El gobierno federal puso en marcha un operativo especial para identificar operaciones financieras y bancarias relacionadas con el posible desvío de recursos económicos y con el robo de los insumos sanitarios que se destinan para atender la contingencia relacionada con la pandemia del coronavirus.
La estrategia, que también está orientada a la detección de fraudes como el comercio de pruebas o vacunas falsas, fue ordenada directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador y es encabezada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que se trata de un despliegue de inteligencia preventivo encaminado a detectar en tiempo real transferencias de recursos desde cuentas oficiales o de personas físicas y morales que pudieran estar relacionadas con la emergencia, y que por algún motivo se consideren de riesgo.
“El presidente nos ha pedido apoyar en la contingencia sanitaria y por tanto hemos emitido un par de circulares con el SAT y con la CNBV para efecto de que el sistema financiero o los sujetos con actividades vulnerables nos reporten cualquier actividad irregular que vean en temas de COVID-19” dijo en entrevista con Animal Político.
Nieto detallo que se “monitorean” tanto las transferencias presentes y futuras de recursos entre las instancias federales responsables de la emergencia, así como también el dinero que se estará haciendo llegar a los estados por este mismo motivo.
Una de las prioridades es identificar cualquier foco de corrupción gubernamental en torno a los recursos de esta contingencia, labor que será vital con la entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria y en donde se prevé un incremento de los apoyos.
En los últimos días han crecido las denuncias y reportes relacionados con la falta de insumos sanitarios y de equipos en los hospitales donde se reciben y atienden a pacientes por posible COVID-19. Incluso, se han registrado protestas de personal médico y se ha atribuido a esta carencia de insumos los casos de contagios y decesos.
Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó el pasado 13 de marzo que se han adquirido y distribuido los insumos y materiales necesarios, por lo que no existe una razón lógica para que haya desabasto, a menos que exista corrupción. En ese contexto pidió que se denuncien los faltantes para facilitar la identificación de los responsables de este bloqueo o el desvío de los insumos.
Santiago Nieto dijo que esta es otra de las aristas a las que se les está dando seguimiento y adelantó que ya tienen, por ejemplo, algunos indicios de anomalías en el IMSS. “El robo hormiga que es algo que Zoé Robledo (director del Instituto) nos ha denunciado en el caso del IMSS y estamos dando el seguimiento” dijo Nieto.
El funcionario también explicó que se vigilarán otro tipo de fraudes que se han estado reportando como la supuesta venta de “pruebas rápidas” para detección de COVID-19 o de vacunas para la misma, que en todos los casos son una estafa y donde se está empleando el sistema financiero para desplazar las ganancias.
Además de la estrategia que se ha implementado para la detección de irregularidades en el manejo de los recursos sanitarios relacionados con la pandemia de coronavirus, la UIF mantiene otros dos focos prioritarios en el plan de combate a la corrupción y del lavado de dinero este año: las aduanas y el fenómeno de las extorsiones.
En el caso específico de las aduanas, Santiago Nieto dijo que se trata de focos rojos en donde se han identificado múltiples actividades delictivas que van desde el tráfico de especies protegidas, hasta el ingreso de armas ilegales, de sustancias ilícitas como el fentanilo, y de una diversidad de drogas.
“Hemos identificado, por ejemplo, temas relacionados con el uso de tiburones para la distribución de droga de Costa Rica a Yucatán y de ahí a Estados Unidos, a Miami concretamente. El tema de aduanas es un tema central” indicó.
Respecto a las extorsiones, Nieto señaló que el trabajo de inteligencia apunta hacia las redes criminales relacionadas con los centros penitenciarios desde donde se operan el 85% de las extorsiones que se reportan, y también a otra vertiente en crecimiento que es la de call centers desde los cuales se realizan múltiples llamadas con fines de extorsión.
Se trata de actividades ilícitas en donde el uso del sistema financiero para desplazar y ocultar las ganancias obtenidas es vital para su subsistencia. En ese sentido el trabajo de la UIF apunta a identificar dichas redes tanto para bloquear el movimiento de los recursos, pero también para presentar las denuncias penales correspondientes.
Nieto explicó que estos objetivos prioritarios para 2020 se atienden sin dejar de lado el seguimiento de recursos que se desprenden del robo de hidrocarburos; la trata y tráfico de migrantes; la operación de empresas fantasma; el narcotráfico y la corrupción política.