Patricia Legua, de 53 años, vio la boda de su hija Stephanie a través de una pantalla.
El matrimonio se celebró en Chandler, Arizona Estados Unidos, el 17 de noviembre de 2017. Pero Legua, originaria de Jalisco, en Guadalajara, fue deportada en 2011. Así que no pudo estar presente en esa fecha en la que todas las madres quieren estar presentes.
Mientras su hija se casaba a 365 kilómetros de distancia de Tijuana, Patricia Legua miraba la pantalla de un celular, llorando.
No sería la última ocasión en la que la separación golpearía a esta familia.
Dos años después, en 2019, Legua pasó por el mismo el mismo proceso con su hija Andrea Mariana, que se casó en Tampa, Texas. Esta vez tuvo que ver la boda por fotografías. La celebración fue por lo civil y ella se encontraba trabajando.
“Todo esto ha sido muy difícil. Me ha tocado ver crecer a mis nietos por videollamada, las bodas, las graduaciones. Ha sido muy complicado”, dice.
Patricia Legua fue deportada desde Estados Unidos el 4 de mayo de 2011.
Por eso lleva mucho tiempo perdiéndose los grandes eventos de la vida de sus tres hijos, Andrea Mariana, Stephanie y Aarón. La primera es residente legal, ya que nació en México, pero llegó a Estados Unidos cuando siendo muy niña. Los otros dos son ciudadanos norteamericanos. Su madre lleva una década sin pisar el norte. Estuvo ausente en las bodas. En los nacimientos de sus dos nietos. En las graduaciones. Es más que probable que se pierda la llegada de su tercer nieto.
“Espero que pronto pueda recuperar el tiempo perdido”, dice.
Desde hace más de un año, Legua forma parte del grupo Madres Soñadoras, que se estableció en 2014 y que reúne a madres expulsadas de Estados Unidos y separadas de sus familias. Actualmente son doce mujeres en Tijuana, aunque a lo largo de su historia han pasado por el colectivo más de 200, según Yolanda Varona, su presidenta y fundadora.
Organizan actos de protesta para reclamar la reunificación familiar, realizan celebraciones como el “Thanksgiving”, recolectan fondos para apoyar a sus integrantes y participan en talleres de autocuidado. También asesoran a otras deportadas, y a migrantes centroamericanas, y apoyan en los albergues de esa ciudad fronteriza cuyo muro simboliza la separación entre el próspero norte y el sur que aspira a dar el salto.
Son como una familia alternativa que les permite sobrellevar el destierro.
En la última década, la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación registró tres millones 365 mil 890 deportaciones de mexicanos que se encontraban en Estados Unidos. De ellas, 325 mil 767 eran mujeres mayores de 18 años.
En 2011, un total de 405 mil 457 mexicanos que se encontraban en situación irregular fueron repatriados desde Estados Unidos. De ellos, 351 mil 601 eran hombres mayores de 18 años y 38 mil 332, mujeres. Legua era una de ellas.
No hay datos sobre cuántas de ellas son madres que se vieron forzadas a dejar atrás a sus hijos. Según Yolanda Varona, “somos miles”.
Animal Político consultó sobre los programas de apoyo a este colectivo al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). En ninguno de los casos hubo respuesta.
Tampoco hay estadísticas sobre cuántos de estos deportados logran regresar a Estados Unidos.
De los dos centenares de mujeres que se asociaron al colectivo únicamente tres lo lograron: son Emma Sánchez, Alicia Fraustro y una tercera que prefiere mantener su identidad en el anonimato.
Patricia Legua espera ser la siguiente. Su hija Stephanie dice, en llamada telefónica, que ya tiene una casa preparada para cuando la madre obtenga sus documentos.
Su historia es la de miles de mujeres mexicanas: vulnerables y sin papeles en regla, lo que incrementa el riesgo de sufrir abusos.
Entró a Estados Unidos con visa de turista en 1991. Se casó en 1994 con un hombre con permiso de residencia que la maltrató psicológicamente hasta su separación en 2005. Regresó a México en 1999 debido a la muerte de su madre y trató de regresar con documentación falsa, por lo que fue interceptada y obligada a dar la vuelta.
Logró entrar nuevamente a través de otro paso fronterizo e hizo su vida. Vivió en California y Arizona. Tuvo tres hijos. Tuvo diversos trabajos. Tuvo una vida en el norte.
En 2006 interpuso una denuncia por violencia de género y, posteriormente, solicitó su visa VAWA (Violence Against Women Act, por sus siglas en inglés). Se trata de un documento que busca proteger a las mujeres que han sufrido agresiones a manos de sus parejas que tienen los papeles en regla.
Es habitual que estas personas utilicen su estatus legal para controlar y chantajear. Algo así como “si te vas, te denuncio por ilegal”. Así que esta visa está pensada para que las víctimas accedan a la residencia sin tener que depender de sus agresores.
A Legua, sin embargo, no le protegió.
Pidió su visa VAWA pero en el 9 de noviembre de 2009 fue arrestada por agentes del ICE (Serivicio de Inmigración y Control de Aduanas de EUA) que se presentaron en su puesto de trabajo en una empresa aeronáutica de Temple, Arizona.
La encerraron en Eloy Detention Center, una cárcel privada en la que se mantiene bajo custodia a migrantes indocumentados. Ella, trabajadora y madre de familia, víctima de la violencia machista, sin cuentas con la justicia, era encerrada por haber intentado entrar en Estados Unidos con documentación falsa tras la muerte de su madre.
Según explica, ahí permaneció durante año y medio, tratando de pelear su caso de asilo. Hasta que el abogado que tenía en ese momento decidió no pagar una fianza de cien dólares que le hubiese permitido seguir luchando en la corte y fue deportada.
Desde entonces reside en México. Primero en Tijuana. Después, en Jalisco. Y, de nuevo, a Tijuana, para poder estar más cerca de sus hijos.
La mujer relata que entró en contacto con Madres Soñadoras casi por casualidad, por un recorte de periódico que le mostró un hermano que vive en Tijuana. Una casualidad que le llevó conocer a un abogado, Filex Sánchez, especialista en materia de migración.
Ahora tiene esperanza.
Deberá pagar mil dólares, que es lo que cuesta el “perdón” en Estados Unidos, un trámite por el que se olvidan “pecados” como el cometido por la mujer cuando intentó entrar con documentación falsa.
También tendrá que realizar diversas gestiones en el consulado de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Finalmente, espera poder reencontrarse con sus hijos. Todo el proceso, calcula Yolanda Varona, podría costar unos 7 mil 500 dólares.
“¿Qué es ese dinero en comparación con reunir a una familia?”, se pregunta la fundadora del colectivo.
Yolanda Varona dice que fundó Madres Soñadoras “como un acto desesperado”.
A sus 50 años, esta mujer proyecta energía y determinación.
Cuenta que se convirtió en líder del movimiento un poco por casualidad. Había entrado con visa de turista en 1994 y, posteriormente, en 1997. Ahí hizo su vida hasta que todo se truncó en la noche de fin de año de 2010.
Lo que iba a ser una salida rápida para hacer un mandado se transformó en la pérdida de la visa y el alejamiento de sus dos hijos por una década.
Aquel día se encontraba con su exprometido, un ciudadano norteamericano que olvidó su documentación. Al acercarse a la frontera, el policía de aduana quiso comprobar los papeles del vehículo. Y todo se vino abajo. El carro estaba a su nombre y alguien que no tiene residencia legal no puede tener vehículos inscritos a su nombre.
“Te vamos a cancelar la visa”, le dijo.
Y Yolanda Varona quiso que se la tragara la tierra.
“No sabía cuándo iba a volver a ver a mis hijos”, dice.
Una crueldad: el último beso fue de trámite, sin la trascendencia de saber que la separación se iba a alargar en el tiempo.
Por eso, Varona repite insistentemente que hay que decir “te quiero”, que hay que abrazar, que “no se pueden dar las cosas por sentadas” y pensar que tus seres queridos van a estar ahí siempre.
Explica la mujer que pasó aquella noche en un centro de detención ya que le arrestaron lo suficientemente tarde como para no expulsarla de inmediato.
Mientras todo el mundo celebraba el inicio de 2011, ella se encontraba en un círculo con otras detenidas, hablando de su caso y de las injusticias de las leyes migratorias.
A partir de entonces, se convirtió en una deportada.
“Nunca he intentado regresar, he tenido paciencia, porque van a ser diez años de espera. Solo Dios, que es tan grande, y el amor de mis hijos, me ha hecho levantarme”, explica.
Tres años después fundó Madres Soñadoras. Aunque en la primera reunión estaban ella, otra mujer deportada y Héctor Barajas, un veterano del Ejército norteamericano que también fue expulsado, aunque ya logró regresar.
Yolanda Varona habla desde la tamalería “La Antigüita”, propiedad de Esther Morales. Ahí se reúne el grupo todos los viernes para realizar una venta de garaje que les permita obtener fondos.
Ahí está Esther, una mujer de Oaxaca con nueve cruces al otro lado y otras tantas detenciones en su historial. También Ana Lorena, maltratada en EUA y que rompe a llorar cuando recuerda al malnacido que le pellizcaba por debajo de la mesa para humillarla y le daba golpizas cuando nadie miraba. O Ana Lidia, una mujer de Zacatecas que nunca quiso cruzar al gabacho desde que fue con su familia a Disneyland pero que terminó casada con un mexicano con papeles al que siguió porque no se fiaba de tener una relación a ambos lados de la frontera.
Esta tamalería es una especie de cuartel general, el lugar en el que se reúnen, planifican actividades, organizan eventos. Doña Esther, la dueña, tiene por costumbre contratar a sus iguales, migrantes o solicitantes de asilo que esperan su cita al otro lado.
Por aquí han pasado guatemaltecas, hondureñas, mexicanas. Actualmente está como empleada una cubana que prefiere no hacer una entrevista: sus abogados le han recomendado que no hable sobre su caso de asilo.
Aquí es donde buena parte de las actividades del grupo se planifican.
Explican, por ejemplo, las dificultades que pasan las mujeres a las que se obliga a estar separadas de sus hijos. Cómo hombres sin escrúpulos llegan a cortar la comunicación con hijos que no saben por qué su madre ya no está. O cómo las autoridades norteamericanas llevan a los menores a centros de acogida tras expulsar a la madre por no tener papeles.
También explican las opciones existentes para las madres deportadas. Por ejemplo, la visa U, pensada para personas que colaboraron con las autoridades estadounidenses en la resolución de un delito.
Ese es el caso de la propia Yolanda Varona, víctima de una agresión sexual en el norte y que ayudó a la policía a identificar al delincuente. Por ejemplo, la visa VAWA, de la que podría beneficiarse Ana Lidia, maltratada en Estados Unidos.
Desde que en 2015 Yolanda Varona se plantó en una protesta en San Ysidro, la frontera con Estados Unidos, con un cartel que preguntaba si alguien había visto a su hijo, el número de mujeres que se acerca a este colectivo se ha multiplicado.
Cuenta Patricia Legua que la distancia le obligó a que el celular fuese el intermediario para actos cotidianos como, por ejemplo, enseñar recetas a su hija. Relata cómo ha pasado horas explicando, a través de videollamada, cómo se preparan unas enchiladas de pollo con champiñones, o unas albóndigas, o un ceviche de camarones. Se emociona cuando, al otro lado del teléfono, su hija le explica que la mudanza va bien y que ya tiene su habitación disponible para cuando las autoridades norteamericanas tengan a bien facilitarle documentos.
Esta escena es aplicable a todas las madres que Yolanda Verona reunió en un colectivo.
Todas esperan.
Todas dejaron una vida al otro lado.
Todas confían en que, algún día, regresarán.