El Estado de México anunció un aumento en la tarifa básica del transporte público de 10 a 12 pesos. Los usuarios, alrededor de 6 millones de personas, pagarán más por un servicio de mala calidad, inseguro y contaminante. El gobierno del estado ha dejado el costo de mejorarlo a la inversión privada, a través de los concesionarios, y no planea invertir en transporte estructurado, como metrobús o trolebús, porque le resultaría un gasto que no está dispuesto a asumir.
Raymundo Martínez Carbajal, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, dice a Animal Político que un sistema de transporte estructurado e interconectado requiere una inversión muy alta (aunque no pudo precisar de cuánto), que el gobierno estatal no puede hacer.
Hasta ahora, el pasaje en microbús o vagoneta por los primeros 10 kilómetros costaba 10 pesos en el Estado de México, cuando los traslados en metrobús, metro o hasta RTP en la Ciudad de México no rebasan los 7.50, es decir, el pasaje ya era caro.
Los usuarios deben pagar ese costo por traslados inseguros. El Índice de Movilidad Urbana 2019 del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señala que 31% de la población dejó de usar el transporte público por inseguridad en la ciudad de Toluca.
Estos microbuses y vagonetas generan puntos de conflicto vial y cuellos de botella: hay puntos de la avenida Gustavo Baz, entre Atizapán y Tlalnepantla, donde ocupan hasta dos carriles para estacionarse mientras esperan pasaje o permiten que descienda.
Carlos Samayoa, coordinador de Movilidad Sustentable en Greenpeace México, asegura que se han acercado al gobierno del Estado de México para plantearle propuestas de un transporte más eficiente, menos contaminante y más seguro y digno para los usuarios , “pero no han movido un dedo para mejorar en este tema. Lo que hacen son puras simulaciones”, asegura.
La organización lanzó la campaña ¡Respira México! Exige transporte sin contaminación, en la que invitan a exigir a las siete ciudades más contaminantes, entre ellas Toluca y la Zona Conurbada del Valle de México, a tener un transporte más sustentable y seguro en un país que privilegia el uso del automóvil.
En promedio, 81% de la inversión pública de movilidad a nivel nacional se destina a la infraestructura para el automóvil y solo 19% a la movilidad sustentable como el transporte público, la bicicleta o caminar, aunque son las modalidades que utiliza la mayor parte de la población: 70%, señala el informe Manifiesto de la Revolución Urbana de Greenpeace.
Samayoa subraya que de los estados donde se ubican las siete zonas más contaminantes, la zona metropolitana de la CDMX, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, Toluca y Pachuca, el Estado de México es una de las de mayor rezago en mejoras del transporte público estructurado y articulado, aunque por el nivel de personas que mueve es sin duda el caso más preocupante.
De acuerdo al informe Invertir para Movernos 2018 del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP) aun cuando solo el 17% de los viajes son en automóvil, 76% en transporte público y 7% en bicicleta o caminando, en Toluca se destina en promedio el 85.9 % del presupuesto a infraestructura para el automóvil y únicamente 14.1% a la movilidad sustentable (seis veces menos) que es la que más utiliza la población.
Para la zona metropolitana de la CDMX en 2019 se anunció inversión para duplicar la red de trolebuses a 200 km y para la compra de 500 unidades, así como para el incremento del 60% de unidades de RTP, renovación de 100% flota con 12 años, 80% de la flota de organismos públicos y para la implementación del proyecto Trolebici, cuyo objetivo es fomentar la movilidad no motorizada.
En cuanto a la bicicleta, se anunció la expansión del 15% en la red de ciclovías (30km) para llegar a 600 km de infraestructura ciclista en 2024 y la construcción de 16 biciestacionamientos masivos y semivacíos.
En Toluca, en cambio, “no hay una sola línea de transporte público estructurado y profesionalizado al estilo del metrobús. El gobierno del Estado de México no le apuesta a este tipo de opciones. En las otras siete ciudades más contaminadas del país se están haciendo ya esfuerzos pero en esta entidad no está pasando mucho”, dice Samayoa de Greenpeace.
En el Edomex el sistema de mediana capacidad de transporte público, vagonetas, microbuses, autobuses, no tiene subsidio, es todo concesionado a particulares, explica, “y no se opta por un transporte masivo porque eso requiere de una inversión grande”.
La estrategia en la entidad es transferir el costo de tener un supuesto transporte más eficiente, menos contaminante y más seguro a los concesionarios. El secretario de Movilidad dice que ya se hizo una inversión de 52 mil millones de pesos para sustituir 44 mil vehículos (de un total de 370 mil y 180 circulando todos los días) por unidades nuevas. Pero toda esa inversión fue privada, a cargo de los concesionarios.
Martínez Carbajal asegura que el tema de seguridad también se está atendiendo. Ya hay 17 mil vehículos equipados con cámaras, botón de pánico y GPS. El secretario asegura que no tiene idea de cuánto se requirió de inversión solo para esto, porque esa también la hicieron los concesionarios.
El gobierno del estado lo que está poniendo es la plataforma tecnológica en la que se va a capturar toda la información de esos dispositivos, y en la que se podrá llevar todo el registro de desempeño de las unidades y las rutas, aunque dice que de esa tampoco sabe la cifra de inversión porque no se ha concluido, “se va a activar a mediados del próximo año”.
Sobre tener carriles confinados que eviten los puntos de tráfico y accidente viales que hoy provocan los miles de vehículos de poca capacidad del transporte público en el Estado de México, el secretario de Movilidad dice que se están evaluando.
“Sí estamos trabajando ya en eso. Claro, estos carriles confinados –admite– no se comparan con un VRP (conjunto óptimo de rutas para una flota de vehículos) que tiene buses articulados, vehículos de gama baja (de mayor longitud, altura y con capacidad para mucho peso) y una infraestructura pavimentada especial (que debe soportar el paso de los autobuses que pueden pesar hasta 30 toneladas ya con pasajeros) pero eso requiere una inversión cinco o seis veces mayor”.
Será para finales del próximo año cuando se tengan estos carriles confinados, dice Martínez Carbajal, porque apenas se está haciendo el estudio de las vialidades por donde circula el 80% del transporte de mediana capacidad.