Retomar la vida tras un ataque con ácido, el largo y difícil proceso para la recuperación

A Esmeralda, María Elena, Carmen y a Martha les arrojaron ácido en el cuerpo y rostro. Su recuperación no ha sido fácil.

Ellas se han enfrentado a un servicio médico que las discrimina, a un sistema de justicia que minimiza sus lesiones y que no lleva a sus agresores a la cárcel, a una sociedad que les pone obstáculos para reincorporarse a la vida y a un Estado que las olvida.

En el país no hay una cifra oficial del número de mujeres que han sido quemadas con ácido, pero los casos son una realidad. Hay víctimas en México. Tienen un nombre y una historia.

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Además, el Congreso capitalino modificó el artículo 131 para incrementar por la mitad la sanción cuando el ataque sea por razones de género, cuando quien provoque las lesiones tenga un lazo familiar cercano con la víctima, o cuando las lesiones se consideren infames, degradantes o mutilantes.

Animal Político habló con mujeres víctimas de violencia de género que fueron atacadas con ácido, cuentan su historia y los obstáculos que han enfrentado en su recuperación.

Carmen Sánchez: “Lo que no se nombra no existe”

El 20 de febrero de 2014 la expareja de Carmen Sánchez le roció una botella con ácido en la cara y en el cuerpo. Su agresor no ha sido detenido. Esto para ella envía un mensaje muy claro: “No está pasando nada, puedes hacerlo, no han detenido a nadie y hay riesgo de que haya más agresores porque hay impunidad”.

“No hay datos exactos de cuántas mujeres han sido atacadas. Yo no fui la primera. Muchas no denuncian por miedo, todo el proceso de por sí ya es desgastante y doloroso, uno lo que quiere es recuperarse y retomar su vida. He pasado por muchas cosas, es un largo camino y yo no quiero que las otras pasen por lo mismo que yo”.

Por eso cuando la contactan trata de acercarlas a la red de apoyo que fue tejiendo en estos seis años para acceder a una mejor atención médica, a una reconstrucción, a una mejor calidad de vida y al derecho a la justicia.

Carmen hace muy suya la frase de la académica Marcela Lagarde: Lo que no se nombra no existe. “Por eso quiero nombrarnos, que sepan que estamos aquí y fuimos víctima de violencia machista”.

Antes del ataque, Carmen había denunciado dos veces a su expareja, una por delito sexual y otra por sustracción de menor, pero las autoridades del Estado de México nunca procedieron.

El ácido dañó la mitad de su rostro. Carmen tiene injertos en brazos, piernas, pecho, tórax y cara, su cuello fue severamente dañado. Su párpado todavía no está reconstruido y existe el riesgo de perforación ocular porque éste no cierra.

Lleva más de 55 cirugías y aún le faltan más.

Cuando llegó a urgencias los doctores no sabían cómo atenderla y lo hicieron mal: le aventaron agua de frente y a presión, luego le untaron una pomada y la vendaron. Así pasó 13 horas hasta que la trasladaron al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, donde le dijeron que le habían atendido mal y que el ácido seguía actuando en su cuerpo.

Carmen permaneció hospitalizada casi 8 meses tras varias cirugías, principalmente de injertos. En octubre del 2014 la dieron de alta, regresó a casa sin ninguna medida de protección ni atención psicológica.

Debido a sus lesiones no pudo regresar a trabajar, por lo que perdió el derecho de continuar con los servicios del IMSS. Dos años después ingresó a laborar al sector público logrando acceder al ISSSTE y seguir su recuperación.

De acuerdo con Carmen, el sector salud no considera prioritario la atención de las víctimas que han padecido deformaciones corporales a causa de algún ataque.

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Aunque en el ISSSTE sí le hicieron dos cirugías reconstructivas y tuvo acceso a tratamiento médico para su piel, el Instituto consideró que el resto de las cirugías ya solo eran estéticas y no las podía cubrir.

“Uno de los doctores me dijo, hay prioridades Carmen, tú puedes vivir con tus cicatrices”, cuenta.

Además, el medicamento (kitoscell, los parches de silicón y mallas elásticas para comprimir su piel) que ella necesitaba, no estaban incluidos en el cuadro básico de medicamentos gratuitos ya que se les consideraba material “estético”. Una máscara de silicón le costaba, por ejemplo, 2 mil 200 pesos.

Pero Carmen los necesitaba por cuestiones de salud, su uso evitaría una posible perforación ocular debido a la falta de párpado y otros daños. A seis años todavía tiene ese riesgo. Por este motivo interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quien emitió una recomendación al ISSSTE para que le dieran los medicamentos.

Carmen buscó organizaciones que apoyaran a personas quemadas, pero en su mayoría brindaban atención a niños. Tocó muchas puertas y fue en el sector privado que encontró gente que la apoyó de manera gratuita, con cirugías y tratamientos al conocer su historia.

“En el sector público no vamos a encontrar apoyo hasta que no se haga una reforma que obligue a los hospitales a atender estas lesiones, brinde apoyo psicológico, capacite a los médicos en urgencias porque estos ataques están pasando, dejen de minimizar lo que nos pasa y piensen que es solo algo estético”, señala Carmen.

Aunque ella empezó su rehabilitación física al ser dada de alta, solo tres meses tuvo atención psicológica, fue hasta cinco años después del ataque que pudo atender su salud mental.

“Es algo muy difícil, yo me quería morir y en el hospital solo me mantenían sedada, al salir tenía miedo de un nuevo ataque”, cuenta.

Cuando Carmen interpuso su denuncia el médico legista determinó que sus lesiones no ponían en peligro su vida y que sanarían en menos de 30 días. Hasta septiembre de 2018 −cuatro años después del ataque−, se concluyó que sus lesiones sí la ponían en riesgo.

Al salir del hospital acudió al Ministerio Público de Ixtapaluca, Estado de México, para conocer el estado de la indagatoria y los avances, pero se encontró con la noticia de que nadie sabía nada de su carpeta de investigación.

La carpeta apareció en la Fiscalía de Amecameca donde se mantuvo sin avances casi cuatro años. Un juez otorgó la orden de aprehensión contra su agresor tres meses después del ataque por el delito de lesiones dolosas. Ninguna autoridad le dio seguimiento.

“Debo reconocer que la carpeta de investigación se inició por lesiones simples, que la víctima no recibió la atención que debió de recibir; no se clasificó el delito como grave; tardó mucho en integrarse la orden de aprehensión y cuando se logró no se aplicó de forma oportuna”, reconoció en octubre de 2019 el fiscal general de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, al aceptar la recomendación 85/2019, emitida por la CNDH.

El organismo recomendó reparar integralmente el daño a las víctimas, es decir a Carmen y a sus hijas; brindarles atención médica, psicológica y psiquiátrica e inscribirlas en el registro estatal de víctimas.

También ejecutar la orden de aprehensión contra el agresor, y de colaborar en la queja contra 12 personas servidoras públicas responsables de integrar mal la carpeta de investigación que debió realizarse desde un principio con perspectiva de género.

De todo esto, asegura Carmen, nada ha ocurrido.

Ahora a sus 36 años se mira al espejo, se ve segura y ya sonríe. Es una activista que lucha por los derechos de las mujeres, trabaja en la formación de su colectivo Resurgiendo, integrando por sobrevivientes de violencia de género, y también está por ingresar a la carrera de Derecho.

Esmeralda Millán: “Quiero que se escuche mi voz”

Esmeralda tiene 25 años y necesita reconstrucción de nariz, boca y un trasplante de córnea, pero ya no tiene atención médica. Ella fue rociada con ácido por su expareja junto con otras tres personas el 2 de diciembre de 2018, en Puebla.

Vivió con su agresor casi ocho años hasta que lo dejó por su comportamiento violento, al hacerlo la amenazó: “Si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie”. Luego ocurrió la agresión.

Al principio Esmeralda se culpaba por no haber regresado con él, ahora comprende que nada fue su culpa.

Además de quemar su rostro, el ácido lastimó su cuello, manos y el pecho. A su mamá también le cayó en el brazo y en una de sus mejillas, pues iba con ella cuando la agredieron a dos cuadras de su casa.

La expareja de Esmeralda sí está en la cárcel, pero lleva más de un año sin sentencia a pesar de que a él también le cayó ácido durante el ataque y eso representa una prueba. El resto de los agresores siguen libres.

“Cuando acudo a las autoridades me dicen es que él también tiene derechos, y yo les digo entonces en dónde están mis derechos, a mí me atacó, yo soy la víctima”, comenta.

Ella narra que cuando llegó a urgencias los doctores se tardaron media hora para atenderla. “No sabían cómo tratarme ni qué hacer, tuvieron que reunirse en junta urgente para ver qué protocolos iban a seguir, en ese tiempo mi piel se seguía quemando”.

Ahí permaneció un día hasta que la trasladaron al Hospital Moreno Valle, que cuenta con un área de atención para personas quemadas, y donde estuvo tres meses.

En este hospital la atención mejoró pues le realizaron injertos de piel, sin embargo, durante mes y medio tuvo que pagar sus medicamentos. Varios sueros que necesitaba no los cubría el entonces Seguro Popular. Se gastaba en un día hasta 1,500 pesos.

Su familia ya no podía comprar lo que requería para su recuperación, por esta razón su mamá acudió a la Fiscalía de Puebla para pedir ayuda. Ellos la canalizaron a un área y recibieron ayuda para costear el medicamento durante un mes y medio, después de eso ya no hubo ningún seguimiento ni inscripción para algún apoyo.

Durante el ataque Esmeralda tragó ácido, lo que le provocó un daño en su garganta que le impidió por varios meses ingerir comida, solo malteadas.

Uno de los cirujanos que forman parte de la red de apoyo de Carmen le realizó una cirugía para que pudiera comer y hasta ahora es la única que le han realizado luego de su alta en el Moreno Valle.

A Esmeralda le recomendaron que viajara a la Ciudad de México para ver en qué lugar podía realizarse un trasplante de córnea y acudió al Hospital de la Ceguera para pedir informes.

“Me trataron muy mal, una doctora con toda la insensibilidad del mundo me dijo que si yo no entendía qué significaba la palabra ceguera, que ese hospital era para personas que no ven nada, que yo mínimo tenía una córnea sana y completa. Me dijo, creo que con ese ojo tú puedes hacer tu vida normal, cuida tu cornea sana y ya no le des prioridad a la otra”.

“Yo me sentí muy mal, mi vida cambió completamente, mi autoestima quedó destruida, cuando me vi por primera vez al espejo yo le dije a mi mamá que me quería morir, y luego con estas respuestas tan insensibles”.

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“La sociedad también es cruel, te ven raro, feo, se burlan y juzgan sin saber. Para mis hijos (un niño de 8 años y una niña de 5) también es muy doloroso verme así, ni ellos han tenido tratamiento psicológico. Yo quisiera tener terapias porque me faltan bastantes heridas por cerrar”.

Esmeralda además de buscar apoyo para que le realicen las operaciones que tiene pendientes quiere trabajar, para ella ha sido complicado reintegrarse a la sociedad.

Cuando hay calor, las cicatrices le arden y no puede estar expuesta, cuando hay frío, le duelen. Si la ven con un parche en el ojo le dicen que no pueden darle empleo porque no ve bien.

Ella quiere trabajar y hace un llamado a la sociedad de Puebla para que alguna escuela de estilistas le dé una beca para estudiar cultura de belleza y algunos estilistas le hagan donaciones para ir armando su equipo, pueda poner un salón en su domicilio y más adelante regresar a la escuela.

“Cuando conocí a Carmen y a las otras chicas es cuando realmente comencé a hacerme fuerte, a luchar por salir adelante por mis hijos. Ellos me necesitan y yo por algo sigo aquí y quiero que se escuche mi voz, que a ninguna mujer le vuelva a pasar lo mismo y que la sociedad nos ayude a continuar y no nos discrimine”.

“Ojalá que a los hombres no se les olvida que nacieron de una mujer, que no merecemos que nos dañen así”, concluye.

Martha Ávila: “La ayuda es solo para sobrevivir”

“Si le tenía que tocar a ella, qué bueno que me tocó a mí”, afirma Martha Ávila, quien a los 59 años fue rociada con ácido por el exmarido de su hija, quien era el blanco de la agresión. Todo pasó un 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer− pero de 2017.

“Nunca imaginé que hubiera un dolor físico tan grande y que el cuerpo humano pudiera soportarlo. Es muy duro porque te tienes que empezar a reconocer. Qué quedó de ti. De tu cuerpo. Y no digamos, qué quedó de tu rostro, de tu imagen. Te enfrentas a la muerte, y sales muy lastimada por dentro y por fuera”, dice hoy a sus 62 años.

En su caso, su familia luchó para que su ataque se clasificara como intento de feminicidio y no solo como agresiones. Las autoridades le llegaron a decir: “pero si no es para tanto”.

Su agresor está en prisión. Pero su sentencia de 24 años se redujo a ocho porque aceptó su culpabilidad. “Cuento los días para que salga y hay mucho miedo”, reconoce.

En el ataque sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo, principalmente del lado izquierdo: hirió brazo, espalda y piernas. Gracias a sus reflejos logró voltear y el ácido no quemó su rostro, pero perdió una oreja.

Martha fue atendida en la unidad médica para quemados de Lomas Verdes del IMSS por tres meses, en donde le realizaron 13 cirugías.

“Las autoridades médicas te ayudan meramente para sobrevivir, para salvarte la vida. Después todo queda en tus manos y en las de tu familia. Yo salí en camilla del hospital aún con mucho dolor y no pude retomar mi vida de la misma manera. Las rehabilitaciones también son tremendas, muy dolorosas”, dice.

Martha tuvo acercamiento con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Edomex para acceder a una ayuda económica. Hasta la fecha no se ha logrado. Dice que es mucha la burocracia y no ha reunido todos los documentos que le solicitan.

“Creo que hasta las mismas autoridades no se habían dado cuenta del nivel de violencia contra la mujer, ni las víctimas ni el Estado estaban preparados para este tipo de agresiones, pero nuestros casos son un grito a voces de que se tiene que actuar”, afirma.

María Elena, la joven saxofonista que exige justicia

El caso de María Elena Ríos Ortiz, la chica saxofonista de la región mixteca de Oaxaca, es uno de los más recientes y podría tomar un rumbo diferente al resto de los casos porque hasta el momento tiene apoyo de las autoridades, aunque lograr esto no fue fácil.

El 11 de septiembre de 2019 fue atacada con ácido. Su recuperación apenas comienza y lo hace acompañada de su familia y también de Carmen, Esmeralda y Martha.

Ellas la animan y le hacen ver que sí se puede salir del dolor, que todo será un proceso largo, y que necesitará de mucha paciencia, pero que no está sola.

Male, como le dicen sus amigos y familia, es comunicóloga y egresada del Conservatorio de Música de Puebla. Apenas el 18 de febrero cumplió 27 años y su único deseo es que se haga justicia.

Cuando Animal Político se reunió con las mujeres víctimas de estos ataques, también se encontraba María Elena, sin embargo, tras someterse a un tratamiento le resultaba doloroso hablar, sus heridas son muy recientes. Los detalles de la batalla que ha enfrentado en estos 5 meses los cuenta su hermana Silvia Ríos.

“Male me dijo que le truncaron su sueño de dirigir una orquesta, que no sabe para qué vive, que mejor la hubieran matado a dejarla así, aún no agarra su saxofón. Va de la depresión al coraje, pero está tomando mucha fuerza”, declara.

Cuando ocurrió el ataque, explica Silvia, una ambulancia de la Cruz Roja trasladó a Male a un hospital privado. “¿Qué pasó?, No sabían qué hacer, le dieron antibióticos, pastillas para el dolor y tardaron en bañarla, ahí se quedó unas ocho horas hasta que nos dijeron que la trasladáramos a un hospital de especialidades”.

La familia tardó 12 horas para hacer el traslado del hospital privado al Hospital de Huajuapan de León, donde ellos viven, buscaron el apoyo de la presidencia municipal, pero todo demoró. Ahí estuvo hospitalizada pero no había un área para atender a personas quemadas.

Tuvieron que pasar otras 12 horas más para que se logrará el traslado al Hospital Civil de Oaxaca “Aurelio Valdivieso Fuentes”. A Silvia le dijo el secretario de Salud de la entidad que no había camas disponibles y que solo le podían ofrecer llevarla a Puebla.

Tras amenazas de hacer el caso mediático y bajo presión de la familia, finalmente las autoridades aceptaron llevarla al Hospital Civil, el más grande de la entidad. Para que esto ocurriera pasaron otras 4 horas.

“Male era un bebé, no podía moverse, comer, nada. Era terrible y frustrante. Esa frustración creció en el hospital ya que no había higiene, el personal era grosero (…) Tenía horarios específicos para sus medicamentos y pomadas y no los cumplían, cuando les recordabas se molestaban”, dice.

“Era una insensibilidad de no creerse. A los doctores no les interesaba lo que sufría, no tenían tacto, los únicos atentos y más humanos eran los residentes”, recuerda.

Después de tres meses ahí y tras 20 días de su primera cirugía de injertos la saxofonista fue dada de alta, tenía que ir constantemente a revisión, así que se dificultaba su traslado porque se combinaban: tres horas de camino al hospital, carreteras en mal estado y el riesgo de que le diera el sol.

A la tercera semana de revisión, narra Silvia, le dijeron que se tenía que quedar porque se le cayeron los injertos. Vino una nueva operación y otra vez se cayó la piel injertada de cara, cuello, la del brazo, manos y pecho. Había bacterias y no pegaba.

“Fui con todo y fotos a ver al fiscal de Oaxaca para pedir que mejor la trasladaran a la Ciudad de México porque mi hermana estaba mal y el personal no estaba capacitado. Pasaron varias semanas para que me hiciera caso, eran llamadas, mensajes, visitas, rogarles (…) Hasta que un medio publicó el caso de mi hermana nos buscaron”.

Silvia también envió una carta para pedir apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 14 de diciembre la joven fue trasladada al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México. La familia aún no sabe hasta dónde llegará la atención, solo que será un largo camino.

“El caso de Male se ha hecho mediático y eso no le gustó al gobierno, por eso la está apoyando. Ya firmamos un convenio con las autoridades del estado en el que se compromete a darle lo necesario para su cuidado, ahorita paga hospedaje, comida y traslados, aunque no tenemos claro el proceso médico a largo plazo”, expresa Silvia.

En lo que coincide con las otras historias es que cuando se armó su carpeta de investigación no se hizo por intento de feminicidio, se minimizó a lesiones.

“La violencia parece que no viene solo de parte de los agresores, también de médicos, de las respuestas de las autoridades, legisladores y fiscales”, asegura Silvia.

María Elena señala como responsable intelectual de su ataque a Juan Vera Carrizal, empresario gasolinero, exdiputado del PRI y su expareja.

La Fiscalía del estado ofrece una recompensa de un millón de pesos a quien brinde información sobre su paradero. Los dos presuntos autores materiales de la agresión, padre e hijo, se encuentran en prisión preventiva desde finales de diciembre de 2019.

En una entrevista que dio a La Jornada María Elena dijo: “Para su mala suerte estoy viva, con mucho dolor, con mucha tristeza, pero cada día más fuerte. Porque no queda de otra. Y lo estoy logrando gracias a mis padres, a mi hermana Silvia, que se convirtió en una activista para defenderme, y a tantas voces de mujeres que se han alzado por mí, que sé que son mis amigas, aunque no conozca sus nombres ni sus caras”.

Declaró que a una mujer quemada solo le queda ser fuerte.

Su mamá tiene un doble dolor, ver a su hija y sus propias lesiones. Ella se quemó el pecho, los brazos y el abdomen cuando corrió a abrazar a Male.

En busca de más apoyo 

Cirujanos y cirujanas plásticas, médicos, dermatólogos, legisladores, abogadas, incluso estilistas y muchas mujeres sororas, forman parte de esa red de apoyo que ha ido formando Carmen Sánchez, la primera en visibilizar este tipo de agresiones en México.

El lazo se está tejiendo con otro país, en especial con Gina Potes, la primera mujer en ser rociada con ácido en Colombia y quien tiene una fundación llamada Reconstruyendo Rostros. Intercambian experiencias, iniciativas de reforma para ver qué se puede replicar en México.

Las víctimas de estos ataques hacen un llamado a que más personas se sumen y apoyen, cada quien con lo que pueda y desde su área: psicólogos, trabajadores sociales, abogadas, laboratorios, más cirujanos.

La doctora Isela Méndez, médica cirujana especialista en dermatología, actualmente les da tratamientos de forma gratuita, les mejora su elasticidad, aplica ácido hialurónico, colágeno, bótox, enzimas, células madre; les da cremas y les hace tratamientos muy especiales que son costosos.

Con Carmen y Esmeralda, por ejemplo, lleva una inversión de 300 mil pesos.

“Los hospitales públicos o de quemaduras solo se especializan en mejorarlas funcionalmente y a veces ni eso, acá se les apoya más con la parte estética, y la verdad les ayuda mucho, su autoestima está mejor”, dice la doctora.

“Al consultorio vienen juntas, significa también un acompañamiento. Cada tratamiento es doloroso y eso significa recordar y activar ese dolor emocional”.

La doctora Méndez hace un llamado a los laboratorios para que se sumen apoyando con insumos, y así, Carmen, Esmeralda, Martha y María Elena continúen con sus tratamientos.

“Mejorar hasta donde sea posible” 

Mario Vélez Palafox, subdirector del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (Ceniaq), del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), comentó en entrevista que las quemaduras con ácido producen cicatrices muy profundas, muy difíciles de quitar. “Lo que nosotros hacemos es mejorar hasta donde sea posible”.

Para la atención de pacientes quemados, explica, se sigue un protocolo que se hace a nivel mundial: primero se tiene que salvaguardar la vida, seguido de la función, y por último, se atiende la parte estética.

Para el sector Salud, las personas con algún tipo de quemaduras llegan a ser los pacientes más costosos debido a que sus tratamientos son muy largos, requieren de mucho tiempo para su recuperación. En México, alguien con más del 40% del área quemada llega a costar más de 4 millones de pesos.

En su acompañamiento, comenta Vélez Palafox, a los pacientes se les debe canalizar a áreas de psicología y psiquiatría en donde se les ayuda a aceptar su “nueva realidad, su nueva imagen”. Además, hay otras especialidades involucradas como cirugía plástica, terapia intensiva, rehabilitación, nutrición.

Animal Político buscó al IMSS y al ISSSTE para conocer su versión respecto a la atención, pero hasta la publicación de estas historias no hubo respuesta.

También se solicitó información a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien da acompañamiento a la joven saxofonista, para conocer a cuántas mujeres atacadas con sustancias corrosivas han atendido, en qué consiste el apoyo y si hay algún caso en el que se hizo una reparación del daño; informaron que harían una revisión.

Logros y pendientes

Los cambios en el Código Penal de la CDMX son logros de estas mujeres que acompañadas por la diputada local del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega, promovieron la reforma.

Ahora, con el apoyo de la diputada de Morena, Mariana Uribe, buscan que en el Estado de México se tipifiquen los ataques con ácido y agravar las penas con hasta 15 años de cárcel, e incrementarla cuando se trata de una cuestión de género.

Aún queda pendiente una reforma para todo el país y una regulación de la venta de ácido a nivel federal, ya que esta sustancia puede ser comprada con facilidad.

Lo que ellas buscan también es que se revisen los protocolos de atención a víctimas y se tenga un registro de las mujeres que hayan sido quemadas con alguna sustancia corrosiva.

Un ataque con ácido pretende destruir la vida de una mujer. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo considera una forma “devastadora” de violencia de género.