De la cooperación al desencuentro: la historia del distanciamiento entre AMLO y Sicilia

Cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió el miércoles 15 de enero un documento sobre justicia transicional de manos del poeta Javier Sicilia, estaba llegando un año tarde. El informe, elaborado entre colectivos de la sociedad civil, víctimas y académicos, se concluyó a finales de enero de 2019 y fue entregado al equipo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. No se volvió a discutir sobre el texto en todo este tiempo.

En teoría, era la base para una nueva política pública sobre violencia y víctimas tras la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, que el propio equipo del presidente pidió antes de tomar el poder. Entre las propuestas: una comisión de la verdad que abordase toda la violencia que ha sacudido México, y no solo el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y un mecanismo contra la impunidad que contase con el apoyo internacional. En la práctica, el documento quedó como un documento de 121 páginas con muchas propuestas. “Daba la sensación de que no se lo había leído”, dijo Marie Claire Acosta tras entregarle el documento el pasado 15 de enero.

La historia del informe “Propuesta ciudadana para la construcción de una política de verdad, justicia y reparación” es también el relato de un desencuentro: el del presidente, López Obrador, y sus colaboradores, como Alejandro Encinas, con un grupo de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. Es la historia de cómo la relación pasó del trabajo en común a través de varias mesas a la desconfianza y la sensación, por parte de los colectivos, de ser abandonados. También, de las divisiones de la propia sociedad civil, entre los partidarios de salir públicamente a denunciar al Ejecutivo y quienes preferían dar un margen de confianza.

La convocatoria por parte de Sicilia de la marcha por la paz para el próximo 23 de enero, desde Cuernavaca, ha servido para resucitar un informe construido por decenas de personas y que fue pensado para ser la hoja de ruta para otro modo de entender la justicia en el México, ante los más de 250 mil muertos y los 61 mil desaparecidos. La caminata tiene previsto terminar tres días después en Ciudad de México, donde se dirigirá a Palacio Nacional. Ahí, Sicilia espera ser recibido por López Obrador. El presidente, sin embargo, tiene una gira de trabajo en Tamaulipas. Así que no parece probable que mantenga el encuentro con el poeta, cuyo hijo fue asesinado en 2011.

“Tengo una sensación desagradable. Hubo un cambio de estrategia y nunca hubo claridad por parte de quienes pidieron el informe”, aseguró Marie Claire Acosta, participante en el proceso de elaboración del texto y presente, junto a Sicilia, en el encuentro con Gobernación del pasado 15 de enero.

Al menos, según aseguró, “se ha abierto una vía de comunicación” con la administración. “Veo muy buena disposición en Gobernación”, afirmó. El problema, en opinión del poeta y activista, es que la reclamación de un plan de justicia transicional se queda corta si se limita a un solo departamento. “Debe ser una política de Estado, que parta directamente del presidente”, dijo Marie Claire Acosta.

Animal Político solicitó una entrevista con Encinas para conocer su versión, pero esta nunca se realizó. También pidió comentarios a la Secretaría de Gobernación, que al cierre de la nota no se había pronunciado.

“Empecé a desencantarme en agosto”, reconoce José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que asegura que nunca vio “capacidad operativa” para realizar los cambios en la administración. Apenas había transcurrido algo más de un mes desde que López Obrador se impuso en las elecciones. En ese momento, el equipo de transición de Gobernación, con Encinas como principal interlocutor en el ámbito de los derechos humanos, iniciaba sus contactos con las organizaciones.

Si hablamos sobre el documento, el punto de inflexión llega el 14 de septiembre de 2018. Aquel día, en Tlatelolco, López Obrador mantuvo un encuentro con las víctimas. De ahí surgen dos compromisos: mantener reuniones periódicas y aceptar que una entidad internacional intervenga para aplicar una justicia transicional. Se trata de un modelo de justicia implementado en contextos de conflicto bélico, como el de Colombia. La idea, que luego será plasmada en el documento, es establecer un mecanismo contra la impunidad en México que tenga el apoyo, por ejemplo, de Naciones Unidas. Un ejemplo de este tipo existía en la vecina Guatemala, donde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se había convertido en un pilar clave de su débil institucionalidad, logrando incluso encarcelar por corrupción al expresidente Otto Pérez Molina.

“Pidieron que se preparara un proceso con documentos y propuestas”, dice Marie Claire Acosta, que en aquel momento lideraba el Mecanismo contra la Corrupción.

Uno de los coordinadores de las mesas de trabajo fue Jacobo Dayán. Según explica, estas se dividieron en cinco ámbitos: una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un nuevo modelo de reparaciones, y una unidad de protección a víctimas y testigos. Además, en paralelo, existían otras dos mesas de trabajo sobre reforma fiscal y mecanismo de búsqueda, con los colectivos de familiares de desaparecidos.

Entre las organizaciones que participaron en el proceso de las cinco mesas hay grupos de búsqueda de desaparecidos de distintos estados, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); México Unido contra la Delincuencia; Fundem, Idheas, Colectivo Colibrí; asesores internacionales de Open Society Justice Initiative (OSJI), del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ); académicos de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Este proceso estuvo acompañado en todo momento por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Acosta describe el proceso como “muy serio”, en el que “se trabajó arduamente”.

En aquel momento se sucedían las reuniones con el equipo de Encinas, que se convirtió en principal interlocutor del Ejecutivo. Sin embargo, la mayor parte de encuentros fue con su equipo de asesores, liderado por Estefanía Hernández, actual directora general de Política Pública de Derechos Humanos de la Segob.

El primer desencuentro llegó con el anuncio de la creación de la Guardia Nacional. José Guevara recuerda que, poco después de su única reunión con Encinas, llegó el anuncio de la creación del cuerpo militar, que tuvo lugar a mediados de noviembre. “Le daban a la columna vertebral de nuestras propuestas. Estábamos solicitando el retiro de los militares”, explica.

En paralelo, las mesas seguían trabajando, según explica Marie Claire Acosta. En ellas, no obstante, no estaba representado el gobierno, que sí había pedido las conclusiones para incluirlas en su plan de Derechos Humanos.

“La idea era que este proceso se anunciaría en el discurso de toma de posesión del presidente”, dice Acosta.

Según explica Jacobo Dayán, el compromiso era que López Obrador anunciase una política de justicia transicional en su primera intervención como presidente. Esa mención nunca se produjo. Primera decepción. Ante los requerimientos de las organizaciones, desde la subsecretaría de Derechos Humanos aseguraron que la mención llegaría con la firma del primer decreto, que fue la creación de una comisión de la verdad para el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Tampoco hubo referencias, más allá del caso de Iguala. Segunda decepción. La última oportunidad era el 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos. Por tercera vez, López Obrador eludió hablar de justicia transicional.

“Se hizo un grupito para aportar a algo que no se dio”, afirma Acosta.

“A partir de entonces, la justicia transicional desaparece de la agenda”, dice Jacobo Dayán.

Las relaciones, según el relato del activista, eran sólidas hasta que llegaron aquellas tres decepciones. Tanto que el equipo de López Obrador llegó a solicitar un plan de acción para los primeros 100 días de gobierno, y aportaciones para sus argumentarios.

Todo esto se vino abajo en los primeros días de diciembre de 2018 cuando se pasó de la promesa de anunciar nuevas políticas a ignorar a las organizaciones a las que se pidió ayuda.

Como los colectivos seguían reuniéndose, tomaron la decisión de terminar el documento. En ese momento, dice Marie Claire Acosta, se abren grietas entre la sociedad civil. Algunos se sienten estafados y quieren señalar públicamente al gobierno. Otros creen que todavía hay que dar un margen.

Finalmente, el 25 de enero, se celebra una conferencia de prensa en la que se entrega el documento al equipo de Encinas, presente en el acto. El mensaje: “sin justicia transicional no hay cuarta transformación”.

No fue el último encuentro mantenido por este sector con la subsecretaría de Derechos Humanos. Según recuerda Sicilia, a finales de marzo hubo una reunión que terminó sin ningún acuerdo. Entre los activistas se recuerda aquella plática con mala sensación. Encinas, sin embargo, niega haberse enemistado con nadie. “Yo no tengo problemas con nadie. Solo paz y amor”, dijo, preguntado por su relación con Sicilia y Jacobo Dayán, al concluir la conferencia en la que se presentó el informe con la actualización del número de desaparecidos.

Desde marzo no hubo relación entre Sicilia, sus colaboradores, y el gobierno.

Pero entonces llegó la masacre de Sonora en la que murieron 12 miembros de la familia LeBarón.

Y Sicilia retomó la idea de una caminata.

Y Sánchez Cordero llamó a Sicilia para encontrarse por primera vez en casi un año.

Falta por saber si, con la nueva marcha, el documento tendrá el recorrido del que careció en 2019.