8 claves para tener un nuevo modelo policial y reducir la impunidad en México
México tiene un plan para abatir la impunidad y mejorar las condiciones de seguridad y de justicia cotidiana en el país. Se trata del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, estrategia surgida a partir de la experiencia exitosa de ciudades que han conseguido que la gente vuelva a confiar en los policías, y que se reduzcan los conflictos e incluso los delitos.
Pero su implementación a nivel nacional requiere de un presupuesto de más de 40 mil millones de pesos, con el que aún no se cuenta. La opción principal, que era recabar el dinero elevando el porcentaje que se destina para seguridad de los fondos municipales, no fue incluida en el presupuesto de 2020, pese a ser aprobada en el Consejo Nacional de Seguridad.
Por ello, se estudian ahora alternativas como un nuevo impuesto, o hasta gestionar recursos con Estados Unidos para sacarlo adelante.
La secretaria Adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Bertha Alcalde Luján, dijo que el plan parte de una premisa base reconocida por el Estado: no es posible revertir la situación de inseguridad e impunidad en el país si no se atacan los problemas más cercanos, y que afectan a la gente. Si no se mejora la justicia cotidiana.
“Ni la Guardia Nacional ni ninguna fuerza federal nos dan para atender el problema de seguridad en el país. Mejorar la justicia penal y las fiscalías ayuda, pero la puerta de entrada de todo son las policías locales. Son ellos los que realmente saben qué pasa en la comunidad y es a quienes hay que fortalecer. Y junto con ello un modelo de justicia cívica que solucione problemas”, dice la funcionaria.
Hay pruebas de que esta estrategia funciona. En Morelia, Michoacán, por ejemplo, durante la implementación de una estrategia similar la tasa de homicidios disminuyó hasta 15% y la ciudad dejó de encabezar el primer lugar en conflictos vecinales en las estadísticas de INEGI.
En Escobedo, Nuevo León, donde se comenzó con un trabajo similar desde hace 10 años, el índice de confianza ciudadano en la policía estatal es de casi 80%, la mas alta de todo el país, mientras que la confianza en la policía municipal llega a 68%, muy arriba del promedio nacional que es inferior a 50%.
La puesta en marcha del modelo ya se formalizó. El pasado 8 de julio el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó su diseño e hizo un exhorto a los poderes legislativo y ejecutivo para arrancar su implementación.
¿En que consiste este modelo que promete revertir la crisis de impunidad y violencia que azota al país desde hace más de una década? ¿Qué alternativas hay ante la falta de recursos? A partir de lo revelado por funcionario federales y de un documento interno donde se describe el modelo, Animal Político detalla a continuación los puntos clave de la estrategia.
Depuración real de las policías:
El éxito en Morelia y Escobedo partió de la depuración de más del 50% de la policía municipal. Fue uno de los pasos iniciales para revertir el problema.
Los lineamientos del modelo nacional ya aprobado retoman dicha experiencia y fijan un plazo de 18 meses, que vence en marzo de 2021, para cumplir al 100% con la depuración de las fuerzas de seguridad. Se trata de una obligación que, de hecho, debió cumplirse desde hace una década.
Se plantea que esta depuración no sea solo de elementos que no superen control de confianza, sino además de casos en donde existan datos de inteligencia sobre el vínculo del policía con grupos delictivos o corrupción. Se está diseñando un protocolo para ello.
Homologación salarial y reclutamiento:
Las autoridades calculan que México requiere de 250 a 300 mil policías municipales. Es decir: el doble de los que hay ahora. Por este motivo se plantea un intenso reclutamiento para los próximos meses.
No obstante, con el fin de que ser policía resulte atractivo y haya personas interesadas, el modelo plantea el diseño y aprobación de un salario homologado para todas las policías municipales del país, ya sea a nivel nacional o al menos por regiones. Ello junto con el rediseño del servicio profesional de carrera, el establecimiento de una base mínima de prestaciones, entre otros.
Proximidad e investigación, las nuevas misiones:
Replantear la función de la policía local es uno de los puntos centrales del modelo. Se busca sustituir la idea clásica de “prevención” (que se traduce solo en patrullajes aleatorios) por dos pilares en los que se sustentará el funcionamiento de las corporaciones:
1) Proximidad: Los policías estarán asignados a sectores en específico y una de las tareas primordiales serán las reuniones y contacto con los vecinos, con el objetivo de atender sus problemas cotidianos. Ello permitirá recuperar confianza de los ciudadanos y a su vez obtener datos y generar inteligencia para conocer, con precisión, lo que ocurre en cada cuadra y colonia.
2)Investigación: Los policías podrán recibir denuncias e investigar formalmente delitos. Inicialmente serán de bajo impacto como robos sin violencia. Ello para auxiliar a las fiscalías que no cuentan ni con el despliegue cotidiano ni con el material humano para hacerlo. En Escobedo esto ya funciona mediante convenios, pero se prevé que a nivel nacional se realice una reforma legal para dar a las policías municipales y estatales esta facultad.
Justicia cívica, una sola ley:
En México hay más de 2 mil 400 municipios y cada uno tiene su propio reglamento, bando o normativa para atender y sancionar faltas administrativas y conflictos cotidianos. Hay tremendas disparidades, desde normas que contemplan temas que otros no, hasta algunas que no incluyen fundamentos básicos como el derecho a un debido proceso.
Por ello se facultó desde 2017 al Congreso de la Unión para expedir una sola Ley General de Justicia Cívica que sirva de base para los ordenamientos municipales. Se dio un plazo de seis meses que no se cumplió. En ese escenario el SESNSP diseñó una nueva iniciativa de Ley (de la que Animal Político tiene copia) que espera aprobarse a mas tardar en la primera mitad de 2020.
Solución en vez de castigo, también en tránsito:
El nuevo modelo pretende que los juzgados cívicos se conviertan en una instancia que tenga como prioridad la atención y solución de conflictos, y no solo la imposición de sanciones. Por ello se privilegiará el servicio comunitario, talleres de concientización y programas de rehabilitación (en casos de consumo de alcohol o drogas) como medidas a aplicar sobre multas o arrestos.
El modelo busca además que se traslade a los juzgados cívicos la atención de las infracciones de tránsito. Lo anterior para que el policía ya no sea juez y parte al detectar e imponer él mismo una sanción, y dar oportunidad de audiencia a los automovilistas. Un efecto secundario deseado con esta medida es disminuir la corrupción.
Audiencias públicas y transparentes:
Se buscará poner en marcha un modelo de audiencias públicas y videograbadas en los juzgados cívicos, similares a las que ocurren en el sistema penal oral, pero con mayor dinamismo y resolución en una sola sesión. Este modelo ya se ha implementado con éxito en al menos una decena de municipios.
Se pretende además que a través de audiencias públicas también se desahoguen las infracciones de tránsito. Un modelo para seguir es el de Escobedo, Nuevo León, donde al infractor se le presenta el video de su falta en la audiencia, y si reconoce su responsabilidad se le conmuta la multa inicial a cambio de asistir a un taller sobre normativa vial.
Información estadística de calidad:
Otro de los puntos clave del modelo es el poder generar estadística tanto de problemas cotidianos (faltas administrativas) así como de los reportes de delitos e infracciones que recibe la policía (directamente o a través del 911 e informes homologados) y los juzgados cívicos.
Lo anterior tiene como objetivo medir la problemática de cada zona en la ciudad para generar estrategias, pero también se busca contar con datos mucho más precisos sobre conflictividad e incidencia delictiva.
La falta de presupuesto y las alternativas:
Cuando el Consejo Nacional de Seguridad aprobó el diseño del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en julio pasado, se estableció que ante la imposibilidad de contar con un presupuesto exclusivo para el mismo, se utilizarían recursos provenientes de los llamados fondos municipales (Fortamun).
Ello se lograría incrementando de 20 a 50% el porcentaje que se contempla del Fortamun para seguridad, y estableciendo además candados para que el dinero solo se use en fortalecimiento de los policías.
Sin embargo, pese a las gestiones realizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ante el Congreso, esta modificación no fue incluida en Presupuesto de Egresos para 2020.
La organización México Evalúa señaló en un comunicado que esto es preocupante, pues se suma a una reducción de 3.6% en términos reales en el Fondo para el fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) y del 0.24% en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
“Con los recursos actuales no se garantiza que los policías locales puedan cumplir con las atribuciones planteadas en el Modelo Nacional, por ejemplo, mediar conflictos entre ciudadanos, recibir denuncias y generar capacidades de inteligencia policial para investigar y prevenir delitos” indicó México Evalúa.
Funcionarios consultados sobre esta situación indicaron que ahora se analizan otras alternativas para recabar recursos, que permitan implementar el Modelo al menos en los municipios con mayor población e incidencia.
Entre las alternativas que se estudian se encuentra la obtención de recursos provenientes de los Estados Unidos a través de la llamada Iniciativa Mérida, o la imposición de un impuesto denominado “Derecho de policía” que se sumaría al predial que recaban los municipios. Ninguna ha sido confirmada todavía.
