Los 10 sepelios de Alcozacán, Guerrero: la comunidad que se resiste al crimen
Cada kilómetro de la carretera entre Chilapa y José Joaquín de Herrera, dos municipios nahuas de la Montaña baja, está salpicado de sangre. Alcozacán, Guerrero, de donde son los diez hombres asesinados el viernes 17 de enero, entre ellos un menor de 15 años, está a la mitad de este corredor mortal.
Israel Tolentino Ahulicán, de 24 años, uno de los asesinados, se había ido de Alcozacán para alejarse de la violencia, como lo han hecho muchísimos habitantes más de este y otros pueblos. Toda la familia de Israel se fue de Guerrero a Morelos.
Israel regresó dos viernes atrás, el 3 de enero, porque la comunidad lo eligió para ser policía comunitario por un año. Se integraría a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) este sábado 18 de enero. Israel no era músico, ni el resto de las víctimas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ante la nula información sobre cómo ocurrieron los asesinatos aseguró que la única certeza que tenían es que los 10 eran músicos. Pero no se trata de los integrantes del grupo Sensación Musical, sino del personal que carga los instrumentos, los que fueron rentados al grupo Conquistador, contratado para tocar en la fiesta patronal de Tlayelpan, a tres horas de Alcozacán, a cuatro desde Chilapa.
En septiembre del 2014, varios de los pueblos de esta ruta, crearon la Policía Comunitaria para defenderse de las incursiones del grupo criminal Los Ardillos. Los Ortega Jiménez, familia a quien las autoridades ubican como quien maneja el negocio local, es la cuna de Bernardo– tres veces diputado local, una de esas, incluso fue coordinador del Congreso–, no han sometido a 16 pueblos nahuas para hacerse del control total de un área que abarca ya cinco municipios: Quechultenango (donde empezó su historia criminal), Mochitlán, Tixtla, Chilapa y José Joaquín de Herrera.
La ruta
Un día después del asesinato de los 10 habitantes de Alcozacán, el retén militar en el crucero a Ayahualulco, a unos 15 minutos de Chilapa, está sin vigilancia.
Este crucero tiene un camino de terracería que conecta con Mochitlán y Quechultenango, el primer feudo de los Ortega Jiménez. Hay sólo dos soldados del lado izquierdo de la carretera. Puede pasar libremente todo aquel que vaya de Chilpancingo a Chilapa o de Mochitlán-Quechultenango a Chilapa. Del lado contrario de la carretera, quizá no sea así, los soldados detendrían a quien resulte sospechoso.
No es día de tianguis. Los sábados, la ciudad con el mercado de origen prehispánico, luce tranquila, podría decirse que semivacía. La gente de Chilapa, testiga de una disputa cruenta entre Los Ardillos y Los Rojos– los segundos languidecen, de acuerdo a la FGE– se ha acostumbrado a los hechos violentos. No hay rostros afligidos. Una noticia sobre 10 asesinados no perturba su vida.
Unos 10 minutos adelante de Chilapa hay una desviación que lleva a Hueycatenango, la cabecera de José Joaquín de Herrera, y mucho más allá también a Quechultenango, en otro camino de terracería que muy pocos transitan. El primer poblado que aparece es Atzacualoya, a 20 minutos de Chilapa, la puerta de esta ruta funesta.
Google arroja cosas siniestras sobre Atzacualoya cuando se escribe este nombre en su plataforma. En el camino de Chilapa a Atzacualoya han aparecido los restos de hombres de Chilapa: desmembrados, degollados, decapitados, como el caso del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Jahaziel Gálvez Ayate, el 8 de mayo del 2017.
El 24 de noviembre del 2015, adelante de este poblado, asesinaron a una familia que iba en una unidad del transporte público. El 26 de febrero del 2018, la precandidata del PRI a la diputación local, originaria de Atzacualoya, Dulce Nayeli Rebaja Pedro, su primo Crescencio, su tío Francisco y su tía María del Refugio, aparecieron asesinados, poco antes de llegar a la población.
Los pueblos nahuas, como Alcozacán, quedaron en medio. Para blindarse, en septiembre del 2014, 16 comunidades originarias, encabezadas por Rincón de Chautla, crearon la CRAC-PF. Como esta policía ha repelido ataques de Los Ardillos en sus comunidades, hay quienes de forma automática, la asocian con Los Rojos.
Otras comunidades, también de origen nahua, principalmente Zelocotitlán, en 2015, crearon otro grupo de policías comunitarios, a los que denominaron Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia. Desde entonces, los encontronazos son entre estos dos grupos. Hay comunidades enemigas, con posiciones irreconciliables, y otras divididas, porque algunas familias apoyan a la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia y otras a la CRAC-PF.
Una mujer de 63 años de edad, originaria de Tula, uno de los pueblos adheridos a la CRAC-PF, tiene una hija que se casó con un joven de Colotepec, simpatizante de la otra policía comunitaria. Una vez su hija se atrevió a hablarle por teléfono. Escuchó a sus nietos llorar porque querían verla. También su hija lloró porque no puede reunirse con ella. Le dijo que si ella iba a Tula o al revés, ambas, corrían peligro. Después de la llamada borró el número. Le dijo que los de la Policía Comunitaria revisan sus celulares, para saber con quién se comunican.
En Tula la CRAC-PF exige para su panteón un punto militar. La gente cuenta que sólo a 800 metros hay dos campamentos de sus enemigos. Les apuntan directo, como si fueran francotirados. Y les llaman enemigos porque los quieren exterminar, no es que para ellos lo sean.
Un episodio cruento ocurrió el 27 de enero del 2019. Ese día, 12 policías del grupo Paz y Justicia fueron emboscados y asesinados. Llamaron refuerzos e intentaron irrumpir en Rincón de Chautla, otra de las 16 comunidades que resisten al grupo criminal a 30 minutos de Tula, pero la CRAC-PC repelió la incursión, mató a otro integrante de este grupo y se apropió de equipos de comunicación, camionetas y armas.
Siguieron más ataques, más asesinados, más desaparecidos, entre ellas mujeres. En julio del 2019, dos mujeres originarias de Zacapexco, integrantes de la CRAC-PF, aparecieron asesinadas a la orilla de la carretera de Atzacualoya. Esta policía sostiene que Los Ardillos y su grupo encubierto de policías comunitarios les han asesinado a 38 integrantes, dos mujeres.
Rincón de Chautla saltó a las noticias internacionales en mayo del 2019 cuando difundieron un video de niños entrenando para defenderse de Los Ardillos.
Bloquean para que les entreguen los 10 cuerpos
Después de Atzacualoya, siguiendo la carretera, aparece Mexcaltepec, poco después Colotepec, más allá Tula y después Alcozacán. Desde el asesinato de los 10 hombres, habitantes de las 16 comunidades integradas a la CRAC-PF, se volcaron al crucero de este pueblo que queda en medio de la ruta para bloquear el paso a Hueycatenando.
Antes del bloqueo, a unos 100 metros hay un retén. Este retén es vigilado por pocos hombres, unos 20, pero bien armados. Lo que tienen en las manos no son escopetas de un solo tiro. En el crucero de Alcozacán está la mayoría de comunitarios, llevan escopetas, algunos solo machetes. Hay mujeres con hijos en brazos, algunas embarazadas, niños, adolescentes y ancianos. Alrededor de 300 habitantes realizan este bloqueo, aunque Bernardino Sánchez Luna, uno de los fundadores de la CRAC-PF, afirma que alrededor de 1,500 habitantes de los 16 pueblos participan en la acción.
Uno de los coordinadores de la CRAC-PF, Nicolás Marcelo Rodríguez, llama a los habitantes dispersos en el crucero. Lo hace porque hay medios de comunicación y quiere para mandar un mensaje al gobernador Héctor Astudillo Flores. Exige que a las víctimas las lleven hasta Alcozacán, porque cercados, como están por Los Ardillos y la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia no pueden salir. De hacerlo, habría más de 10 asesinados.
También piden al Ejército y a la Guardia Nacional que instalen retenes en dos puntos de esta ruta, en el crucero del Jagüey, además del otro en el panteón de Tula. Mientras Nicolás Marcelo expone las demandas, se oyen los lamentos de varias mujeres y niños. Son las esposas, madres y los hijos de las víctimas.
Aparte de que se saben viudas o huérfanos, los cadáveres de sus seres queridos no llegan. Ninguno era músico, dicen las esposas, todos eran chalanes a quienes contrataron para cargar los instrumentos, aunque a dos los contrataron como choferes y el menor era el hijo de la dueña del grupo musical. En esta zona, de acuerdo a los coordinadores, desde aquel cruento 27 de enero a la fecha, han sido asesinadas 38 personas. En cinco años suman 48 homicidios. El número de viudas, huérfanos y familias desplazadas ha aumentado exponencialmente.
Israel Tolentino Ahuelicán, de 24 años, iba de chofer, era el único policía comunitario, pero su toma de protesta sería hasta hoy sábado.
Cándido Fiscaleño Hilario y José Julio Fiscaleño Hilario, hermanos de 20 y 37 años, cada uno papá de una niña, eran agricultores pero para sacar dinero extra se alquilaban de peones. Sus esposas y su madre los lloran en el bloqueo.
Regino Fiscaleño Chautla, de 27 años, soltero y sin hijos, también agricultor aceptó ganar un dinero extra y encontró la muerte.
José Marcos Bartisar Biscaleño, de 36 años, seis hijos, igual iba de cargador.
Juan Joaquín Ahuejote, de 42, cuatro hijos, era el ingeniero de audio.
Florencio Linares Jiménez, de 32 años, no tenía hijos.
Crescenciano Huapango Migueleño, 37 años, dos hijos, era el otro chofer.
Antonio Mendoza Tolentino, 24 años, electricista, apenas iba a ser papá. Israel Mendoza Pasado, tenía 15 años, iba en tercer año de secundaria. Israel era hijo de la dueña del grupo. Se fue para cuidar los instrumentos.
María de Jesús, madre de Israel, gime sin consuelo. Perdió a su único hijo, sus camionetas, sus instrumentos. “Perdí a mi hijo, perdí todo, no me quedó nada”, llora.
El ataque
Alrededor de las 10 de la mañana, Integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia instalaron un retén militar en Mezcalcingo, por donde pasarían las dos camionetas doble rodada con los instrumentos del grupo Sensación Musical, revelaron a la CRAC-PF habitantes de esta comunidad.
“Se enteraron que por allá andaban gente de este pueblo y les tendieron la emboscada, los esperaron para matarlos”, cuenta Bernardino Sánchez Luna.
Las víctimas llegaron a Tlayelpan desde el jueves. Ese día salieron de Alcozacán cerca de las nueve de la mañana. El grupo Conquistador los esperaba con los instrumentos. Quien alquiló el equipo le dijo a María de Jesús Pasado que tenían ese contrato de última hora para ese jueves en la tarde, y no tenía cerca sus propios instrumentos.
María de Jesús operó como empresaria. Buscó chalanes para cargar los instrumentos y mandó a su hijo para cerciorarse del cuidado del equipo.
Alrededor de las 10 de la mañana del viernes regresaban. Dicen que cuando las camionetas aparecieron en el camino donde ya estaban instalados los policías comunitarios del grupo de Los Ardillos, los chóferes aceleraron la marcha, pero recibieron impactos de bala, y perdieron el control de las unidades. Las dos se fueron a un barranco. Una unidad quedó a medio camino, la otra se fue hasta el fondo.
Los testigos aseguran que los agresores aventaron granadas a la camioneta que quedó más lejos, la que explotó con todo y sus ocupantes.
Los cinco integrantes de la otra camioneta recibieron más balazos. Los Ardillos bajaron a rematarlos, afirman.
Esta tarde de domingo, alrededor de las cuatro, llegaron a Alcozacán los cuerpos de cinco de las 10 víctimas, los que presentan innumerables balazos, aparte de haber sido degollados. Los cinco cadáveres quemados siguen en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para su identificación.
Los cadáveres que serían velados la noche del domingo 19 de enero son de los hermanos José Julio y Cándido Fiscaleño, de Crescenciano Huapango, Antonio Mendoza y José Marcos Bartisar.
El policía que regresó a cumplirle a su pueblo
Israel Tolentino Ahulicán, de 24 años, vivía en Cuernavaca. Su mamá y hermanas se fueron de Alcozacán desde que se recrudeció la violencia en esta ruta de los pueblos nahuas. Israel se resistió a irse porque aquí estaba Feliciana, su esposa, y sus dos hijos.
En Cuernavaca, su mamá le consiguió trabajo, algo escaso en estos pueblos, e Israel, se fue para hacer dinero y luego volver por su esposa, aunque venía a verla, a pesar del peligro.
En noviembre pasado, la asamblea comunitaria de Alcozacán lo designó ayudante del comisario y comunicó a Israel la decisión. Nadie de los pueblos originarios desafía a la autoridad. Israel se regresó el 3 de enero para cumplir con el cargo y estar con su familia. Tenía el ofrecimiento también de hacerla de chofer para el grupo Sensación musical, lo que podía combinar con su cargo de policía comunitario.
Esta salida a Tlayelpan fue su primer encargo. Feliciana, que tiene 21 años pero parece una adolescente de 15 o 16 años, dice que Israel no tuvo miedo de irse. El jueves aviso a su madre a donde iba. Ella tuvo otra reacción. Tenía miedo, lo monitoreó desde Cuernavaca, y se hablaron la noche del jueves. En Tlayelpan, municipio de Chilapa, a tres horas de Alcozacán, había señal de teléfono y de internet.
La mañana del viernes, como a las 10, lo vio en línea en el whatsaap. Supo que ya venían de regreso y pensó que el peligro había pasado. Después perdió el contacto con él. Marcó. Mandó mensajes. Ninguna respuesta. Supo de él hasta en la tarde, cuando en las redes, difundieron que un grupo de músicos había sido atacado por Chilapa.
Arribó a Alcozacán la mañana del sábado y al llegar supo que su hijo era una de las 10 víctimas. Israel es uno de los calcinados. A estos cinco cuerpos tienen que hacer pruebas de ADN para ver a quiénes pertenecen.
