles de ciudadanos muestran su apoyo al personal sanitario con aplausos colectivos desde sus balcones, ya que no pueden salir de casa debido al confinamiento.
En México, sin embargo, se han incrementado las agresiones. Llevar el uniforme blanco puede ser motivo para que te bajen de un transporte público o te impidan el paso a un establecimiento comercial. Hay miedo al contagio y los sanitarios corren el riesgo de ser estigmatizados. Aunque, al menos por ahora, hay más casos denunciados en medios y redes sociales que en las instituciones.
En el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hay registro únicamente de dos quejas sobre temas relacionados a exclusión de sanitarios a causa de la pandemia.
Se trata de una enfermera de Puebla que denunció que no le habían permitido acceder al transporte público y otra sanitaria quejosa de sus propios compañeros que le habían discriminado porque ella era la que atendía a las personas enfermas de COVID-19.
Son pocas denuncias en relación al total de 86 quejas que la institución tiene registradas en relación a la pandemia. La mayor parte de las reclamaciones son por obligar a trabajar a personas en condición de riesgo por tener enfermedades previas, o personas que tuvieron que acudir a su puesto presencial en lugar de quedarse en casa como recomiendan las autoridades sanitarias.
“El miedo, la desinformación y la desconfianza es lo que provoca esto. Las personas piensan que el personal no está suficientemente entrenado para guardar las medidas higiénicas y creen que son objeto de contagio en sí mismo”, dijo Mónica Maccise, titular del Conapred.
Recordó Maccise que este fenómeno se dio con las personas de rasgos asiáticos al inicio de la pandemia, cuando el primer brote tuvo lugar en la provincia china de Wuhan.
“La gente se alejaba y tuvimos información de que les cancelaban los Uber”, dijo.
Ante el miedo al contagio, Maccise explicó que “con las personas con bata blanca lo que tienes que hacer es guardar la sana distancia. No tienes que atacarlo, sino reconocerlo y validarlo”.
“Estas personas son las que van a salvarnos la vida”, dijo. Por ello, hizo un llamado a las víctimas a denunciar estos hechos, recordando que la institución que dirige puede actuar, bien por medio de comunicados o por medio de oficios, para intentar poner fin a las discriminaciones.
De esa sensación de ser observado con sospecha sabe bien Víctor, dueño de un servicio de ambulancias en la Ciudad de México con siete empleados a su cargo.
“Llegas de repente a un comercio y como te ven uniformado y con la ambulancia las personas que están adentro te cierran. Nosotros nos discutimos. La gente está alterada y espantada”, explicó.
Tanto él como sus siete empleados han sufrido estos desplantes y trata de restarles importancia.
El pasado sábado, sin embargo, dos de sus ambulancias, que se encontraban en el exterior de un taller en la delegación Iztapalapa fueron atacadas. Según aparece en un video de una cámara de seguridad, una persona se baja de un vehículo y prende fuego a los dos motores. “Llevo 26 años trabajando en esto y 10 como propietario de las ambulancias y nunca me había ocurrido algo así”; explica el paramédico, que también ejerce como comandante de la Comisión Nacional de Emergencia AC, una organización sin ánimo de lucro que presta apoyo en salvamento y emergencias.
Una de las líneas de investigación abiertas por Fiscalía es que el ataque tenga que ver con el pánico al coronavirus.
No sería la primera ocasión que ocurre algo así. La secretaría de Salud informó que el domingo, otra ambulancia perteneciente a su servicio fue atacada, también en Iztapalapa, cuando trasladaba a un paciente con síntomas de Covid19.
La lista de casos es larga. En Yucatán, por ejemplo, una enfermera denunció haber sido rociada con cloro. Lo mismo ocurrió en Reynosa, Tamaulipas, según dijo un enfermero. En Nuevo Laredo desconocidos trataron de quemar un hospital que estaba destinado a tratar personas con Covid19. Y en Mexicali empleados de un supermercado local impidieron y corrieron del establecimiento a una enfermera que llevaba su vestimenta profesional realizara sus compras.
Las agresiones no se limitan al espacio público. También se han registrado en los propios hospitales.
El viernes 10 de abril, por la noche, un paciente, su madre y otro familiar protagonizaron un enfrentamiento con el personal del Hospital General Regional # 1 Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, del IMSS, mejor conocido como el Gabriel Mancera, por la calle donde se ubica en la Ciudad de México.
En un video grabado por una integrante del personal de la institución y difundido en redes sociales, se observa el intercambio de empujones y jaloneos entre el acompañante del paciente y este mismo con empleados del hospital.
Esto últimos, según se observa en las imágenes, trataban de impedir que el joven, un supuesto paciente de COVID-19, abandonara el lugar.
La mujer que graba el video, y que sale de un área contigua al triage, afirma que el joven es un paciente con coronavirus. “Está contagiando a todo el mundo, está invadiendo áreas libres y limpias, contaminando áreas blancas, está agrediendo y está infectando”, acusa la empleada del hospital.
Sin embargo, uno de los enfermeros confirmó a Animal Político que tal como el familiar del paciente lo dice en el video, la prueba del muchacho para COVID fue negativa y por eso su madre solicitó el alta voluntaria.
El joven llegó el sábado 4 de abril al hospital, ingresó por el triage de urgencias con insuficiencia respiratoria. Por los síntomas –narra el enfermero– se le ubicó en la zona de pacientes sospechosos de COVID, en el lado sur de urgencias. Se le tomó la muestra para hacer la prueba y se envió esta al Centro Médico La Raza, en donde se ubica uno de los laboratorios autorizados para realizarla.
Pero el resultado tardó en llegar. Fue hasta el viernes 10 de abril cuando el paciente y su familia tuvieron el fallo: era negativo. “La madre del joven pidió el alta voluntaria, argumentando que su hijo estaba en mayor riesgo en el hospital, al estar en la zona de casos sospechosos de COVID y tener además una condición adicional de riesgo, y no es que quisiéramos retenerlo a la fuerza, no podemos hacer eso, pero la familia exigía un documento que no se suele entregar en esos casos”.
El papel que pedían, de acuerdo a lo dicho por el enfermero, era el alta (documento que dice diagnóstico de entrada/tratamiento/ y diagnóstico de salida). “Para que les dieran ese papel fue que empezaron a buscar al médico tratante, y ahí vinieron los jaloneos y empujones con el personal. Tuvimos que llamar a una patrulla, los sacaron y ya no supimos qué pasó”.
El mismo enfermero confirma que, en efecto, el joven estaba en mayor riesgo en el hospital, entre los casos sospechosos, y que el problema principal aquí es que los resultados de las pruebas están tardando mucho.
Otra agresión ocurrió el jueves 9 de abril, en el Hospital General 48 del IMSS, ubicado en la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco, Ciudad de México, cuando familiares de un paciente con COVID, que estaba en aislamiento desde el lunes 6, recibieron la noticia de que su familiar había fallecido.
Las personas querían verlo por última vez, pero debido al protocolo sanitario y para evitar riesgos de contagio, no se los permitieron.
En un video, difundido en Twitter por una de las empleadas del hospital, se escucha a uno de los familiares gritar: “déjenme pasar a ver a mi hermano, por favor”.
Al no poder ingresar a ver el cuerpo, cuatro hombres y dos mujeres amenazaron con un arma y golpearon a trabajadores del lugar, entre ellos médicos y enfermeras.
Entre los lesionados se encuentran dos vigilantes y un enfermero, quien publicó un mensaje en su cuenta de Facebook: “hoy cuatro hombres y dos mujeres me golpearon porque su familiar murió por COVID-19. Desde el lunes no lo ven, porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir. No se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como otro fallecido, tiene que ser incinerado, ¡no lo volverás a ver si muere dentro de un hospital! ¿Esto nos espera?”
Sin embargo, de acuerdo con el documento “Guía de manejo de cadáveres COVID-19” publicado por la Secretaría de Salud federal, antes de trasladar a la morgue es factible dar acceso a los familiares más cercanos, quienes deberán entrar con equipo de protección y no deberán establecer contacto físico con el cadáver, ni con las superficies que pudieran estar contaminadas.
“El cadáver debe introducirse en una bolsa de traslado para cadáver biodegradable, que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en su interior. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación. Una vez que el cadáver esté adecuadamente empacada, se recomienda la desinfección externa de la bolsa con solución de hipoclorito”.
La disposición final, de acuerdo a los lineamientos de la guía, es que el cuerpo se debe cremar; de no ser posible, se practicará la inhumación en sepultura o bóveda. “Si el destino final es entierro este se da en las condiciones habituales. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo”.
Ante el incremento de las agresiones, las instituciones han lanzado llamados a proteger al personal sanitario.
“Todos, si no hemos necesitado un servicio médico, lo vamos a necesitar, siempre, a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar de la ayuda de un médico, de una enfermera. Tenemos que respetarlos y apoyarlos, ahora más que nunca tenemos que ser solidarios y fraternos”, dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
A esta petición se sumó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que “son nuestros héroes y heroínas, ellos son quienes van a enfrentar la epidemia. Tenemos que manifestarles todo nuestro apoyo no sólo de parte del gobierno sino de la ciudadanía”.