El Consejo de Salubridad General (CSG) de México modificó este miércoles el nombre de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, en el cual se establecen las disposiciones científicas y éticas para atender los casos críticos de pacientes enfermos con COVID-19, como lo publicó Animal Político el pasado lunes 13 de abril.
El organismo agregó la palabra “Proyecto” al título, en tanto el secretario del Consejo, el doctor José Ignacio Santos explicó en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, que la guía -que se subió a la página del gobierno federal el pasado fin de semana- seguía en revisión.
Entre los lineamientos de la guía se destaca la realización de videollamadas telefónicas para pacientes en estado grave que deseen despedirse de familiares, pero también contiene recomendaciones para determinar qué enfermo será sujeto a los recursos de medicina intensiva disponibles, como si es más joven o tiene otra enfermedad.
Además, plantea seleccionar al azar cuando se presente un empate entre dos pacientes con las mismas características como edad y sexo que requieran un respirador y solo se cuente con uno. Los ventiladores es uno de los insumos que de acuerdo con este proyecto de guía pueden escasear en México.
El tema de la edad entre pacientes jóvenes y mayores, sin embargo, es lo que ha generado polémica entre diferentes sectores y personajes de la vida pública en México.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se deslindó de la guía y aseguró que el rector no fue convocado para analizar el documento, aunque legalmente hablando no tenía que estar involucrado en ese punto, pues el documento es creado por el Comité de ética en la Comisión Científica del Secretario del CSG, por lo que al rector será involucrado más adelante.
Para la doctora María de Jesús Medina Arellano, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante del comité de ética del Consejo de Salubridad General (CSG), para que el proyecto sea obligatorio en todo el país “se necesita que sea revisado, discutido y sobre todo aprobado en sesión de pleno del CSG. Después tiene que ser sancionado (aprobado) por el Ejecutivo, Presidente de la República, y publicado en el Diario Oficial de la Federación”.
En entrevista con Animal Político, aseguró que para elaborar este proyecto de guía se revisaron una serie de documentos legales emitidos en otros países con el cual los médicos han enfrentado los dilemas éticos y médicos de la pandemia.
Por ejemplo, revisaron la eficacia demostrada en el uso de ventiladores en ciudades como Wuhan y Reino Unido. También consultaron la guía española donde se considera la asignación de ventiladores.
Sobre las críticas de que se trata de una guía discriminatoria, aseguró que esto “no se sustenta, al no haber un criterio único para excluir o incluir a un paciente, sino es un conjunto de criterios. El Departamento de Salud de los Estados Unidos lo ha enfrentado”.
“Por otro lado cuando decimos darle prioridad al personal de la salud en primera fila, también lo revisamos en conjunto con guías de Nueva York: El personal de salud requiere de protección legal en la toma de decisiones, para que se sepa respaldado”.
“Varios autores señalan que estas guías hay que hacerlas evolutivas y flexibles conforme la experiencia vaya enseñando. Consistentemente, habrá que incluir en ellas la inversión en documentar la experiencia para informar modificaciones inmediatas (investigación para apoyar las decisiones éticas)”, agregó.
Para César Palacios González, integrante del Comité de Ética del Consejo y uno de los impulsores de este proyecto de guía, lo que busca el documento es quitarle carga emocional y de trabajo al médico que atiende los casos graves de COVID, en un escenario donde los hospitales no se den abasto ante la falta de personal e insumos médicos.
Dijo que aun cuando puedan existir críticas por los criterios que contempla el proyecto, es importante que se hable del tema y se tomen decisiones ante problemas reales como es la pandemia y la posible falta de insumos en el sector salud.
Para Palacios González hay tres escenarios posibles y para él, sin duda, el mejor es el tercero:
El primero en el que los médicos y autoridades se desatienden del problema que tienen y esconden la cabeza; el segundo en el que los médicos de cada hospital tomen sus propias decisiones, lo que no es recomendable porque se presta a decisiones ambiguas o que responden a temas personales y no éticos; y el tercero en el que un grupo de especialistas discute y analiza el tema y plantea medidas éticas para distribuir los recurso médicos y para quitarle presión a los médicos.
Dijo que en otros países se están presentando estos mismos dilemas, y las autoridades han implementado sus propias medidas ante la emergencia.
En Estocolmo, Suecia, operan hospitales locales que han establecido sus propias directrices para priorizar la atención de los pacientes con COVID.
El hospital Karolinska, por ejemplo, no admite a pacientes de 80 años en unidades de cuidados intensivos, ni a aquellos entre 60 y 80 años con afecciones preexistentes.
En Italia también se implementaron una serie de recomendaciones por la crisis que se vivió ante la falta de personal e insumos.
En ese país el Colegio Italiano de Cuidados Intensivos emitió recomendaciones que aunque no sugerían que la edad tendría que ser “el único factor” que determinará la asignación de recursos, “el comité reconoció que, en última instancia, puede ser necesario establecer un límite de edad para la admisión a las Unidades de Cuidados Intensivos”.
En Inglaterra las autoridades emitieron pautas para evaluar por puntos los tiempos de tratamiento que recibirían los pacientes con COVID, que en un principio dejaban sin posibilidad de atención médica a personas con discapacidades mentales severas. Lo anterior generó que familiares de estas personas se manifestaran y lograran que se modificaran los criterios de las pautas establecidas, con lineamientos que procuran atención adecuada.
Por lo pronto en la entrevista radial que ofreció este miércoles, el secretario del CSG, el doctor José Ignacio Santos dijo que “la guía realmente es un documento vivo, está siendo revisado, no representa una política pública del Consejo, pero sí era importante coadyuvar ante la inminente Fase III para que no solo médicos, sino la población en general reconozca que las decisiones de por sí complicadas, deben ser transparentadas”.