Para este 2020, el presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados para la Fiscalía General de la República (FGR) sufrió recortes en áreas clave para el combate, la investigación y el esclarecimiento de los delitos.
En noviembre del año pasado, cuando los diputados aprobaron el Presupuesto 2020, se dio a conocer que la FGR dispondrá de 16 mil 702 millones de pesos, hasta 1 mil 500 millones menos de lo que el Gobierno Federal solicitó en el Proyecto de Presupuesto que se presentó meses antes, en septiembre de 2019.
Pero, en aquel entonces, no se especificó cuáles eran las áreas afectadas por el ajuste presupuestal. Hasta que ahora, con la entrada del nuevo año, Hacienda publicó en su web el Presupuesto aprobado a detalle, donde, por un lado, destacan recortes a la Policía Ministerial, la SEIDO, y los servicios periciales y forenses, y, por otro, hay un aumento notable de dinero para la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con lo publicado por Hacienda, de los 1 mil 500 millones de pesos recortados a la FGR, entre lo que se solicitó en el Proyecto de Presupuesto y la aprobación final del Presupuesto para 2020, el 70% impactará en el apartado de ‘Investigación del Delito Federal’, que se quedará con una bolsa de 15 mil 219 millones; 1 mil 063 millones menos de lo solicitado.
Y dentro de este apartado global, destacan varios recortes en instancias específicas.
Por ejemplo, la Policía Federal Ministerial, que tiene entre sus funciones apoyar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos, tuvo una reducción de 382 millones 541 mil pesos: en el Proyecto de Presupuesto de septiembre se pidieron 3 mil 138 millones, pero en noviembre los legisladores aprobaron 2 mil 801 millones, un 12% a la baja.
Además, si se hace la comparación entre presupuestos aprobados, es decir, el que se aprobó para el 2019 y el que se aprobó para este 2020, la Policía Federal Ministerial afrontará este año con una reducción de casi 348 millones de pesos.
Otro ajuste se produjo en la Coordinación General de Servicios Periciales, cuyos peritos, técnicos y analistas se encargan de ayudar al MP a esclarecer hechos delictivos, como asesinatos a través de herramientas científicas y forenses.
Esta instancia, que incluye entre otras a la Dirección General de Ingenierías Forenses y de Laboratorios Criminalísticos, tendrá 1 mil 223 millones de pesos, casi 62 millones menos de lo que se solicitó en el Proyecto de Presupuesto, aunque dispondrá de 198 millones más en comparación con lo aprobado para 2019.
Ángel Ruiz, investigador del Programa de Derechos Humanos de la organización civil Fundar, dijo en entrevista con Animal Político que este ajuste entre lo solicitado y lo aprobado en la Coordinación de Servicios Periciales “es preocupante”. Especialmente, precisó, porque se produce en un contexto marcado por la “crisis forense” que México vive en la actualidad, donde la actuación de los peritos forenses es determinante en la identificación de miles de personas desaparecidas y en el esclarecimiento de crímenes.
Sobre esta crisis forense, Natalia Cordero, también investigadora de Fundar, señaló en un artículo publicado en este medio en diciembre pasado que hay más de 37 mil cuerpos que no han sido identificados y que se encuentran en resguardo de los servicios forenses, además de los 4 mil 947 cuerpos y restos humanos que el Gobierno Federal de López Obrador informó que, entre 2006 y agosto de 2019, se encontraron en 3 mil 024 fosas clandestinas.
“La mayor parte de los peritajes forenses en todo el país se le pide a la Coordinación de Servicios Periciales, porque las fiscalías especializadas no tienen sus propios servicios periciales. Por ello, aunque un recorte de 60 millones de pesos pueda parecer que no es mucho, sí es preocupante”, subrayó Ángel Ruiz.
Otro recorte que preocupa, añadió el investigador, es el que se aplicó a la investigación de delitos cometidos en materia de derechos humanos. Para 2020 fueron aprobados 370 millones a este rubro, 7 millones menos de lo que se pidió originalmente.
Y dentro de ese rubro, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos también tendrá un ajuste a la baja: le aprobaron 209 millones de pesos, 7 millones menos de los solicitados, aunque dispondrá de 59 millones más que en 2019.
Las que no sufrieron recortes entre lo solicitado y lo aprobado, pero tampoco aumentos, son las Fiscalías Especiales de Delitos contra la Mujer (66 millones), de Delitos de Tortura (750 mil pesos), de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE, con 14 millones 490 pesos), y de Delitos contra Desaparición Forzada (22 millones).
Tampoco experimentaron modificaciones las Unidades Especializadas en Investigación de delitos contra Migrantes (un millón 550 mil pesos) y en materia de Secuestros (23 millones 918 mil pesos).
Por otra parte, otro apartado que sufrió recortes es el de ‘Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada’, que incluye, entre otros, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el Centro Nacional de Planeación, y Análisis para el Combate a la Delincuencia, y la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud.
En el Proyecto de Presupuesto de septiembre se solicitaron 1 mil 811 millones de pesos para este apartado, y en noviembre los diputados le aprobaron 1 mil 662 millones, 149 millones menos. Si se compara con el presupuesto aprobado de 2019, el dinero para combatir e investigar a la delincuencia organizada también sufrió en 2020 un recorte de 103 millones de pesos.
Dentro de este rubro de ‘Investigar y perseguir los delitos relativos a Delincuencia Organizada’ destaca el ajuste a la SEIDO, a la que se le aprobó una bolsa de 569 millones 229 mil pesos, 32 millones menos de los solicitados. En comparación con el presupuesto aprobado en 2019, también tendrá este año un recorte de 27 millones de pesos.
Por otra parte, las fiscalías estatales también se vieron afectadas, a pesar del aumento de la violencia en varios estados de la República.
Por ejemplo, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, que el próximo día 10 pasará a ser también Fiscalía, contará con 148 millones de pesos; dos millones menos de lo proyectado, y 33 millones menos en comparación con el presupuesto que le fue aprobado en 2019.
Esta reducción contrasta con el aumento de asesinatos en la capital mexicana: entre enero y noviembre de 2019, según cifras oficiales, se registraron 1 mil 504 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios. Esto equivale a un promedio diario de 4.5 mujeres y hombres asesinados cada 24 horas en Ciudad de México.
Se trata del mayor nivel de violencia homicida registrado en la capital en los últimos 25 años, con una tasa de 17.16 víctimas por cada 100 mil habitantes, un incremento del 3.2% respecto a 2018.
Además, los 5 estados que concentraron en 2019 prácticamente la mitad de todos los asesinatos cometidos en el país -Guanajuato, Baja California, Edomex, Jalisco y Chihuahua-, también experimentaron ajustes de entre uno y dos millones de pesos a la baja en sus respectivas fiscalías estatales.
Por el contrario, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de María de Luz Mijangos, sí tendrá un aumento importante de presupuesto.
Esta Fiscalía, que se encarga de realizar la “investigación, prevención y persecución” de los delitos relacionados con hechos de corrupción previstos en el Código Penal Federal, como cohecho y desvío de recursos públicos, dispondrá para este año de 110 millones de pesos ya aprobados por los legisladores; hasta 100 millones más de los 10 que se pidieron originalmente en el Proyecto de Presupuesto.