Mandan fondo anticrimen a COVID-19, pese al aumento de violencia y depuración policial incompleta
México se bate entre la crisis sanitaria y la de seguridad. Mientras el Gobierno federal autorizó a estados y municipios reprogramar el uso del fondo anticrimen para comprar cubrebocas y artículos de protección médica para policías, el país registra en abril una nueva escalada de violencia homicida, a la que hay que enfrentar con policías cuya evaluación sigue incompleta.
Tan solo en el fin de semana de festividades religiosas, del Jueves Santo al domingo, se registraron 364 asesinatos. Con ello el promedio diario de homicidios en la primera mitad de abril asciende a 84.4 casos, superando los 83.4 de marzo que hasta ahora es el mes con más asesinatos en el actual sexenio, según el informe de seguridad que publica diariamente la Secretaría de Seguridad federal.
Para intentar frenar e investigar esta violencia los estados y municipios cuentan con 344 mil 364 policías, pero el 16 por ciento de éstos– más de 55 mil – no cuentan con un certificado vigente que hoy avale que tienen las aptitudes para ello y son confiables. Es un requisito legal obligatorio que se está incumpliendo.
Esto cobra relevancia luego de que el fin de semana el Gobierno federal anunció un acuerdo a través del cual autoriza a estados y municipios a utilizar los recursos federales originalmente etiquetados para prevenir el delito y fortalecer a policías, en compras de insumos sanitarios.
Se trata de los fondos denominados FASP y FORTASEG a los que este año se etiquetaron casi 12 mil millones de pesos. El Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad detalló que las partidas que inicialmente serán afectadas de esos fondos son las destinadas a los procesos de certificación y control de confianza, así como los destinados a los programas de prevención social de la violencia.
Depuración eterna
Los recursos que se habían destinado para 2020 en materia de evaluación y certificación policial buscan apoyar a los estados no solo en la evaluación de nuevos reclutas sino, a su vez, en examinar a los que faltan y están en activo y concluir así la depuración de los agentes que se consideren como no aptos.
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobada en enero de 2009 estableció como requisito obligatorio para integrar o permanecer en una institución de policía el contar con un control de confianza aprobado y vigente. Se trata de una meta que no se ha logrado cumplir a más de doce años de distancia.
La actualización oficial con corte al mes de febrero de los procesos de certificación y evaluación publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arroja que en el país hay 334 mil 364 policías en activo en el país, entre agentes estatales, municipales, ministeriales y de reclusorios.
De ellos el 84 por ciento, 288 mil 445, cuentan con el control de confianza aprobado y vigente. Son los únicos que cumplen con lo que dice la ley para estar trabajando. Los otros 55 mil 919 no deberían estar laborando pues no cuentan con dicha certificación vigente, aunque por distintas razones.
Hay, por ejemplo, 24 mil 905 policías en activo en el país que NO aprobaron la evaluación de confianza (que incluye cinco pruebas entre ellas la del polígrafo) y por lo tanto no hay alternativa mas que despedirlos. Pero ello no ha ocurrido y siguen trabajando pese a ser declarados como no confiables.
Se tiene además el registro de 21 mil 14 policías que en su momento aprobaron pero que necesitan ser reevaluados pues la vigencia de su certificado (de dos años según la ley) ya expiró. A ellos se suman 5 mil 941 ya evaluados, pero donde no se ha determinado el resultado, y 4 mil 59 a los que aun no se les aplican las pruebas.
A nivel estatal hay casos mucho mas dramáticos. En Guerrero, por ejemplo, solo el 54 por ciento de los 9 mil 97 policías locales cuenta con la evaluación aprobada y vigente. Dicho de otra forma: solo 1 de cada 2 policías cumple con el requisito legal que acredita que es apto y confiable para desempeñar ese trabajo.
Otros focos rojos en este tema son Sinaloa donde solo es 62 por ciento de los policías está debidamente acreditado; San Luis Potosí con un registro de 67 por ciento de todo su estado de fuerza de seguridad; Nayarit con un 70 por ciento; y Sonora con un 74 por ciento.
Ni epidemia ni “días santos” frenan violencia
México atraviesa en 2020 un nuevo repunte de homicidios dolosos que no se ha detenido ni con la contingencia sanitaria, ni con el periodo vacacional de Semana Santa, ni con el actual despliegue de las fuerzas armadas y de más de 80 mil efectivos de la Guardia Nacional en el país.
De acuerdo con el informe de seguridad que publica diariamente el gabinete de seguridad, del 1 al 12 de abril se registraron 1 mil 13 homicidios dolosos en el país. De ellos 364 ocurrieron tan solo en el periodo del jueves santo al domingo pasado, en plena festividad de Semana Santa.
Los homicidios registrados en abril equivalen, según el mismo informe, a un promedio diario 84.4 asesinatos al día, un nuevo incremento respecto a marzo donde el promedio fue de 83.4 homicidios diarios.
El dato es aun más grave si se toma en cuenta que marzo es hasta ahora el mes con la mayor cantidad total de asesinatos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López, y el segundo con el promedio diario mas alto solo detrás de junio de 2019.
De mantenerse el nivel de violencia en abril se trataría del tercer mes consecutivo en el que se incrementa el promedio diario de asesinatos según este informe.
El actual incremento de violencia se registra pese a varios factores que se supondría que podrían atenuarla. El mas importante es el despliegue de 80 mil efectivos de la nueva Guardia Nacional, fuerza que fue creada para, entre otras cosas, mantener la paz y reducir la violencia, según lo prometido por el gobierno.
Además, la administración de López Obrador ha impulsado diversos programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro, bajo la premisa de que la falta de oportunidades o desventaja económica favorece la violencia. Pero los datos no reflejan que hasta ahora esto sea cierto.
A partir de la crisis sanitaria desatada por la pandemia del virus COVID-19, el gobierno ha impulsado desde marzo pasado una política de confinamiento voluntario para intentar disminuir el avance del contagio, lo que a su vez ha derivado en una disminución de las actividades y el tránsito en las ciudades. Pero este factor no ha incidido positivamente en la actividad criminal, ya que incluso los homicidios se han incrementado.
Tampoco tuvo impacto positivo en seguridad el periodo de festividades religiosas. De hecho, los 364 homicidios registrados del Jueves Santo al domingo equivalen a un promedio de 91 asesinatos diarios, que está por encima del promedio registrado en lo que va del año. Es decir, fue una jornada todavía mas violenta de lo habitual.
En el referido lapso de cuatro días Guanajuato fue el foco rojo de la violencia (al igual que en lo que va del año) al concentrar 61 de los homicidios registrados que equivalen al 17 por ciento del total nacional.
CDMX no afectará fondos
Autoridades capitalinas confirmaron a Animal Político que en Ciudad de México se tomó la decisión de no reprogramar los recursos contemplados en los fondos federales de seguridad pese al aval que dio el gobierno federal para ello. Ello tras considerar que las inversiones en esta materia son prioritarias y el recurso ya es de por si limitado.
La policía de Ciudad de México es la fuerza estatal mas numerosa del país. De acuerdo con los datos del SESNSP la capital cuenta con 52 mil 157 elementos, de los cuales un 20 por ciento que equivalen a casi 10 mil 500 necesitan ser evaluados pues sus certificados de control de confianza ya caducaron.
En ese contexto las autoridades consultadas indicaron que se priorizará la inversión en este apartado y también en la compra de equipos de protección, como por ejemplo chalecos antibalas. Para la adquisición de cubrebocas y otros equipos sanitarios se recurrirá a otros fondos de apoyo.
