Un juez de la Ciudad de México determinó esta madrugada someter a proceso penal a Giovana “N” y Mario “N” por su presunta responsabilidad en el secuestro agravado y feminicidio de la niña Fátima de 7 años, y concedió a la Fiscalía de la Ciudad de México cuatro meses mas para completar la investigación, previo a llegar al juicio.
Luego de una audiencia de cuatro horas y media de duración que se realizó casi en su totalidad a puerta cerrada, el juez Agustín Moreno Gaspar ordenó que la pareja de inculpados permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla todo el proceso. Mario en el Reclusorio Oriente y Giovana en el penal femenil de Santa Martha.
El juzgador consideró que el equipo de fiscales encabezado por Luis Fernando Trejo Vargas, fiscal de la Fuerza Antisecuestros, había aportado los datos de prueba iniciales suficientes, que van desde testimonios y videos hasta diversos peritajes y muestras genéticas, para presumir que Giovana y Mario fueron los responsables de la desaparición y asesinato de Fátima.
De acuerdo con las autoridades ministeriales, el plagio de la menor perpetrado cuando salió de su escuela el pasado 11 de febrero, no tuvo como finalidad pedir dinero o alguna compensación, sino directamente generarle un daño físico a la menor de parte de Mario con la participación de su pareja.
De ser encontrados culpables al finalizar el proceso de los delitos planteados por los fiscales ambos podrían alcanzar una pena superior a los cien años de prisión.
La audiencia se realizó bajo fuertes medidas de seguridad en la sala 7 de alto impacto del edificio de juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México localizado en la colonia Doctores.
La sesión inició cerca de las 9:50 de la noche, con casi una hora de retraso debido a la certificación del estado de salud y emocional que se hizo a los dos imputados. Tras determinarse que se encontraban bien es que pudo arrancar el procedimiento.
Al inicio de la sesión se permitió el ingreso de 13 representantes de distintos medios de comunicación, entre ellos Animal Político, pero antes de que comenzara a plantearse formalmente la imputación inicial los fiscales pidieron que la audiencia fuera privada y sin presencia de periodistas, bajo el argumento de que se revelarían datos personales e información sensible sobre un crimen perpetrado en contra de una menor de edad.
Al no haber oposición ni de los representantes de las víctimas ni de los abogados defensores, el juez Moreno Gaspar accedió a conceder esta medida, por lo que a los diez minutos de haber iniciada el procedimiento se desalojó a los medios de comunicación y a tres personas que habían acudido como público.
Uno de los hechos más llamativos de la audiencia inicial fue la disparidad de fuerzas, al menos en cuanto a numero de abogados y representantes, entre las partes. Mientras el equipo acusador estuvo compuesto por ocho fiscales y litigantes privados, los acusados fueron representados por dos abogados de oficio.
Del lado acusador estuvieron presentes tres agentes del Ministerio Público de la Fuerza Antisecuestros de la fiscalía capitalina, encabezados por Luis Fernando Trejo Vargas, y por cinco abogados particulares en calidad de asesores jurídicos de la familia de Fátima.
Entre los abogados particulares se encontraba Ana Katiria Suarez, litigante experimentada en casos que involucran violencia de género y que en el pasado ha llevado exitosamente casos como el de Yakiri Rubio, y Olivia Rubio Rodríguez, quien es maestra y experta en política criminal por el INACIPE.
Previo al arranque de la audiencia Katiria Suarez confirmó que esperan un proceso judicial justo en el que se reúna la evidencia suficiente que permita demostrar sin espacio a duda razonable la participación de los detenidos en el crimen de Fátima. También destacó la importancia de que se respeten los derechos a la defensa y debido proceso de los inculpados.
Por otro lado, al defensa de Giovana y de Mario estuvo conformada por dos abogados de oficio (puestos por el Estado de forma gratuita): María Rosalba Fisher y Oscar Omar Andrade.
El juez comunicó a los imputados que si en algún momento del proceso quieren integrar a otros abogados particulares están en libertad de hacerlo.
Cabe señalar que la defensa contaba con el derecho de haber pedido un plazo de hasta 144 horas para reunir pruebas que permitieran desvirtuar las imputaciones iniciales de los fiscales e intentar que no se vinculara a proceso, pero decidieron no hacer uso del mismo y que la determinación se tomara de forma inmediata.
Tanto Giovana como Mario mantuvieron un semblante serio y tranquilo, si hacer evidente alguna emoción o mueca, al menos durante los diez minutos iniciales de la audiencia antes de que la misma se decretara privada.
Mario, quien vestía pantalón y una chamarra deportiva de color gris, fue el mas activo previo al arranque de la sesión pues en al menos dos ocasiones intercambió algunos comentarios con los abogados de oficio.
Giovana en cambio, con ropa de color oscuro y el cabello recogido, permaneció en el extremo de la mesa casi siempre con la mirada hacia enfrente y sin interactuar con nadie. Se le pudo apreciar mas tranquila en comparación con algunos videos y fotos de su detención donde denotaba un visible nerviosismo.
De lado de la familia de Fátima no estuvo presente ningún integrante en la sala de juicio. La madre de la niña, María Magdalena, quien tiene la calidad de víctima indirecta, comunicó que no se sentía bien para acudir a esta audiencia, pero sus derechos y representación estuvieron cubiertos por los cinco asesores jurídicos que nombró previamente.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México integra una investigación que podría derivar en la emisión de medidas cautelares, tras haber recibido al menos dos quejas en las que se advierte la posibilidad de que se vean vulnerados los derechos de defensa y de un proceso con perspectiva de género de Giovana “N”.
Autoridades del organismo autónomo indicaron que ya se lleva a cabo la investigación y en breve se darán a conocer los resultados.
Ayer una abogada particular declaró en medio de comunicación que tenía la intención de representar legalmente a Giovana pero que desistió luego de haber recibido “amenazas”.
Una de las quejas promovidas ante la Comisión subraya la importancia de que se requiera a la Fiscalía que la investigación complementaria que lleve a cabo se desarrolle con perspectiva de género, es decir, que se analice el contexto de violencia y la relación de subordinación, violencia y desigualdad que podría presentarse entre Giovana y Mario.
También se solicita que la CDHDF emita medidas cautelares para proteger los derechos de los hijos de la pareja de inculpados