Clínicas del IMSS-Bienestar atenderán gratuitamente en estados que no se adhieran al Insabi
En los estados que no firmen los acuerdos de coordinación con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) se utilizarán las clínicas del IMSS Bienestar para garantizar los servicios gratuitos a la población, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
En la conferencia matutina del presidente López Obrador, el subsecretario dio a conocer que 18 estados ya están adheridos al nuevo modelo de salud y 14 lo están evaluando. “Tienen de plazo, por ley, hasta el 31 de enero para analizar la propuesta de convenio que formuló el Insabi y decidir”.
López-Gatell señaló que en los estados que no se adhieran se apoyarán de las clínicas del IMSS Bienestar, enfocadas en dar atención a la población sin seguridad social que vive en zonas alejadas y en condición vulnerable. “De modo que el gobierno federal puede garantizar que atendrá a la población no asegurada en todo el país”.
Sin embargo, el IMSS-Bienestar no tiene cobertura en todos los estados que aún están analizando si se adhieren o no al nuevo modelo de salud del gobierno. De acuerdo a la información proporcionada por el propio subsecretario durante la conferencia matutina, no existen de este tipo de unidades en entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Morelos, Sinaloa y Tlaxcala.
Entre los estados que han mostrado mayor desacuerdo con la adhesión al Insabi se encuentran justo Aguascalientes, Baja California Sur y Guanajuato, los tres gobernados por integrantes del Partido Acción Nacional.
Nueve gobernadores de ese partido se reunieron este fin de semana para diseñar una contrapropuesta al convenio de adhesión oficial al Insabi, de la que hablarán este martes a medio día el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el representante de los mandatarios panistas, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes.
Esta propuesta de la que ayer lunes se dio un esbozo general tiene como punto principal la exigencia al gobierno federal de transparentar y definir el destino de los 40 mil millones de pesos que pertenecían al Seguro Popular y que pasaron al Insabi, y de los que no se ha dado detalle en qué se usarán.
