La conformación y despliegue de la Guardia Nacional en el país no avanza, hasta el momento, como el gobierno había planificado. Su estado de fuerza actual, de acuerdo con un informe oficial, es de 76 mil elementos, casi 16 mil efectivos por debajo de lo que se planificaba contar desde el cierre de 2019.
Esta meta no se ha cumplido pese a que desde el año pasado se ha priorizado la evaluación de aspirantes a la Guardia en los centros de control de confianza, y a que se concedió al Ejército mexicano, de forma inédita, la facultad de aplicar parte de las pruebas con el fin de agilizar el procedimiento.
Un informe oficial presentado el pasado 30 de enero ante la plenaria de diputados de Morena reveló el referido estado de fuerza de 76 mil elementos de la Guardia Nacional, que ya incluye tanto elementos de nuevo ingreso aprobados y capacitados, así como a personal transferido desde la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal.
En 2019 el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló en diversas ocasiones que esperaba contar al cierre de ese año con un estado de fuerza de, por lo menos, 92 mil efectivos. Todo ello como una primera fase para a la postre alcanzar la meta final de 140 mil efectivos.
En octubre de 2019 la Guardia Nacional ya había conseguido desplegar más de 60 mil elementos gracias a la transferencia de militares y marinos, y de un numero importante de policías federales. Pero desde esa fecha el crecimiento del estado de fuerza se ha hecho más lento, debido a que depende ahora de nuevos reclutas que deben superar las pruebas de ingreso para ser aceptados.
Animal Político publicó el pasado 27 de enero que, en promedio, solo 1 de cada 10 aspirantes que se han inscrito para participar en el reclutamiento de la Guardia Nacional han conseguido superar el proceso de las evaluaciones de control de confianza.
En el informe presentado ante los legisladores de Morena, el general Luis Rodríguez Bucio, comandante en jefe de la Guardia, explicó que en diciembre pasado se realizó el reclutamiento de 21 mil 170 elementos los cuales, sin embargo, hasta el cierre de enero continuaban en fase de capacitación.
Se definió que la meta para 2020 es conseguir, por lo menos, 50 mil nuevos elementos acreditados y desplegados al cierre de fin de año.
El reclutamiento de elementos de la Guardia Nacional se volvió desde el año pasado una prioridad para todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluso en detrimento de otros procedimientos y corporaciones.
Por ejemplo, en mayo del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Acuerdo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el que se determinó de forma extraordinaria ampliar de 2 a 3 años la vigencia de los certificados de control de confianza de las corporaciones de policía.
Esto con la intención de posponer cualquier reevaluación de los policías que retarde la evaluación de los candidatos a la Guardia Nacional en los centros certificados para ello.
Además, y de forma inédita, se aceptó que sea la Secretaría de la Defensa Nacional la que realice más de la mitad de la batería de las evaluaciones que conforman el procedimiento de certificación de confianza. Esto con el objetivo de que se agilizara el procedimiento.
Por otro lado, el informe oficial presentado ante los diputados detalla que la Guardia Nacional cuenta actualmente con 69 cuarteles de la meta de 236 con los que se espera contar a mas tardar en el año 2021. La idea de estas bases es alojar guarniciones permanentes de la Guardia.
Los cuarteles con los que actualmente se cuenta se concentran en tres entidades: 18 en Guanajuato, 29 en Jalisco y 22 en Michoacán, mientras que hay otros 12 que están por entrar en funcionamiento en Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí y Sonora.
El plan, según lo expuesto por el general Rodríguez Bucio, es que al cierre de 2020 se cuente con 79 cuarteles nuevos, mientras que en 2021 se construirían otros 76.
En cada uno de estos cuarteles se cuenta, entre otras cosas, con salas de juntas, centros de comunicaciones, áreas de acondicionamiento físico, comedor, y alojamiento para un total de 120 a 150 elementos.
Por otro lado, el informe reporta que la Guardia Nacional cuenta actualmente con 34 aeronaves, de los cuales 12 son aviones y el resto son helicópteros Black Hawk y Eurocopter.
Además, se cuenta con aproximadamente 12 mil vehículos terrestres provenientes de la extinta Policía Federal y otros cedidos en comodato por las secretarías de la Defensa y de la Marina, pero se prevé para este año 2 mil 234 camionetas tipo pick up.
El informe presentado por el general Rodríguez Bucio señala que la Guardia Nacional ha participado en ocho tipo de operaciones, entre las que destacó la colaboración con el Instituto Nacional de Migración para la operación de dos acciones: el denominado “Despliegue Conjunto en la Frontera Sur” y el “Plan de Migración y Desarrollo Frontera Norte”.
En ambas acciones, la corporación detalló que el objetivo es “controlar el flujo migratorio” y a su vez “brindar seguridad” a los migrantes.
Este tipo de operativos han sido notorios públicamente por incidentes como el ocurrido el pasado 23 de enero cuando se tuvo que utilizar incluso gas lacrimógeno y elementos antimotines para contener a migrantes centroamericanos que intentaron ingresar al país.
Por otro lado, la Guardia Nacional reportó los resultados de diversos operativos como, por ejemplo, el aseguramiento de 647 mil litros de gasolina y 1 millón 374 mil litros de diésel en acciones contra el robo de combustible, así como la neutralización de 25 tomas clandestinas.
Detalló que sus elementos han conseguido el decomiso de 382 armas de fuego y se han realizado 448 servicios de apoyo en seguimiento a probables delitos. Se han efectuado 22 vuelos con aeronaves no tripuladas en acciones de inteligencia.
Y en el caso específico del combate al secuestro el informe oficial reporta que se implementaron 16 operativos consiguiéndose la liberación de 103 personas y deteniendo a 11 probables responsables. Con esto, indica la corporación, se frenó el pago de al menos 296 millones de pesos que los criminales exigían como rescate.