“¿Ustedes son los del colectivo que buscan personas desaparecidas? Les tengo información para las búsquedas y si salen a buscar personas desaparecidas se los carga la chingada a ustedes y sus familias”. Eran las 19:52 horas del martes cuando José Gutiérrez, del colectivo Sembrando Comunidad, dedicado a la búsqueda de desaparecidos en Guanajuato, recibió una llamada amenazante.
Él se encontraba en su coche junto a su compañera en la organización, Janet Miranda. Viajaban desde León, donde habían tenido una reunión con fiscalía y medio centenar de familiares de desaparecidos, hasta Irapuato.
“Nos percatamos que nos venía siguiendo una camioneta azul y empezamos a tomar acciones evasivas, a dar vueltas, hasta que la perdimos”, explica, en entrevista telefónica con Animal Político.
Tras recibir la llamada, se asustó y lanzó la alerta. Desde el Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas le enviaron tres patrullas de la policía estatal. Su misión era acompañarlos a su domicilio, pero le convencieron para acudir a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Luego, los agentes se marcharon.
En fiscalía presentó denuncia y se abrió la carpeta de investigación 18186/2020. Según consta en su declaración, Gutiérrez solicitó “las medidas de protección de forma urgente”, argumentando “un temor de que me pueda pasar algo a mi persona o a mi familia”.
“Nos pueden matar o nos pueden desaparecer”, dijo, en conversación con Animal Político.
El fiscal general, Carlos Zamarripa, aseguró en declaraciones a periodistas que conoce la existencia de la denuncia y que “se está indagando”.
“De inmediato se activó la protección de acuerdo a la ley. Estas personas prefirieron la protección federal y se mandó informe”, dijeron fuentes de la fiscalía consultadas.
Gutiérrez refuta esta versión. “Nos negaron la protección”, afirma. Dice que la única alternativa que se ofreció fue un ministerial que los acompañaría a casa. Un agente que no les generó confianza. “Vino de un modo muy grosero, enfadado, así que decidimos marcharnos”, asegura.
Fuentes de la secretaría de Gobernación consultadas por Animal Político indicaron que se evalúa la seguridad según el caso. Sin embargo, precisaron que, en unas circunstancias como las de Gutiérrez, el protocolo indica que deberían haber recibido un apoyo igual al que les había brindado previamente la policía estatal.
Tras recibir las amenazas y sentirse inseguros, Gutiérrez y Miranda abandonaron el estado de Guanajuato.
El activista vincula las amenazas a su labor de búsqueda y sus denuncias contra la fiscalía. Según asegura, el gobierno de Guanajuato ha negado la existencia de fosas clandestinas. Sin embargo, asegura que su colectivo ha logrado documentar la existencia de al menos 18 de estos lugares en los que, presuntamente, habría enterrados restos humanos.
El Informe sobre Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas indica que Guanajuato no reportó la existencia de ninguna fosa clandestina.
“Esto es el problema que se le viene a la fiscalía, que nunca había sido cuestionada”, afirma.
Según el mismo informe, en Guanajuato se registraron 672 personas desaparecidas o no localizadas desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad. Gutiérrez niega esas cifras y dice que podrían ser miles.
Recientemente, el fiscal general aseguró ante medios locales que “más del 90% (de las personas reportadas como desaparecidas) las hemos localizado en las primeras 24 horas. Hay otros que no lo hemos hecho, pero no hemos dejado de buscarlos”. Incluso aseguró que habían identificado y entregado a personas que buscaban en el colectivo.
El 13 de febrero, 5 días antes de las amenazas recibidas por Gutiérrez, se produjo una reunión entre representantes de Gobernación del estado de Guanajuato, Fiscalía, Comisión Nacional de Búsqueda y colectivos y familiares de desaparecidos. En ella se debatió sobre la posibilidad de iniciar labores de búsqueda en el estado.
Sembrando Comunidad lleva apenas unos meses de actividad en la búsqueda de desaparecidos. Asegura Gutiérrez que comenzaron plantando árboles y colocando placas por las víctimas de violencia y feminicidios hasta que comenzaron a interesarse por las carpetas de investigación de las personas de las que no había rastro. Actualmente, unas 150 personas participan en el grupo.
Guanajuato concentró 3 mil 540 asesinatos de los 34 mil 582 que se registraron en todo el país en 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así se convirtió en el estado más violento de México durante el año más violento del que se tiene registros.