La estrategia de seguridad que Genaro García Luna implementó de 2007 a 2012 con el aval del expresidente Felipe Calderón ocasionó el desmantelamiento de la fuerza investigadora de la PGR, que perdió cerca del 60% de sus elementos, en beneficio de una nueva Policía Federal que se multiplicó por cuatro, pero que fue ineficaz en reducir la violencia en el país. La tasa de homicidios en ese lapso se duplicó.
Distintos datos e informes oficiales muestran que el expresidente Calderón apoyó con un amplio número de personas y de recursos públicos al proyecto de García Luna, bajo la premisa de erradicar la violencia y someter al crimen organizado bajo la fuerza del Estado.
Pese a que un balance elaborado por el equipo de García Luna presume la captura de 2 mil 720 presuntos delincuentes e incremento en los decomisos de drogas y armas de fuego en su gestión, el país terminó con una institución clave debilitada y con una herencia, en ese mismo periodo, de 103 mil personas asesinadas, según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ahora, los Estados Unidos dicen contar con evidencias que probarían que el arquitecto del plan anticrimen de nuestro país, presuntamente se coludió con el narcotráfico a cambio de millonarios sobornos. Esta semana fue detenido.
A continuación, se detallan algunos de las acciones y consecuencias institucionales impulsadas por García Luna, así como los saldos. Ello a partir de datos obtenidos por solicitudes de transparencia, y de informes oficiales de auditorías y de presupuesto.
Durante el gobierno del presidente Vicente Fox (2001 a 2006) Genaro García Luna fue el jefe de la fuerza policial de la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de investigar los delitos federales y ejecutar las órdenes de aprehensión, cateos, intervención de comunicaciones, entre otros.
Era el hombre fuerte de la PGR, pues se mantuvo y consolidó en dicho cargo aun cuando se registraron cambios en la oficina del procurador y en otros puestos altos de la institución.
García Luna apostó por un plan de profesionalización y crecimiento de la policía de la PGR. La corporación evolucionó de la entonces Policía Judicial Federal a la denominada Agencia Federal de Investigaciones (AFI). El número de agentes al finalizar el sexenio de Vicente Fox ascendía a 8 mil 127 elementos, el doble de los que tenía a principios de siglo, según los datos obtenidos por transparencia.
Sin embargo, en 2007, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, Genaro García Luna dejó la AFI para asumir el cargo de Secretario de Seguridad Pública Federal. Convenció al presidente de que era necesario reforzar a la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) dotándola no solo de mas elementos, sino de capacidades de investigación.
Para finiquitar lo anterior García Luna echó mano de los recursos humanos y de la infraestructura material de la AFI. Se ordenó la transferencia de elementos de dicha agencia a la PFP. El asunto llegó al punto en que la nueva Policía Federal tomó por la fuerza edificios de la AFI como el ubicado en Lomas de Sotelo en septiembre de 2008, cuando 300 policías desalojaron a 75 agentes investigadores.
El resultado de lo anterior fue el desmantelamiento de la policía investigadora de la PGR. Para 2008, su numero de efectivos había bajado a menos de 6 mil, y al terminar el sexenio de Calderón era de apenas 3 mil 400 elementos, una reducción del 57%.
En contraste se crearon en Policía Federal cuatro divisiones nuevas con perfil de investigación (antidrogas, inteligencia, científica y de investigación), que en conjunto sumaron 7 mil 85 efectivos al cerrar el sexenio de Calderón, más del doble de los que quedaron a PGR. Ello, más todos los elementos de fuerza, prevención y reacción.
Entre el 2013 y 2019, ya sin García Luna en el gobierno, se volvieron a poner en marcha planes para fortalecer la PGR, hoy transformada en un ente autónomo denominado Fiscalía General de la República (FGR). Actualmente cuenta con casi 4 mil 100 policías ministeriales, cifra que, sin embargo, aun no se acerca a los que llegó a tener hace 12 años.
Entre 2006 y 2012, con Genaro García Luna ya como secretario de Seguridad Pública Federal, la PFP se transformó en la denominada Policía Federal y su estado de fuerza general casi se cuadruplicó. Pasó de contar con menos de 10 mil uniformados a un total de 38 mil 285 efectivos al finalizar ese sexenio, de acuerdo con otra solicitud de transparencia.
El crecimiento de la PF en detrimento de la PGR impulsado por García Luna fue respaldado también con dinero, y mucho. Datos de los Presupuestos de Egresos publicados por la Secretaría de Hacienda así lo prueban.
Por ejemplo, en 2006 (cuando García Luna seguía en la Procuraduría) la PGR contaba con un presupuesto de 9 mil 486 millones de pesos, mientas que el de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), donde estaba adscrita la PFP era inferior: 8 mil 761 millones de pesos.
Para 2008, ya con García Luna en SSP y con sus cambios en marcha, el presupuesto de dicha dependencia se había duplicado para llegar a los 17 mil 48 millones de pesos. En contraste el dinero para la PGR apenas si creció por encima de la inflación, fijándose en 10 mil 100 millones de pesos.
Y en 2012, último año del sexenio de Calderón, la desproporción de recursos ya era total. El presupuesto de la SSP ascendía a 40 mil 536 millones de pesos, cuatro veces mas que al arranque del sexenio, mientras que el de la PGR era tres veces inferior: 15 mil 385 millones de pesos.
El problema es que todo es que todo este dinero no tuvo resultados. Así lo probaban año con años las evaluaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASJ) respecto al manejo del presupuesto destinado para prevenir el delito federal, el cual se asignaba en su totalidad a la Policía Federal, práctica que continuó durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Lo que la ASF advirtió en las auditorías de desempeño es que la Policía Federal registraba anualmente múltiples operativos y despliegues para justificar el uso del dinero, pero no contaba con pruebas – ni indicadores siquiera – que probaran como eso contribuía al mejoramiento de la seguridad en el país. Es decir, no demostró nunca la eficacia de estos.
En 2019, como ya se conoce, la Policía Federal fue legalmente eliminada para dar paso a la Guardia Nacional. El argumento de la administración actual es que se trataba de una corporación inoperante e infiltrada por la corrupción y el crimen organizado.
Irónicamente, pese a todos los recursos que se le invirtieron, la dependencia que creó García Luna tenía al momento de su desaparición una deuda de 2 mil 500 millones de pesos que no pudo finiquitar, y que ahora debe cubrir la administración actual.
Durante el periodo en que García Luna lideró el combate al crimen, la violencia se multiplicó. Ello pese a los cientos de operativos realizados en su gestión y a la detención de numerosas personas señaladas públicamente de ser integrantes clave de grupos criminales, así como al incremento en los decomisos de drogas.
En 2001, cuando llegó a la PGR para hacerse cargo de la policía de investigación, la tasa de homicidios dolosos en el país era de 13.8 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Durante ese sexenio se mantuvo estable, incluso con una ligera reducción a 9. 4 casos.
Pero a partir de 2007, ya con García Luna como secretario de Seguridad Pública del país, la situación se deterioró progresivamente. Para 2012, último año de su gestión, la tasa de homicidios dolosos alcanzó una tasa de 18.3 casos, un aumento del 95%. E
El numero total de homicidios, en los seis años del sexenio de Calderón y por ende de García Luna como secretario, fue de 103 mil 537 casos, según el reporte del SESNSP.
Este incremento de la violencia contrasta con la política implementada por García Luna de priorizar las detenciones de presuntos integrantes del crimen organizado.
Un informe oficial preparado por la misma SSP mostraba que del 1 de diciembre de 2006, al 20 de noviembre de 2011, la Policía Federal detuvo a 87 mil 751 presuntos delincuentes, de los cuales 2 mil 720 eran presuntos integrantes de diversos grupos del crimen organizado.
Según el mismo informe, del total de detenidos con supuestos nexos con el crimen organizado 795 estaban ligados con el Cártel de Sinaloa y sus exaliados los Beltrán Leyva, mientras que 838 pertenecían al Cartel del Golfo/Zetas, 711 al grupo de La Familia/Caballeros Templarios, 256 al Cártel de Juárez, entre otros.
En los hechos, la ofensiva emprendida en el sexenio de Calderón diseñada por García Luna debilitó en mayor medida a los grupos rivales al Cártel de Sinaloa. Actualmente dicho grupo continua operando, como quedó demostrado en el amplio despliegue que llevó a cabo en Culiacán en octubre pasado para impedir la captura de uno de sus líderes.
El documento de resultados de la gestión de García Luna también presume un incremento en los decomisos de casi todas las drogas en el sexenio de Calderón en comparación con el periodo anterior. Se reporta, por ejemplo, un alza de 1828% en decomisos de metanfetaminas, de 2117% en pastillas conocidas como éxtasis, de 96% en semillas de amapola, y de 8% en semillas de mariguanas.
Su informe reporta también un incremento de 541% en el aseguramiento de laboratorios clandestinos para fabricar drogas sintéticas, y de un 327% el aseguramiento de armas de fuego al crimen organizado. También se presume un decomiso de 954 millones de dólares y de 786 millones de pesos ligados con actividades ilícitas.
Un proyecto impulsado por la gestión de García Luna, con recursos de los Estados Unidos canalizados a México a través de la Iniciativa Mérida, fue la construcción y puesta en marcha de Plataforma México, una base de datos con registros criminales de escala nacional.
Se trata del mayor banco de información de perfiles criminales y uno de las principales herramientas para generar datos de inteligencia. No obstante, aun cuando ha continuado funcionando, y se le han invertido 6 mil 900 millones de pesos, la herramienta nunca ha sido aprovechada al 100%.
De acuerdo con un informe contenido en el libro blanco de la Comisión Nacional de Seguridad, que data de finales de 2018, el problema radica en que si bien el sistema permite que más de 900 usuarios (corporaciones policiales) pudieran conectarse, muchos no han desarrollado la infraestructura suficiente para hacerlo.
No obstante, la administración federal actual anunció que Plataforma México es una herramienta útil en el combate al crimen que será reforzada. A la par, la Auditoría Superior de la Federación se encuentra realizando un análisis de desempeño y financiero relacionado con esta herramienta, cuyos resultados podrían darse a conocer el próximo año.