A partir de la primera mitad de 2020 habrá dos registros oficiales de delitos en México: el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que es el que se publica desde hace varios años, y uno nuevo que publicará la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) en coordinación con INEGI.
Ambas estadísticas se sustentarán en la misma fuente de datos: las carpetas de investigación iniciadas en las fiscalías de todo el país, que según una auditoría interna realizada este año es una información con fallas importantes que no refleja de forma confiable la situación delictiva real en el país.
Este doble registro delictivo nacional es inédito y se origina a partir de la falta de acuerdos entre el SESNSP con las fiscalías del país, de acuerdo con lo revelado a Animal Político por autoridades del gabinete de seguridad.
Originalmente se buscaba lo contrario: fortalecer un solo registro homologado de delitos para corregir vicios de años pasados y tener una información confiable sobre las denuncias que se presentan todos los días ante las agencias del Ministerio Público del país.
Sin embargo, a partir de la transformación de las procuradurías del país en fiscalías autónomas coordinadas por la Fiscalía General de la República (antes PGR), se originó un distanciamiento que las llevó a diseñar su propio mecanismo separado del que opera Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP.
El diferendo se hizo público en diciembre pasado con el planteamiento de algunos fiscales de incluso separarse del Sistema Nacional de Seguridad y la conveniencia de desaparecer al mismo. En un comunicado la CNPJ planteó reformas a la ley del Sistema Nacional con el objetivo de que se “respete la autonomía” de las fiscalías.
En respuesta el CNI señaló que las fiscalías están obligadas por ley a continuar aportando información al Secretariado Ejecutivo y reiteró la conveniencia de firmar un convenio para “unir esfuerzos” en la búsqueda de un solo registro oficial mas sólido. Pero la CNPJ desestimó dicha petición y confirmó que continuará adelante con su propio mecanismo.
El resultado de todo ello serán dos estadísticas oficiales que miden lo mismo, aunque con algunas diferencias que se detallan a continuación. Sumado a ello sigue pendiente el diseño de una estadística distinta refleje la verdadera dimensión de los delitos que se cometen a diario en México.
El SESNSP publica desde hace varios años una estadística estatal y municipal de delitos denunciados. Se trata de un registro que se actualiza mensualmente los días 20 de cada mes y que al menos durante el 2020 seguirá funcionando dado que las fiscalías del país están obligadas legalmente a aportar dicha información.
Lo que presenta esta estadística es el número de carpetas de investigación iniciadas sobre distintos delitos siguiendo un acuerdo de clasificación aceptado por todos los estados. Desde hace tres años se complementa además con un conteo de víctimas registradas en las carpetas de ciertos delitos de alto impacto como homicidios dolosos, feminicidios, secuestros, entre otros.
Se trata de la única estadística oficial que en los últimos años ha permitido realizar un seguimiento de la “incidencia delictiva” mensualmente, ya que otros registros como los censos de procuración de justicia o de causas de muerte de INEGI solo se publican anualmente.
No obstante, estos datos han sido duramente criticados por organizaciones y especialistas que advierten una manipulación deliberada de las procuradurías y fiscalías para generar subregistros. En ese contexto el CNI en colaboración con Naciones Unidas llevó a cabo una auditoría en las 32 áreas de estadística del país denominada Modelo de Revisión Estadística de Incidencia Delictiva Nacional (MORE).
Los resultados confirmaron que por deficiencias o corrupción existe al menos una decena de fallas importantes en dichos datos. El informe de resultados está listo, sin embargo, debido a la falta de consensos en el Consejo Nacional de Seguridad el mismo no se ha presentado.
De acuerdo con autoridades del gabinete de seguridad en 2020 se prevé actualizar el protocolo de registro de datos para solucionar algunas de estas fallas, aunque debido a que el llenado depende de las fiscalías no se sabe si esta actualización podrá ponerse en marcha.
La nueva estadística que comenzará a publicarse gradualmente este año recibe el nombre de Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP) y su elaboración y presentación estará a cargo de las fiscalías del país en colaboración con el INEGI. Su lanzamiento fue aprobado el pasado 6 de diciembre en la XLII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
La fuente de información del nuevo registro es la misma que la del SESNSP: las carpetas de investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público. No obstante, la CNPJ y el INEGI sostuvieron en un comunicado que se han revisado los mecanismos de clasificación para generar información más homologada y de mejorar calidad.
“Su objetivo es constituirse como un instrumento de información estadística que facilite la generación, sistematización y consulta de información estratégica para que se fortalezca la planeación y evaluación de políticas públicas en procuración de justicia, respetando simultáneamente la heterogeneidad y autonomía de las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas y la federación” señaló el INEGI.
Una ventaja estadística que tendría este nuevo registro, según lo informado por los fiscales, es que no solo presentará el total de carpetas abiertas sino también el estatus de estas y en particular el total de los casos que logran ser judicializados ante un juez. Ello permitirá no solo conocer la incidencia sino algún nivel de eficacia en las investigaciones.
Lo que no se ha informado hasta ahora es la fecha exacta en que se comenzará a publicar el SENAP. De acuerdo con autoridades consultadas se prevé que sea en una plataforma homologada cuya versión beta estaría próxima a lanzarse, bajo la asesoría técnica del propio INEGI.
La estadística de delitos del SESNSP y la nueva que lanzarán la CNPJ se sustenta en carpetas de investigación que se inician cuando se presenta una denuncia. No obstante, datos de las encuestas de victimización de INEGI arrojan que más del 90 por ciento de los ilícitos que ocurren no se denuncian. Es la llamada “cifra negra”.
Lo anterior trae como consecuencia que dichos registros estén muy lejos de documentar el nivel real de la actividad criminal que se presenta en el país.
Para tratar de revertir dicha situación el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad – con el apoyo de varios especialistas independientes – trabaja en un registro criminal que se sustenta en las llamadas verificadas al número de emergencia 911 y en los informes homologados que los policías del país elaboran al atender un hecho delictivo.
En el gobierno federal indicaron que con ello se presentaría un registro de incidencia mas elevado pero mas cercano a la realidad, cerrando en alguna medica la brecha con la cifra negra.
Las autoridades consultadas indicaron que el sistema que condensa esta información ya está listo, sin embargo, hay resistencia de diversos gobiernos estatales en hacerlo público debido al disparo que significaría en la incidencia. Como resultado no existe aun un plazo para que esta información se transparente.