Outsourcing ilegal se castigará como delincuencia organizada, con hasta 20 años de cárcel
El gobierno de México detectó mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales, por lo que hizo un llamado a estas empresas a regularizarse ya que quien cometa estas prácticas ilícitas serán responsabilizados de delincuencia organizada y enfrentarán penas de hasta 20 años.
El procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Romero Aranda, explicó que en esta administración se castigará a todas aquellas empresas que ofrezcan el servicio de subcontratación ilegal, pero también a quienes lo adquieran.
“Al que contrata este tipo de servicios corre riesgos. ¿Qué riesgos puede correr? Que se le inicie una investigación, que se presente la querella respectiva, que se gire orden de aprehensión y que pueda ser sancionado hasta con 14 años de prisión por contratar este servicio”, detalló el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda.
En el caso de quien presta este servicio ilegal, detalló, puede ser sancionado con prisión preventiva oficiosa o condenado hasta con 20 años de prisión.
Cerca de 6 mil empresas cometieron prácticas de subcontratación abusiva en 2019, lo que habría generado una evasión fiscal de 21 mil millones de pesos, dijo este miércoles Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.
Alcalde criticó que por estas acciones se precariza el mercado laboral, además de que se afectan a los trabajadores porque se les priva de prestaciones laborales y de la antigüedad en sus empleos, los ingresos por primas (vacacionales, aguinaldos, liquidaciones, entre otros) y el acceso a créditos de vivienda.
Generalmente estas empresas están constituidas por pocas personas, no tienen activos y se constituyen con un fin ilegal ya que no reportan sus cuotas patronales y defraudan al IMSS, al SAT y al Infonavit, dijo Aranda.
El Congreso avaló en 2019 una reforma para combatir la evasión fiscal por parte de las empresas la cual –según la legislación– sería considerada como delincuencia organizada.
Zoé Robledo, director del IMSS, destacó que durante el último mes de 2019 se detectaron 14 mil 553 empresas, con entre 101 y 500 empleados y que pagan una nómina de más de un millón de pesos, al que dieron de baja a todo su personal.
Robledo destacó que para este año se están planteando nuevas acciones para empresas que, de manera irregular registran a sus trabajadores con un monto diferente a su salario real.
Indicó que las acciones del grupo de trabajo se han concentrado en siete operativos especiales a grandes empresas con esquemas de subcontratación en sectores como hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéutica, minería y producción de alimentos.
“En estos operativos se han detectado a 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente y a cerca de 36 empresas subcontratistas involucradas, es decir, es todo un esquema realmente sofisticado de empresas que, cada vez que había una acción de autoridad, saltaban a otra empresa o movían a la nómina”, subrayó.
El director general del IMSS dijo que se trabaja en conjunto entre instituciones para que la información que los patrones le reportan al SAT sea idéntica a la que reportan al Seguro Social, y que las facultades de todos, en términos de inspección y fiscales, sean empleadas de manera integral.
Enfatizó que el subregistro y la subcontratación ilegal también afectan los ingresos públicos, en particular al Seguro Social, porque no llegan los montos por la vía de cuotas que corresponde al salario de los trabajadores, lo cual durante años ha impedido mejorar la atención médica, el crecimiento en infraestructura y la capacidad instalada.
