Desaparecen más de 100 mil medicamentos de 4 hospitales del ISSSTE; Fiscalía indaga a funcionarios
Más de 100 mil medicamentos de distintos tipos y marcas, valuados en 23 millones de pesos, desaparecieron de los almacenes de cuatro hospitales de alta especialidad (tercer nivel) del Instituto de Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), gracias a la presunta negligencia o complicidad de trabajadores de dicho instituto.
Se trata de medicamentos que estaban destinados a tratamientos de padecimientos complejos, y que fueron adquiridos para el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el Hospital Regional Adolfo López Mateos y el Hospital Regional Primero de Octubre, todos ellos ubicados en Ciudad de México, así como el Hospital Regional León, ubicado en Guanajuato.
Estas irregularidades fueron descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte de las revisiones efectuadas durante una auditoría de cumplimiento a los inventarios de medicamentos en almacenes de unidades médicas del ISSSTE, correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2018.
De acuerdo con el informe de resultados de dicha auditoría, en los inventarios del Hospital Regional Primero de Octubre se detectó un faltante en inventarios de más de 96 mil piezas de diversos medicamentos, por un monto total de 10 millones 814 mil 459 pesos.
En tanto en el Hospital Regional León los auditores detectaron faltantes injustificados en inventarios por 9 millones 240 mil pesos, correspondientes a aproximadamente 12 mil piezas.
Además, en dos inventarios del Hospital Regional Adolfo López Mateos los auditores identificaron el faltante de 4 mil 405 medicamentos valuados en 1 millón 940 mil pesos; mientras que en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre se identificaron irregularidades en tres inventarios y el faltante de 2 mil 717 medicamentos, valuados en 1 millón 121 mil 154 pesos.
“Existe una notable falta de supervisión y control en el registro, entradas y salidas de medicamentos de los almacenes y farmacias”, concluyeron los auditores en todos los casos verificados.
Estas anomalías registradas en los inventarios equivalen a un posible fraude al erario que asciende a los 23 millones 185 mil 648 pesos. De no esclarecerse el destino de los medicamentos o la recuperación del dinero, la Auditoría presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los funcionarios que resulten responsables.
Con independencia de lo anterior, los representantes jurídicos del ISSSTE ya presentaron ante el Ministerio Público Federal dos denuncias por los casos de los faltantes en el Hospital Regional de León y en el Hospital Regional Primero de Octubre, en contra de los funcionarios que resulten responsables, y se prevé que en breve se presenten las denuncias por los casos restantes.
Además del tema de los medicamentos faltantes, el informe de resultados de la ASF identificó múltiples deficiencias más en el manejo de los inventarios de medicamentos, como falta de documentación, controles y supervisión de los procedimientos, lo que le permite concluir que dicho Instituto incumple sistemáticamente con las disposiciones legales establecidas para este tema.
Caos en contrataciones en CFE
Una auditoría forense detectó irregularidades graves en diversos procesos de contratación y adjudicación de la Compañía Federal de Electricidad (CFE) en 2018, que representan un posible fraude al erario por más de 488 millones de pesos, y que podrían dar paso a denuncias penales.
El foco rojo son cuatro contratos para la adquisición de diversos bienes que la CFE otorgó en procedimientos separados en favor de las compañías Tensor Cable, S. de R.L. de C.V., APP Insulators de México, S. de R.L. de C.V., y Tensor Mexicana, S. de R.L. de C.V., y que en realidad pertenecen a un mismo grupo empresarial.
Al revisar los documentos, los auditores descubrieron en estos procedimientos sobrecostos y ampliaciones de pagos totalmente injustificados que duplicaron los importes asignados originalmente.
Además, en diversos procedimientos la ASF detectó anomalías como la adjudicación de contratos sin presentar la evidencia documental del registro de la adquisición o servicio en el Programa Anual de Contrataciones, de la solicitud de contratación, de la suficiencia presupuestaria ni de la verificación del nivel de inventarios. Se descubrió la formalización de contratos por encima de la suficiencia presupuestaria.
Incluso los auditores descubrieron adjudicaciones directas justificadas en disposiciones legales que no eran aplicables, procesos de concurso abierto en donde en realidad no hubo propuestas, falta de constancia de invitación a proveedores en procesos con tres concursantes, investigaciones de mercado que no cuentan con lineamientos suficientes para considerarlas válidas, entre otros.
Fraude de mil millones en el campo
Por otro lado, la ASF también detectó a través de tres auditorías forenses presuntos malos manejos que superan los mil millones de pesos en diversos programas y convenios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural antes conocida como SAGARPA, durante el último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
De los malos manejos detectados 581 millones de pesos corresponden al Programa de Fomento a la Agricultura a través del cual se distribuyen recursos a empresas y beneficiarios para el desarrollo de proyectos en la materia, mientras que 394 millones de pesos corresponden al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria.
Además, se identificaron malos manejos por 80 millones de pesos en diversos convenios realizados por la entonces SAGARPA con diversas universidades y colegios públicos bajo la excepción de la licitación abierta que contempla la ley de adquisiciones, en un esquema similar al de la denominada Estafa Maestra.
En todos estos casos la ASF identificó un cumulo de irregularidades que van desde anomalías graves en facturas que los supuestos beneficiarios de los programas presentan – y que permiten presumir en muchos casos que son falsas -, hasta la falta de comprobación total de los servicios o la posible simulación de estos.
Lo más grave es que se trata de conductas reiteradas que se repitieron año tras año en el último sexenio, pese a las recomendaciones hechas por la ASF, a la promoción de sanciones administrativas e incluso a la presentación de denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
