La Estafa Maestra: Investigan a Zebadúa por lavado y presentan nueva denuncia contra Robles
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presunto lavado de dinero a Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, y encargado de la administración del presupuesto de ambas dependencias cuando ocurrió el presunto esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra.
También se investiga a su hermano, José Ramón Zebadúa, y a Roberto Gómez Morales, quien ha sido chofer de Emilio Zebadúa durante años, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda encontró “operaciones inusuales” en sus cuentas bancarias, confirmaron fuentes de la Fiscalía y de Hacienda a Animal Político.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera también denunció penalmente a Rosario Robles por el ocultamiento de información respecto a este esquema de desvío, en el que las dependencias que encabezó realizaron convenios con universidades públicas y éstas subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma.
Sin embargo, la exfuncionaria no está incluida en la denuncia penal por lavado de dinero, toda vez que Hacienda no encontró operaciones inusuales en sus finanzas.
Las nuevas denuncias se encuentran en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de reciente creación.
El otro exfuncionario que también está siendo investigado por presunto lavado de dinero es Ramón Sosamontes, quien fue jefe de Oficina de la Sedesol, y luego se integró a la Sedatu durante ambas gestiones de Robles.
Sosamontes ha sido colaborador cercano de Robles desde que ella encabezó el gobierno de la Ciudad de México y él era delegado de Iztapalapa en 1999. Luego fue su vocero de campaña cuando buscaba la dirigencia del PRD y, al ganar, lo nombró secretario de Asuntos Electorales en 2002.
También renunciaron juntos al PRD en 2004, con el señalamiento de la deuda del partido durante las elecciones de 2003 que incluyó facturas a empresas fantasma, según documentó el informe del Órgano Central de Fiscalización del PRD dirigido por militantes como Ricardo García Sainz, Ifigenia Martínez y Carlos Payán.
En tanto, Emilio Zebadúa es hermano de José Ramón Zebadúa, quien fue coordinador de Planeación y Desarrollo en el Gobierno del Distrito Federal, cuando Robles fue Jefa de Gobierno; luego cuando asumió la presidencia del PRD, lo nombró su coordinador de Administración y Finanzas del partido.
Implicados en La Estafa Maestra
Emilio Zebadúa firmó convenios de colaboración entre la Sedesol y las universidades de Morelos y del Estado de México, que permitieron la contratación de supuestos bienes y servicios para la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero las instituciones de educación subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, y por lo cual desaparecieron más de 2 mil millones de pesos de recursos públicos, como lo documentó la investigación periodística La Estafa Maestra.
Antes de la publicación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había señalado que las universidades públicas habían violado la ley al subcontratar más de 90% de los montos que cobró a la Sedesol, toda vez que la legislación sólo permitía subcontratar hasta 42%.
Además encontró que los servicios no se hicieron y diversas irregularidades por lo que interpuso nueve denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República, entre 2015 y 2017, pero ninguna de ellas ha llevado a juicio a los exfuncionarios hasta el momento.
Sosamontes, representando a la Sedesol, firmó seis convenios con Radio y Televisión de Hidalgo entre 2014 y 2015 por un monto total de 584 millones de pesos, para servicios como: “desarrollar la estrategia y programa anual de comunicación social y materiales en audio y video para la Cruzada contra el Hambre”. En cuatro de ellos también firmó Gustavo Rodríguez González, entonces director de Comunicación Social de la dependencia y quien repite en el cargo en Sedesol.
Sólo por los tres convenios de 2015, la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia penal ante la PGR el 27 de octubre de 2017, pues según la auditoría D17002 los convenios “sirvieron como vía para la distribución irregular de los recursos, dado que no existe evidencia de que varias de las empresas vinculadas hayan realizado trabajo o servicio alguno en favor de Radio y Televisión de Hidalgo o de Sedesol”.
