Exempleada denuncia a la Universidad del Bienestar ante el INAI por difundir datos personales
Una exempleada de la Universidad del Bienestar Ponciano Arriaga –en paro desde hace 11 días– denunció a la institución y a su titular, Raquel Sosa, ante el INAI por el uso indebido de datos personales al haber difundido su información fiscal y bancaria sin su consentimiento a través de un comunicado de prensa distribuido el pasado 24 de febrero.
El Organismo “incumplió con sus deberes de confidencialidad y de adoptar medidas de seguridad respecto al tratamiento de datos personales establecidos en los artículos 31 y 32 de la Ley General de Transparencia”, se lee en la denuncia ingresada al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el pasado martes.
Raquel Sosa, directora del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, firmó un comunicado donde dio a conocer los pagos realizados a dos exempleadas para justificar la decisión de separarlas del cargo; también los nombres y matrículas de estudiantes inconformes a quienes señala de haber tomado las instalaciones “con violencia”.
El despido de Jessica Castillo, la denunciante, y otra persona, quienes eran las únicas empleadas administrativas de la institución ocurrió la tarde del 17 de febrero y fue el detonante en una serie de inconformidades entre los estudiantes que no fueron resueltas, por lo que decidieron tomar las instalaciones a partir de ese día.
Los estudiantes demandan certidumbre académica, toda vez que la escuela nació como una asociación civil sostenida económicamente por diputados y senadores del partido Morena, pero al iniciar este gobierno se integró al programa de las 100 Universidades para el Bienestar.
Sin embargo, en la transición han ocurrido cambios a la currícula que alteró la organización de la carrera de Derecho y a la primera generación que está por concluir. Tampoco se han aprobado reglamentos nuevos para determinar la forma de titulación.
La dirección encabezada por Verónica Castro, exigió a los profesores a trabajar tiempo completo, lo que originó la deserción de maestros que ejercen la profesión en ámbitos adicionales al académico y que, a decir, de los estudiantes, dichas bajas fueron en detrimento de la calidad de sus clases.
Además los empleados del servicio de limpieza y vigilancia también se fueron debido a la falta de pago. Los últimos despidos fueron los de las dos empleadas administrativas, quienes, según el comunicado firmado por Raquel Sosa, “se negaron a abandonar la escuela y solicitaron apoyo de los estudiantes para impedir que procediera dicha entrega”.
Sin embargo, en una grabación del momento del despido enviado a Animal Político, se escucha que no hubo resistencia para abandonar el lugar.
En cambio, se escucha a las empleadas explicar a Sosa que la directora les hizo firmar una “terminación voluntaria” con la asociación civil, es decir, la anterior administración de la escuela, para poder ser recontratadas en la nueva.
Pero, dijeron, no se trató de una separación voluntaria sino la liquidación de la asociación civil y, por tanto, así debían ser indemnizadas bajo esa figura.
– ¿Ustedes son abogadas?, pregunta Sosa.
– No.
– Ah, entonces a veces esos términos complican las cosas innecesariamente.
Raquel Sosa continuó explicando que la liquidación de la asociación civil concluyó en diciembre de 2019 y, por lo tanto, al ser administrada ahora por el gobierno federal, las condiciones de la plaza serían ínfimas.
“Ustedes estaban contratadas por seguro social y otras prestaciones y resulta que todo el personal que tenemos ahora es personal voluntario, no tenemos autorizados pagos por servicios profesionales. Ustedes pueden hacer el documento que les parezca adecuado”.
Las empleadas reclamaban la forma en que ocurrió el despido “se nos dijo que era una terminación voluntaria porque seguiríamos en el organismo. Una vez que lo firmé ahora me dicen ‘ya no trabajas en el organismo’. Eso me parece una forma deshonesta”.
Después de varios minutos de intercambio se escucha a Sosa concluyendo la reunión pidiendo que las empleadas recogieran sus cosas y se retiraran, cosa que ocurre sin percance.
El 24 de febrero, Sosa envió un comunicado a la comunidad universitaria donde expone los pagos que supuestamente se realizaron a las empleadas y difunde el nombre completo de ambas, RFC, clabe interbancaria, y los datos de los depósitos.
En la denuncia se señala que la universidad hizo un “tratamiento inadecuado e indebido de datos personales en posesión de sujetos obligados”. Si bien el Organismo coordinador de las Universidades, al ser un ente del gobierno Federal podría difundir los datos respecto a los sueldos y salarios que reciben los funcionarios públicos, en este caso hay un elemento adicional.
Dicha información “no ha sido difundida de manera pública por el Organismo mediante un tabulador oficial o cualquier otro instrumento o documento que establezca de manera clara y transparente los sueldos y salarios que recibe el personal a su cargo”, sustenta la denuncia.
Por tanto, “no tomó en cuenta los criterios de riesgo inherente y la sensibilidad de mis datos personales al difundirlos de manera pública a través de correos electrónicos, así como el posible riesgo y consecuencias de la vulneración de mi derecho a la privacidad inherente en la protección de los datos personales en su poder”, afirma la denunciante en el documento presentado el 25 de febrero.
