Las reformas que necesita México para impulsar el desarrollo forestal sustentable

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de México está de nuevo en la mira. A pesar de tratarse de una norma joven, aprobada el 5 de junio de 2018, y aplaudida en su momento porque contempló el impulso del manejo forestal comunitario, hoy requiere una profunda cirugía para arreglar sus omisiones y deficiencias. Para ello, el Consejo Nacional Forestal (Conaf) presentó una iniciativa de reformas a la ley que contempla alrededor de 80 cambios.

Esta iniciativa de reformas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que ya se entregó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de México, es resultado de varios meses de trabajo y de una decena de talleres y foros en los que participaron comunidades forestales, organizaciones no gubernamentales, industriales y autoridades que forman parte del Conaf.

También se omitió incluir conceptos como acahual —vegetación que crece en los terrenos de cultivo que han sido dejados en descanso—, no existía una claridad sobre el sistema de información forestal y se dejó en la ambigüedad el tema de autorizaciones de cambio de uso de suelo en zonas alrededor de las ciudades, explica Salvador Anta Fonseca, especialista en temas forestales y consultor de Política y Legislación Ambiental (Polea).

Desde principios de 2019, organizaciones no gubernamentales como Polea, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, pueblos indígenas y comunidades forestales de diversas partes del país comenzaron a empujar la propuesta de reformar la ley, iniciativa que abrigó el Consejo Nacional Forestal (Conaf), órgano consultivo ciudadano reconocido por la ley.

La propuesta que presentó el Conaf planeta modificar 64 artículos, incluir 14 nuevos y derogar dos más, explica David Cabrera Hermosillo, coordinador general jurídico de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), dependencia que ha acompañado al Conaf en este proceso.

¿Por qué tantos cambios?

Después de una movilización de organizaciones no gubernamentales, comunidades y otros actores del sector forestal, se logró detener esa primer propuesta de ley, recuerda Salvador Anta Fonseca, consultor de Polea y miembro del CCMSS.

Al final, los legisladores aprobaron una ley que terminó siendo “una especie de Frankenstein”, califica Salvador Anta, ya que se incluyeron temas que eran necesarios —como el impulso del manejo forestal comunitario—, pero también se quitaron conceptos que son fundamentales —como la definición de acahual— y las fallas en su redacción han creado confusión, duplicidades en las acciones de las dependencias y dejó en una situación vulnerable a las zonas forestales que se encuentran alrededor de las ciudades.

David Cabrera coincide con Salvador Anta en señalar que varios de los problemas de la actual ley están en la forma en que terminó redactada, lo cual ha provocado, entre otras cosas, que estén claras las atribuciones y competencias de la Conafor y la Semarnat.

Eso ha traído como consecuencia el retraso de diversos trámites, uno de ellos la entrega de las guías forestales a quienes realizan manejo forestal; estos documentos permiten comprobar la legalidad de la madera.

Tan solo para corregir la falta de claridad que existe en la ley sobre las competencias de cada una de las dependencias que tienen injerencia en el sector forestal, la iniciativa de reformas del Conaf propone modificar 20 artículos.

Otra propuesta apunta a fortalecer las funciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la inspección y vigilancia, para combatir problemas como la tala ilegal. Un tema que es prioritario atender en todo el país, pero sobre todo en zonas donde, tanto autoridades como organizaciones no gubernamentales, han documentado que va en aumento.

En estados como Michoacán y Jalisco, por ejemplo, se ha detectado que la tala ilegal va de la mano de la siembra de aguacate. Y en el sureste del país, en estados como Campeche, se le relaciona con el avance de la frontera agrícola y con el tráfico ilegal de maderas preciosas.

La propuesta de reformas a ley también propone el rescate de unos 20 conceptos que se hicieron a un lado en la legislación de 2018. Por ejemplo, se busca la inclusión de la definición de “acahual”, lo que para los promotores de esta reforma es clave, pues eso permitiría tener una regulación adecuada para impulsar el manejo forestal sustentable de la vegetación que crece en los terrenos de cultivo que han sido dejados en descanso.

“[Esto] facilitará su manejo legal y ordenado, promoviendo la restauración y el uso sustentable. Además, evitará que las selvas puedan ser fraccionadas o deforestadas al amparo de una definición deficiente de acahuales”, señale en un boletín el CCMSS.

Para los expertos e instituciones involucradas en esta iniciativa, algo tan simple como incluir la definición adecuada de los “acahuales” puede tener un impacto significativo en las comunidades de Campeche y Quintana Roo que desean hacer aprovechamiento forestal en estos terrenos y sembrar especies de interés comercial, explica Salvador Anta.

Proteger zonas forestales alrededor de las ciudades

Para quienes impulsan la iniciativa de reformas, la legislación vigente deja abiertas las puertas al cambio de uso de suelo en las áreas forestales situadas alrededor de las ciudades.

Salvador Anta apunta que el problema está en que existe una ambigüedad en la ley sobre qué autoridad es la responsable de otorgar los permisos para cambio de uso de suelo en estos terrenos forestales. Esta atribución, según el experto, debería de estar a cargo de la Semarnat. Sin embargo, tal y como está redactada la norma esa labor puede recaer también en manos de las autoridades estatales o municipales.

La falta de claridad hace aún más vulnerables a los terrenos forestales situados alrededor de las ciudades, en especial cuando existe un gran interés de empresas inmobiliarias por estas áreas. Por ello, en las reformas a la ley se incluyen propuestas para terminar con esa ambigüedad.

También se propone mejorar la definición de terreno forestal, ya que la ley actual solo habla en términos generales de “terrenos forestales”, cuando a nivel internacional existen diferentes clasificaciones, explica David Cabrera, coordinador general jurídico de la Conafor.

“Hacer esta distinción entre las diferentes clasificaciones —apunta Cabrera— permitirá inventarios más adecuados y para que podamos conocer mejor nuestros recursos naturales”.

Por su parte, el CCMSS considera que el tener una mejor definición de terreno forestal “se obliga a la presentación de una solicitud de cambio de uso de suelo a todo aquel que busque remover vegetación forestal y cambiar el uso de suelo en cualquier ecosistema”. Esto también permitiría tener más herramientas para proteger a zonas boscosas que están en las periferias de las ciudades.

Otro punto que se quiere incorporar es la exigencia de mitigar la pérdida de carbono cuando se efectúen cambios de uso de suelo en terrenos forestales. Con ello, por primera vez, la autoridad tendrá que considerar el tema de cambio climático en sus valoraciones para autorizar un cambio de uso de suelo.

Una propuesta más de la iniciativa que diseñó y presentó el Consejo Nacional Forestal (Conaf) es la definición y delimitación de las funciones del Sistema Nacional de Gestión Forestal, para facilitar un manejo ordenado de todos los procedimientos de permisos y autorizaciones del sector.

Este paquete de reformas presentado por el Conaf no es el único. Existen alrededor de nueve iniciativas más trabajadas por otros actores y que buscan propiciar cambios significativos en la Ley General Forestal de Desarrollo Forestal Sostenible actual.

En los próximos meses, tanto diputados como senadores tendrán en sus manos la discusión y aprobación de las reformas a esta ley; además, aún está pendiente la propuesta para un nuevo reglamento que permita poner en práctica esta legislación.