A un año del gobierno de AMLO, aún hay 99% de impunidad en casos de tortura: informe
“A un año de nuevo gobierno sigue 99% de impunidad, no hay reparación, la delincuencia organizada uniformada, ejército y policías, están total y absolutamente impunes”. Fernando Valadez, integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, denunció que, a un año de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quedan muchas tareas pendientes en el ámbito de la justicia y la rendición de cuentas en casos de tortura.
En 2019, el colectivo, que cumple 15 años de actividad, acompañó cerca de 30 denuncias de tortura en estados como Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca. En la mayoría de los casos los perpetradores fueron policías estatales o integrantes de la Secretaría de la Defensa (Sedena). Según Valadez, no se han recibido denuncias de malos tratos contra agentes de la Guardia Nacional, que comenzó sus actividades durante el ejercicio que ahora cierra.
“Que no haya información sobre un caso no quiere decir que exista o no la tortura”, puntualizó la psicóloga Mariana Castilla Calderón.
“La tortura ha sido utilizada como medio de contención social, en aspectos de militarización, para la contención de los migrantes”, dijo Cristian Urbalejo Luna, coordinador del colectivo. En sus 15 años de historia, esta organización acompañó a cerca de 500 casos de tortura.
El coordinador recordó que México aceptó las recomendaciones formuladas en abril por el Comité de la ONU contra la Tortura. Ahora, aseguró, lo que corresponde es hacerlas efectivas para no quedarse en una declaración de “buenas intenciones”. Entre las propuestas: planes de reparación integral, programas de capacitación o dar un espacio a la sociedad civil para el monitoreo y la aplicación de las medidas.
Uno de los temas pendientes es la creación de un registro de casos de tortura, dijo Urbalejo Luna. La falta de información es uno de los problemas con los que se encuentran víctimas y asociaciones, aseguró.
Entre 2005 y 2017 la Procuraduría General de la República, actual Fiscalía General de la República, inció 9 mil 539 averiguaciones previas sobre casos de tortura. Sin embargo, apenas una veintena terminó en consignaciones.
“No hay cifra real para dimensionar el tema de la tortura”, dijo Castilla Calderón.
Por su parte, Urbalejo Luna anunció que han enviado cartas a la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas para solicitar una reunión en enero. Ambas instituciones cambiaron recientemente sus titulares, por lo que el colectivo espera poder mantener encuentros con Rosario Piedra Ibarra y Mara Pérez Gómez.
En su informe de mayo, la ONU consideró que la tortura es una práctica “generalizada” en México. Por eso, Mariana Castilla Calderón consideró que “deben implementarse acciones. Nos preocupa que sea aceptación general pero que impunidad siga”.
Como aspecto positivo, la psicóloga apuntó la aprobación de la ley de prevención de la tortura de 2017.
