El gobierno de México emitió un acuerdo para prohibir la incineración y la inhumación en fosas comunes de cuerpos no identificados o identificados no reclamados de personas fallecidas a consecuencia de COVID-19.
La prohibición va dirigida a las autoridades de todos los niveles de gobierno, así como a cualquier institución pública o privada que tenga a su cargo el manejo de los cadáveres.
Asimismo se establece que las autoridades e instituciones deberán facilitar la trazabilidad de los cuerpos identificados y no identificados “mediante el uso de tumbas individuales o fosas específicas”.
Lo anterior con el fin de saber que se trata de una personas que falleció por COVID-19.
Con relación a las exhumaciones, el acuerdo dice que no podrán realizarse antes de 180 días a partir de la fecha en que el cadáver haya sido enterrado, ya sea de casos confirmados o sospechosos.
El acuerdo pide a todos los estados que ya hayan emitido acuerdos para el manejo de cuerpos no identificados, ajustarse inmediatamente a estas.
En su artículo tercero establece que en el caso de personas fallecidas no identificadas o reclamadas sin datos de muerte violenta y con sospechas de COVID-19, las autoridades deberán emitir un informe que acredite que se hizo un examen del cadáver, además de registrar sus datos biométricos, como las huellas digitales y muestras genéticas.
Dicha información se deberá remitir a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Local de Búsqueda de cada entidad, con el fin de que los datos se centralicen en el Sistema Nacional de Búsqueda.
También se informa que la Secretaría de Salud contará con un sistema centralizado de manejo de información con los datos de las personas atendidas por COVID-19, en el que se incluirán los datos de las personas fallecidas.
Esta base de datos será actualizada por cada estado con base en los lineamientos de vigilancia epidemiológica.
El acuerdo fue realizado por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación y publicado este viernes, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
Estará vigente hasta que se declare terminada la emergencia sanitaria.