Ayutla, Oaxaca: sin agua, sin apoyo del estado y bajo la amenaza del COVID-19
“El Estado ha sido omiso con nosotros. Solo ha brindado protección a los agresores. Nos despojaron del manantial de agua, destruyeron el sistema hidráulico y perpetraron otros hechos de violencia contra nuestra comunidad. Y no nos han apoyado”. Yásnaya Elena Aguilar Gil, es lingüista, escritora, traductora y activista por la lengua ayuujk (mixe). Desde 2017 lleva denunciando la situación de San Pablo y San Pedro Ayutla Mixe, Oaxaca, sin agua que llegue a sus domicilios desde que un grupo armado formado por habitantes de la vecina Tamazulapan del Espíritu Santo se apoderó de unas tierras en las que se encontraba el manantial que habían utilizado desde la década de los 70 del siglo pasado.
La pandemia por COVID-19 y un reciente incendio han agravado la situación de la comunidad, de cerca de 5 mil habitantes.
Una de las recomendaciones fundamentales por la pandemia es lavarse las manos continuamente. Pero en Ayutla no disponen de agua corriente en sus domicilios más que de forma intermitente. Hasta el momento se ha detectado un único contagio en la Sierra Norte, dice Aguilar Gil. Pero sin la protección del agua diaria y el jabón, en esta comunidad están más expuestos que otros.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), el 96% de los hogares mexicanos tienen agua, aunque solo el 69% lo recibe a diario. En el caso de Ayutla, sus condiciones han retrocedido en tres años. De disponer agua habitualmente a quedarse casi en seco.
Por si no fuera poco, un incendio se desató en la zona y arrasó 80 hectáreas. Hay un vecino en el hospital a causa de las quemaduras y la desertificación que provoca el fuego no es buena para la sequía. “Llegó una brigada contra el fuego y, ¿qué pidió? Agua, que es lo que no tenemos”, explica Aguilar Gil.
Ante la desidia del Estado, incapaz de ejercer la autoridad para imponer una solución, los vecinos tienen que autoabastecerse.
Semanalmente, un volteo toma agua del mismo manantial y llena algunos tanques del interior del municipio. Hace cinco días llegó un pipa del gobierno estatal.
Pero no es suficiente.
Antes corría el agua, desde hace tres años ya no lo hace y nadie hace nada por resolverlo.
“Hay unos que están una semana sin agua, otros 15 días. No alcanza. La única solución es la reconexión”, dice Esther Martínez Altamirano, representante de Bienes Comunales, una autoridad que funciona por usos y costumbres. “Necesitamos una solución”, añade Clemente Antonio Martínez, presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, que reivindica que el agua ha sido siempre propiedad del municipio que él dirige.
La pregunta es si alguna institución puede hacer valer acuerdos o resoluciones que impliquen que el agua vuelva a fluir como antes. El gobierno de Oaxaca se ha colocado en una posición equidistante y dice que ambas localidades tienen derechos y que tiene las manos atadas. Mientras tanto, el agua que antes llegaba a las casas de San Pedro y San Pablo Ayutla se pierde, porque nadie la recoge, en un momento en el que les necesidades son urgentes.
Recientemente, la administración de Alejandro Murat hizo público un comunicado en el que aseguraba que “ambas comunidades están en permanente conflicto por un territorio que les permanece a las dos poblaciones que ha derivado incluso en enfrentamientos armados”.
Animal Político quiso conocer la opinión de las autoridades de Tamazulapan. Artemio Ortiz Ricárdez, su presidente municipal, respondió por WhatsApp no poder responder nada al respecto y se limitó a hacer referencia a la posición oficial del gobierno del estado.
Según el ejecutivo de Oaxaca, ambos municipios tienen los mismos derechos y esta es una pelea entre iguales que se ha enturbiado por amparos recíprocos. En esta lógica, no hay referencia a las víctimas de los ataques de hace tres años, todas ellas originarias de San Pedro y San Pablo Ayulta.
Asesinato y secuestros impunes
El conflicto comenzó el 18 de mayo de 2017, cuando vecinos de Tamazulapan del Espíritu Santo, a seis kilómetros y medio de San Pedro y San Pablo Ayulta, llegaron armados y arrebataron 25 solares a sus vecinos, según denuncia Aguilar Gil. En uno de estos terrenos se encuentra el manantial Jënanyëëj, del que se surtían los habitantes del municipio agraviado.
El 5 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado envió a la zona a un perito y tres agentes estatales para realizar una inspección ocular. El mismo grupo armado los atacó, matando al vecino Luis Juan Guadalupe, hiriendo de bala a otras seis personas y secuestrando a cuatro mujeres, que fueron “agredidas física, emocional y sexualmente”, según el informe de observación elaborado por diez organizaciones de la sociedad que visitaron la zona los días 6,7 y 8 de agosto de 2019.
“Las mujeres fueron remitidas a la cárcel de Tierra Blanca, cuya Agenta Municipal Nicolasa Martínez Juliana toleró e instigó una serie de torturas y malos tratos a las mujeres retenidas, las cuales se encontraban separadas, con los ojos vendados, y sabían de la existencia de las otras por los gritos”, dice el documento.
El vicefiscal, Alejandro Ramírez, dijo que “se han judicializado algunas carpetas de investigación”. No quiso dar detalles para no entorpecer la acción penal pero aseguró que mantienen comunicación con los representantes de Ayutla.
La violencia no se detuvo entonces. Según recuerda Aguilar Gil, 25 de agosto fue dinamitado el sistema hidráulico que llevaba el agua a Ayutla. El coste de los daños es de un millón 700 mil pesos, según el informe de observación.
Desde entonces se han celebrado mesas de diálogo, pero nunca se han cumplido los acuerdos alcanzados. Incluso, según denuncia Aguilar Gil, los representantes de Ayutla se mostraron dispuestos a recibir únicamente la mitad del agua que llegaba del manantial, pero el acuerdo fue frustrado, según su testimonio, por la acción de los “grupos violentos” del municipio vecino.
El último gran intento de pacto tuvo lugar en mayo de 2018, cuando el gobernador Alejandro Murat anunció un “acuerdo histórico” que resolvería el conflicto entre ambos municipios. No fue así. En realidad, se celebraron reuniones paralelas y los representantes de Ayutla nunca firmaron la minuta.
A día de hoy, Ayutla exige una reconexión del servicio del agua, mientras que el gobierno de Oaxaca dice que ambas partes tienen razón y que los amparos interpuestos impiden que se puedan llevar a cabo acciones de resolución. No hay menciones al muerto ni a las acciones armadas iniciadas en 2017.
“Ese terreno nunca fue de ellos. Tenemos un mapa de 1907 en el que especifica bien de cuántas hectáreas tiene de terreno Tamazulapan y Ayutla. Se ve claro que el agua siempre fue de Ayutla”, dice Martínez Altamirano.
La organización comunitaria es particular en Ayutla. Por un lado, está la administración, representada por el presidente municipal. Por el otro, los representantes por usos y costumbres. Pero no son dos estructuras que funcionen paralelas, sino que el presidente municipal es reconocido por ambas.
Gestionar el agua está en manos de la comisión de agua. Aunque la representante de bienes comunales también participa en la vigilancia del manantial. Dice que la separación de Tamazulapan les permitiría acceder a más recursos, ya que podrían tener delimitados sus límites, obtener la carpeta básica y poder aplicar a ayudas federales.
Ahora sin embargo, la urgencia es el agua. Son tres años sin acceder al manantial y la situación se agrava ahora, en temporada seca. Explica Martínez Altamirano que se utiliza un tinaco con forma de salchicha que distribuye algo de agua a los tanques. Pero denuncia que no es suficiente.
Recientemente, el gobernador Murat aseguró que no era cierto que los habitantes de Ayutla no tuviesen agua, que ya estarían muertos, algo que enfadó mucho a los vecinos.
La denuncia de Ayutla ha llegado a organismos estatales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o el Congreso de la Unión, e internacionales, como la ONU.
Por el momento no hay respuesta para sus demandas.
La misión de observación recomendó que el Estado y el Gobierno federal garanticen el derecho al agua y se promueva la coordinación interinstitucional; además, pide que se respeten los derechos humanos de los defensores y que las familias tengan acceso a la verdad, justicia y reparación.
Ninguna de estas propuestas se han cumplido.
