Exfuncionario de Pemex libra investigación a su patrimonio pero no por La Estafa Maestra
La Secretaría de la Función Pública (SFP) interpuso dos denuncias penales en contra de Miguel Ángel Lozada Aguilar, exdirector de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP) por su presunta participación en La Estafa Maestra, pero la Fiscalía General de la República sólo mantiene abierta una investigación.
En abril pasado, la Función Pública denunció a Lozada y otros dos funcionarios, Héctor Salvador Salgado Castro y Luis Galván Arcos, ante la FGR por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos a través de convenios hechos con universidades públicas para realizar supuestos servicios que, en algunos casos, no se cumplieron porque utilizaron a empresas fantasma o irregulares.
Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, Miguel Ángel Lozada pudo acreditar a través de tres peritajes de evolución patrimonial el origen de todo su capital, por lo que la FGR determinó un “no ejercicio de la acción penal”, es decir, el exfuncionario libró la acusación por el delito de enriquecimiento ilícito.
La investigación que permanece abierta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR es la relacionada a un convenio firmado por Lozada en 2012, cuando era Administrador del activo de Producción Cantarell de Pemex.
Aunque la Fiscalía también había determinado desechar esta última acusación bajo el argumento de que el probable delito había prescrito, la Función Pública se inconformó y logró que un juez ordenara a la Fiscalía reponer el procedimiento, y, por tanto, la investigación continua hasta el momento.
Antes de éste ordenamiento del juez, parecía que Lozada había superado las acusaciones, es por ello que el 26 de junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la FGR no había encontrado elementos en contra del funcionario de Pemex.
“La Fiscalía General de la República hizo la investigación y no encontró responsabilidad a este funcionario de Pemex. Pero hoy solicité que me presenten por escrito esa resolución”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.
En enero pasado, Animal Político publicó que esos tres funcionarios de Pemex que firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares durante el sexenio pasado, habían obtenido cargos más altos en Pemex ya en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trataba de Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien fue nombrado director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.
Cuando el presidente se enteró que los funcionarios permanecían en Pemex, ordenó a la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, que realizara una investigación para deslindar responsabilidades y en tanto, serían separados del cargo porque “si están involucrados en La Estafa Maestra no tienen por qué trabajar en este gobierno”, dijo el mandatario.
La Estafa Maestra es una investigación periodística de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción que documentó un esquema de desvío de recursos públicos ocurrido en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el que dependencias del gobierno Federal y, en este caso Pemex, hicieron convenios con universidades públicas para que éstas realizaran supuestos servicios, pero a su vez subcontrataban a empresas que resultaron ser fantasma o irregulares.
En abril, durante el proceso de investigación de la Función Pública, encontró elementos suficientes para denunciar penalmente a los tres funcionarios por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos a través de la firma de convenios.
Lozada, según las fuentes, logró acreditar que su patrimonio era acorde a sus puestos, por lo que ese procedimiento penal quedó cerrado. Mientras que Salgado y Galván, sí continúan con esa acusación. La investigación de los convenios con universidades sigue abierto para los tres exfuncionarios.
Adicional al proceso judicial, después de 10 meses de investigación administrativa, la Función Pública determinó este 11 de diciembre, destituir de su cargo a Lozada e inhabilitarlo por 10 años para ocupar cargos públicos.
La sanción se derivó de “omisiones detectadas” en su declaración patrimonial durante cuatro años consecutivos, de 2014 a 2017, “las cuales violan la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, según informó la dependencia a través de un comunicado.
Función Pública aseguró que respetó el derecho de audiencia del exdirector de Pemex Pep, y que este “no ha podido justificar por qué no reportó dos cuentas bancarias y los beneficios económicos de un bien inmueble”.
La dirección de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP) es uno de los puestos más importantes al ser una de las seis Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), es decir, la parte medular de la empresa.
El nombramiento de Lozada en ese puesto fue propuesto por el director de Pemex, en este caso Octavio Romero Oropeza, quien ha sido un colaborador cercano al presidente López Obrador desde 2000 cuando fue Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y luego como candidato de Morena a la alcaldía de Centro, Tabasco en 2016. Al perder la elección, el Presidente le designó la dirección de Pemex.
