Un año de caravanas con AMLO: de las visas en libertad al encierro en una bodega
“Nos dijeron que de aquí nos iban a trasladar a un centro migratorio. Y nosotros no queremos estar encerrados. Dicen que son 15 días, que es un proceso… pero no queremos estar detenidos”. Pedro Emías Pastor de León, de 23 años y originario de Suchitepéquez, Guatemala, se lo pensó mejor después de haber cruzado la frontera. Integrante del colectivo LGTBI, llegó a la frontera con México para pedir asilo por su condición sexual. Apenas puso un pie en el país en el que aspiraba a vivir con más libertad y se dio la vuelta, consciente de que su destino inmediato era ser encerrado. Ya pasó nueve meses en un centro de detención de Arizona entre 2018 y 2019 y no quiere repetir experiencia. “Sufrí mucho”, dijo, mientras se alejaba a través del puente Rodolfo Robles, que separa Guatemala de México, en dirección al municipio guatemalteco de Tecún Umán.
La primera jornada de la caravana 2020 ante la frontera mexicana de Ciudad Hidalgo, Chiapas, sirvió para mostrar el cambio en la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace un año, en el puente Rodolfo Robles, que une México y Guatemala, funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) recibían a los centroamericanos con botellas de agua y comenzaban los trámites de regularización, que los extranjeros podían seguir en libertad. Ahora, los migrantes son conducidos a una estación migratoria en Tuxtla Gutiérrez, donde son encerrados y en la que comienzan un proceso que puede concluir con su deportación. Además, las ofertas de empleo se limitan a la promesa de un futuro plan a desarrollar en Honduras y El Salvador, que son exactamente los países de los que huyen los integrantes de la caravana.
Entre una marcha y otra, se firmó el 7 de junio de 2019 un acuerdo entre México y Estados Unidos, en el que el primero se comprometió a frenar el flujo migratorio a cambio de que Washington no impusiese aranceles a sus exportaciones.
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“Venimos de un lugar bien complicado de Honduras, a cada rato hay muertos, tenemos hijos y les buscamos un futuro”. Ledi García, una mujer que pasa los 40 y de piel más que tostada tras aguantar varias horas bajo un sol de 37 grados, fue una de las últimas personas que atravesó el portón bajo el que se ubica el cartel de “Bienvenidos a México”. A su espalda, la Guardia Nacional reabría el portón después de siete horas con el paso cerrado. Había sido clausurado a las nueve de la mañana, cuando el primer grupo, el de los más aventados, trató de atravesarla sin registrarse.
Empujados por la inercia de caminar durante tres días, desde que el miércoles se pusieron en marcha desde San Pedro Sula, en Honduras, avanzaron como si la Guardia Nacional fuese a retirarse solo por la presión de unos cuerpos cansados y hambrientos. Apenas una decena pudo aprovechar el factor sorpresa hasta que se cerró la frontera.
García, que aseguraba que si había opciones de trabajar en México estaba dispuesta a quedarse, forma parte de las 351 personas que atravesaron en el puesto fronterizo en grupos de 20. Así se desarrolló el “ingreso ordenado” del que habló el general Vicente Hernández, al frente del centro de operaciones de Suchiate de la Guardia Nacional.
Al final de la jornada, 351 migrantes se entregaron a las autoridades migratorias. De ellas, 82 son mujeres y 39 menores de edad, según fuentes del gobierno estatal. Estas mismas fuentes confirmaron que la mayoría de ellos fueron trasladados a La Mosca, una antigua bodega ubicada en Tuxtla Gutiérrez y que durante el último año se utilizó como extensión de la estación migratoria Siglo XXI.
Las dependencias conocidas como “La Mosca” o “El Cupape 2” funcionan como centro de detención de extranjeros desde junio. Hasta 2013 albergaron una planta que sirvió para producir moscas estériles que se utilizaban en la agricultura. El complejo industrial, que pertenece al Instituto Nacional de Avalúos y Bienes Nacionales (Indaabin), fue utilizado también por la Policía Federal y la Guardia Nacional. Diversas organizaciones de Derechos Humanos y monitoreo de la frontera han denunciado que no tiene condiciones para albergar a los migrantes.
Trabajo… en los países de los que huyen
El viernes, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existían 4 mil empleos para los migrantes que llegaban en la caravana. Sin embargo, los mensajes lanzados por sus funcionarios en el puesto fronterizo son contradictorios.
El INM emitió un comunicado en el que se aseguraba que “integrantes de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y de la secretaría de Relaciones Exteriores se reúnen con personas extranjeras para compartirles información sobre los programas gubernamentales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que sea plica para el desarrollo regional”.
Según la agencia AFP, se colocaron carteles en los que se anunciaba que dos programas de empleo serán puestos en marcha en ocho departamentos de Honduras y en 14 departamentos de El Salvador.
Lo mismo aseguraba la grabación con la que los migrantes eran recibidos en las instalaciones del INM en el interior del paso fronterizo: “está ingresando de manera irregular a México. Debe portar una visa mexicana o documento migratorio. No se exponga a los traficantes de personas. Su vida corre peligro. No se deje engañar. No es un hecho que Estados Unidos le otorgará asilo. Al contrario. Lo podrían regresar de inmediato a Guatemala. México le ofrece oportunidad de empleo en su país de origen”.
Es decir, que México ofreció trabajo en Honduras y El Salvador a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que huyen de la pobreza y la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala.
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Dónde fueron trasladados era otro de los aspectos que el INM quiso mantener en secreto. En su comunicado, Migración únicamente señalaba que “personal del INM admite, con apoyo de la Guardia Nacional, desde temprana hora, a grupos de 20 personas migrantes en las áreas de internación ubicadas en el puente fronterizo de Ciudad Hidalgo, Chiapas, donde se les informa sobre el ingreso y posteriormente se revisa su condición migratoria”.
Lo que no dice el comunicado es que los migrantes eran conducidos a autobuses y que estos no sabían en ningún momento dónde iban a ser trasladados. Animal Político fue testigo de cómo varios de estos migrantes hacían gestos hacia el exterior preguntando dónde les llevaban. En un retén ubicado en Viva México, en las afueras de Tapachula, Chiapas, se le preguntó a uno de los choferes dónde se dirigía. Este no respondió después de que varios oficiales del INM le hiciesen gestos de que no contestase.
Migración no informó sobre cuál será el procedimiento que siga con los centroamericanos, ni si estos podrán seguir su proceso en libertad. Fuentes del departamento que dirige Francisco Garduño señalaron que se va a llevar un procedimiento estándar. Esto implicaría que los migrantes permanezcan encerrados mientras se gestionan sus trámites. Por un lado, podrían pedir asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) y entrar en un procedimiento que los atará a Chiapas por, al menos, 90 días. Por otro, no queda claro qué opciones de regularización ofrece México para que los centroamericanos eviten ser devueltos a sus países.
El secretismo también se impone en el paso del Ceibo, donde unos 700 migrantes aguardaban para tratar de cruzar hacia México. Al final de la jornada, la mitad había aceptado las condiciones del gobierno y se habían introducido en los autobuses que, según fuentes del gobierno federal, los trasladaban a Villahermosa, Tabasco. Ninguna fuente oficial confirmó cuántos accedieron a este transporte ni dónde iban a ser alojados ni, sobre todo, si podrían permanecer en libertad o serían encerrados mientras dura su proceso migratorio.
Hace un año, por estas mismas fechas, la institución, que entonces dirigía Tonatiuh Guillén, puso en marcha un plan para entregar tarjetas de visitante por motivos humanitarios. En diez días en los que se abrió el programa, entre el 18 y el 28 de enero, fueron entregados 13 mil 270 documentos. Quizás a esto se refería la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando el miércoles afirmó que no se iban a ofrecer “salvoconductos” a los migrantes que tratasen de acceder a México.
La presencia de Guardia Nacional no parece disuadir a los cientos de personas que aguardan en Tecún Umán, Guatemala.
Según datos de las autoridades guatemaltecas, el miércoles 1,460 personas llegaron desde Honduras, la mayoría de ellas por la frontera de Aguascalientes y un pequeño grupo por Corinto, en el norte. Los primeros se dirigieron al paso de Tecún Umán, mientras que los segundos tomaron una ruta novedosa, la de la frontera del Ceibo, en el departamento de Petén. Un día después, otras 2 mil 083 ingresaron en Guatemala, la mayoría de ellas por Aguascalientes.
Con el paso fronterizo blindado por la Guardia Nacional, los migrantes estudian otras opciones de cruzar. Hace dos años, en la caravana de octubre en la que al menos 7 mil centroamericanos atravesaron México, este obstáculo fue sorteado cruzando el río Suchiate. Ahora, sin embargo, los militares también están desplegados en la orilla y piden documentación a todos los que llegan en los pequeños botes que unen México y Guatemala.
“Vengo por luchar, por buscar algo mejor. Vamos a buscar una ayuda. En México están agarrando a los grupos y los están deportando de nuevo”, se quejaba Melvin Sánchez, de 33 años, hondureño que camina ayudado con una muleta. Su pierna derecha la perdió cuando tenía 22, en 2008, en Celaya, Guanajuato. “Agarré el tren muy rápido y me jaló”, dice.
“Hoy regreso porque la vida no se me ha sido fácil. Me uní y ojalá dios quiera que México nos de el pase para Estados Unidos”, aseguró.
Sánchez, que perdió una pierna tratando de llegar al norte, simboliza la determinación de los cientos de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que esperan en Tecún Umán. Muchos tienen la experiencia de haber sufrido en el camino. A pesar de todo, siguen considerando que jugársela y tratar de saltar los obstáculos es la menos mala de todas sus opciones.
