Centros de Justicia para las Mujeres ajustan servicios en contingencia por COVID-19
El acuerdo de emergencia sanitaria por COVID-19 estableció que los servicios de atención a la violencia contra las mujeres son “esenciales”, por lo que deben seguir abiertos. Sin embargo, la mitad de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM o Cejum) ha reducido los servicios que presta, en varios casos, porque los poderes judiciales estatales suspendieron labores.
Además, en cuatro estados no hay Centro y en otros cuatro no tiene albergue de emergencia para recibir ni por unos días a mujeres que tengan que huir de casa por enfrentar violencia de su pareja, un reclamo de distintas organizaciones sociales que consideran que en estos momentos hubiera sido aún más importante implementar, cuando ya se ha probado que las agresiones en los hogares están aumentando.
El pasado viernes, en su rueda de prensa mensual sobre violencia de género, la Secretaría de Gobernación dio a conocer un mapa digital donde por primera vez se pueden ver todos los servicios disponibles para atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes —desde Institutos locales de la Mujer, procuradurías de protección de menores, servicios especializados de salud y refugios—, que se puede consultar en este enlace.
Los Centros de Justicia para las Mujeres son espacios que concentran personal de diferentes dependencias de gobierno para dar atención psicológica, médica y jurídica para mujeres que sufren violencia, talleres de empoderamiento y ludoteca para el desarrollo de niñas y niños. En la mayoría de los casos, aunque por normativa todos deberían tenerlo, cuentan con albergues temporales que reciben por máximo tres días a quienes salen huyendo de su casa, en lo que encuentran otra opción dónde quedarse, que puede ser con familiares, o de plano son canalizadas a un refugio de la sociedad civil para permanecer escondidas por periodos más largos.
En el mapa presentado el viernes, a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), 26 de los 48 Centros existentes en 28 estados tienen aclaraciones sobre ajustes que hicieron en sus servicios, de acuerdo con un recuento hecho por Animal Político.
Algunos de los casos más extremos son, por ejemplo, los de Guerrero, donde hay CJM en Chilpancingo y en Tlapa de Comonfort, pero aclara que por ahora no se están tomando demandas porque el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado suspendieron labores, y que están operando con el mínimo de personal. Algo similar ocurre en el de Mérida, Yucatán.
“No se están iniciando procedimientos: en materia familiar (divorcios, alimentos, custodias), ya que el Poder Judicial del Estado, determinó la suspensión de la atención general al público”, avisa este Centro.
Los de Coahuila, que tiene sedes en Saltillo, Torreón, Frontera, Matamoros y Ciudad Acuña, aclaran que no hay trámites jurídicos ante juzgados familiares, a menos que sean casos urgentes de recuperación de menores.
Y el de Juchitán, Oaxaca, señala que se suspendieron “los servicios de instancias de gobierno, incluyendo sector salud”.
Ya a principios de abril la organización Equis Justicia advirtió que solo 5 de 32 Poderes Judiciales del país estaban implementando guardias de personal para garantizar a las mujeres medidas de protección en el orden penal y familiar contra su agresor, y otras para proteger los derechos de niños y niñas a pensión alimenticia y convivencia familiar.
Otros Centros de Justicia solo suspendieron actividades como la ludoteca para menores, las terapias grupales y todos los talleres que implicaban reuniones de personas, o no dan citas para nuevas atenciones psicológicas, sino solo seguimiento a los casos que ya atendían.
También hay casos positivos, en los que los Centros de Justicia más bien hicieron ajustes para reforzar su atención. Es el caso del de Cancún, Quintana Roo, que implementó una línea de teléfono extra para usuarias y un chat para la comunicación entre todas las dependencias encargadas de dar servicios. Durango tiene tres números telefónicos de atención; Zacatecas está atendiendo por mensajes privados en redes sociales, aunque implementó guardias de personal con horarios limitados; y Oaxaca capital anunció atención por medios electrónicos.
Jalisco, en sus centros de Guadalajara y Puerto Vallarta, elaboró un plan para reforzar la atención y está haciendo monitoreo a las mujeres que ya han recurrido a sus servicios. Y algunos pusieron servicios extra de orientación y vigilancia médica sobre la pandemia de COVID-19, como el de Culiacán, Sinaloa, y los de Chihuahua en la capital y en Ciudad Juárez.
Amnistía Internacional hizo un llamado el 7 de abril, junto con Equis Justicia y la Red Nacional de Refugios para mujeres víctimas de violencia, para que el Estado mexicano garantice la protección de estos servicios y la necesidad de brindar opciones de alojamiento temporal a quienes tengan que salir de su casa por agresiones de su pareja.
En entrevista con Animal Político, la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía, Edith Olivares Ferreto, comentó que de inmediato tuvieron respuesta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que supervisa los Centros de Justicia, asegurando que desde el 25 de marzo les ordenaron no suspender actividades, sino redoblar esfuerzos. Y aunque ninguno cerró, muchos solo implementaron servicios a distancia.
“Yo debo decir que no es lo mismo, digamos, para efectos de la atención que requieren las mujeres, no es lo mismo acudir al Centro que hacer una llamada, porque como sabemos, en muchas casas las mujeres están en riesgo de violencia, sobre todo ahora durante el confinamiento, pues están con el agresor también adentro de la casa”, señaló la experta.
Pero lo que consideró más grave, es que no se estén tomando acciones extras de parte del gobierno para brindar un espacio seguro a las mujeres que lo requieran, ya que por normativa de Conavim, los Centros deberían tener casas de emergencia para recibir a víctimas al menos tres días, pero esto no se ha cumplido.
“Algunos Centros de Justicia no tienen casas de emergencia habilitadas, una minoría. Sí es importante este señalamiento porque el comunicado que habíamos hecho y compartido con la Red Nacional de Refugios, parte de lo que nos comentaba es que en los estados donde los Centros de Justicia no tienen casa de emergencia, pues las mujeres van directo al refugio, y claro, eso también está saturando los refugios”, detalló Olivares.
“Le pedimos esa información a Conavim y lo que nos dicen es: en donde no había casa de emergencia, sigue sin haber. No nos dicen cuáles son, pero señalan que los que tienen no las han cerrado, pero los que no tenían no los han abierto. Lo cual sí nos parece un tema preocupante porque estamos en una situación de emergencia sanitaria que también nos pone en riesgo de otras emergencias y sería más bien momento de redoblar los esfuerzos para prevenir otras emergencias”.
De acuerdo con la revisión del mapa publicado por Indesol, no tienen casa de emergencia los dos Centros de Chihuahua; los de Puebla capital y Tehuacán, en Puebla; el de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ni el de Irapuato, Guanajuato. En estos dos últimos estados, al menos hay refugios de la sociedad civil, y en Puebla hay un albergue para víctimas de trata de personas. Pero en Chihuahua no existen ninguna de las opciones de acogida temporal.
Otros Centros sin albergue son el de Azcapotzalco, Ciudad de México; el de Amecameca, Estado de México; y el de Tlapa, Guerrero, aunque en otro punto de la entidad sí tienen.
Por último, ni siquiera hay Centro de Justicia para las Mujeres en Baja California, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas. Tan solo en los dos primeros estados hay refugios de la sociedad civil y en Nuevo León existe un modelo de refugio adoptado por el gobierno llamado “Puerta Violeta”, pero en Tamaulipas no.
