Durante su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado varias críticas contra el papel que han tenido en los últimos sexenios órganos autónomos y reguladores como el INE, el INAI, la Comisión Reguladora de Energía y la CNDH.
Los tachó de haber sido una simulación, un gobierno paralelo que ha sido muy costoso para el país. Pero además de denostarlos en las conferencias mañaneras, los legisladores de su partido -con mayoría en el Congreso- ‘castigaron’ en el presupuesto a estos organismos de contrapeso, tanto en 2019 como para 2020. Además, cuando tuvo oportunidad, el Ejecutivo buscó designar en ellos a funcionarios afines a su proyecto político.
Para 2020, el INE recibió 6.4% menos de lo que pidió; la CNDH, 1.94% menos; la Comisión Federal de Competencia, 1.40% menos de lo que solicitó; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 10.91% menos; el INAI, 5.39% menos; la Fiscalía General de la República, 8.24% menos; la Suprema Corte de Justicia, 3.99% menos, y el TEPJF, un recorte de 3.26%.
Al hacer la comparación de 2019 con 2018, los autónomos ya habían tenido recortes. El INAI recibió 17.9% menos; el IFT 14.2% menos; la Comisión Federal de Competencia Económica, 9.2% menos; la CNDH, 6.6% menos, y el INE 35.1% menos, considerando que el año previo había tenido el gasto de las elecciones federales.
En el caso específico del Poder Judicial, donde el presidente ha hablado de que está en proceso “una limpia” contra la corrupción, incluyó en sus ternas para la Suprema Corte de Justicia a personajes que también fueron cuestionados por ser cercanos a él, o a su círculo de colaboradores.
De hecho en la sucesión que se avecina, tras la salida de la Corte de Eduardo Medina Mora, una de las mujeres que postuló para ministra, Margarita Ríos-Farjat, trabaja actualmente en su gobierno como titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Ante los señalamientos de analistas y opositores sobre un intento de socavar la autonomía o la imparcialidad del Poder Judicial, su partido en el Senado, Morena, ha defendido que los dos nombramientos de ministros que se han concretado hasta ahora, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, han privilegiado la capacidad jurídica, más allá de tener cercanía o simpatía con el presidente.
La llegada de López Obrador al gobierno sacudió a los órganos autónomos, de evaluación y regulación y al Poder Judicial, por las reducciones de presupuesto, limitaciones a los salarios, las nuevas designaciones y reformas como la educativa, que implicó la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE).
Uno de los casos más polémicos se dio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Después de las críticas de López Obrador a la Comisión bajo el mandato de Raúl González Pérez, llegó al Senado una terna que incluía a la activista Rosario Piedra, para sucederlo en el cargo.
La oposición criticó que Piedra tuviera en su historial haber sido candidata a diputada por Morena, y luego acusó que había sido elegida para encabezar la CNDH por medio de un fraude en la votación en el Senado, sin haber reunido la mayoría calificada.
A pesar de dichas críticas, y de que incluso activistas y agrupaciones de víctimas le pidieran que no tomara el cargo hasta aclarar las dudas sobre el proceso, Piedra rindió protesta en medio de gritos y jaloneos, y aún así López Obrador se congratuló por su designación.
Otro cambio de mando se dio en la Comisión Reguladora de Energía. Guillermo García Alcocer dejó la presidencia de dicho organismo en junio, cuando aún le quedaban cuatro años a su periodo. Lo hizo después de que el gobierno de López Obrador informara sobre una investigación en su contra, por un posible conflicto de interés como titular de la CRE. En su lugar fue nombrado uno de los personajes propuestos por el presidente, Vicente Melchi García.
En cuanto al Coneval, encargado de medir la pobreza en México, López Obrador determinó que Gonzalo Hernández Licona dejara el mando de dicho organismo, que había mantenido más de 10 años.
La decisión del presidente se dio cuatro días después de que Hernández Licona señalara en una columna las afectaciones al Coneval por los recortes de presupuesto que en 2019 le había aplicado el gobierno federal.
“Ya llevaba 13 años y quería seguir ahí. Por cuestiones de honestidad, él debería entender que ya no es la misma política, no somos neoliberales”, mencionó López Obrador, en medio de cuestionamientos en diferentes espacios sobre si la decisión afectaría el desempeño del Coneval, al cortar con la especialización que había logrado Hernández Licona, y sobre si había un intento de debilitar la labor del Consejo de Evaluación, antes de que emitiera evaluaciones de los programas sociales de su gobierno contra la pobreza.
Al insistir en mencionar que los organismos autónomos habían sido un gasto excesivo para el país (para 2020, los órganos autónomos representan el 3% de todo el gasto programable), el presidente incluso planteó la posibilidad de que el Inegi hiciera la labor del Coneval, aunque el propio Inegi había reclamado en 2019 que no contar con el presupuesto que había solicitado -pidió 17 mil millones de pesos y le dieron 12 mil- lo obligó a cancelar o suspender una decena de proyectos.
Además de los organismos ya mencionados, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos también hubo relevo en el mando este año, y llegó una persona propuesta por el presidente López Obrador, como lo establece la ley, Rogelio Hernández.
En la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el presidente nombró a Ángel Carrizales, exintegrante de la llamada Ayudantía de López Obrador. Ante las dudas sobre su experiencia para estar en el cargo, el mandatario dijo que, más que la experiencia, era más importante la honestidad.
En lo que va del gobierno de López Obrador, han sido nombrados dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, como resultado de ternas presentadas por el presidente. Y próximamente habrá una tercera designación.
En diciembre de 2018 fue nombrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, en sustitución de José Ramón Cossío Díaz.
Luego en marzo ya de este año, fue nombrada como ministra Yasmín Esquivel Mossa, cuestionada por organizaciones civiles ante un posible conflicto de interés, ya que es esposa del contratista José María Rioboó, empresario cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El siguiente nombramiento resultará de la terna integrada por Ríos-Farjat, que actualmente es titular del SAT, Diana Álvarez Maury y la académica Ana Laura Magaloni. Su designación será para cubrir el sitio que deja Eduardo Medina Mora, quien renunció a la Suprema Corte en medio de los reportes de que enfrenta denuncias en su contra, por presunto lavado de dinero.
Otro cambio a partir de la llegada de López Obrador al gobierno se dio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde Janine Otálora renunció a la presidencia, señalando que el país vivía una nueva época y el Tribunal debía adaptarse. Su salida se dio después de que otro magistrado del TEPJF amagara con presentar denuncias en su contra, por presuntas prácticas irregulares que llevaron al Tribunal a validar la elección en Puebla y favorecer a la panista Martha Erika Alonso, mientras Morena reclamó fraude.
El Instituto Nacional Electoral acusó que el Congreso federal, con mayoría de Morena, no le dio presupuesto suficiente para 2019 y para el próximo año es la misma situación. Los consejeros han advertido que al recibir mil 71.5 millones de pesos de lo que habían solicitado se verán afectadas sus funciones y estará “al límite” su capacidad operativa, de cara a las elecciones federales de 2021.
Además, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió sobre una iniciativa de legisladores de Morena, partido de López Obrador, para que la presidencia del INE dure solo 3 años y no 9, como está establecido ahora. De concretarse, dijo Córdova, estaría en riesgo la autonomía del Instituto y podría quedar subordinado a los intereses del partido que tenga la mayoría política.
Desde el inicio de su administración, López Obrador acusó que en gobiernos previos fue creada “toda una constelación” de organismos independientes, “supuestamente autónomos”, que en realidad sirvieron para “facilitar el robo”, para entregar contratos y permisos a empresas particulares.
“Afortunadamente se vencieron plazos en estos organismos autónomos o algunos renunciaron porque ya no les parecieron los sueldos”, dijo sobre las reducciones de salarios que estableció su gobierno y los cambios de funcionarios que comenzaron a darse en dichas instancias.
Apenas al día siguiente, acusó al INAI de operar para “mantener en secreto asuntos” en favor de minorías (aquí puedes leer El Sabueso sobre si en verdad el INAI y la CNDH han sido siempre omisos, como dice el presidente). Y de la Comisión Reguladora de Energía, dijo que sirvió en la etapa neoliberal para proteger intereses particulares.
Respecto a la CNDH, acusó en otro momento que “nunca vio nada sobre las violaciones graves de los derechos humanos”. Sus críticas hacia la Comisión arreciaron luego de que ésta emitiera una recomendación a su gobierno, para que reconsiderara su decisión de ya no dar recursos a las estancias infantiles.
En cuanto al INE y el TEPJF, López Obrador dijo que no habían estado a la altura de las circunstancias y se habían hecho de la vista gorda en el pasado, avalando fraudes electorales (aquí puedes leer El Sabueso sobre si antes el INE castigó o no las prácticas clientelares), como el que él asegura que ocurrió en su contra, en 2006.
Respecto al Poder Judicial, mencionó que en él había predominado la corrupción y que era necesario hacerle una reforma integral.
“Antes en el Poder Judicial no se castigaba a nadie, aquí lo hemos comentado, no sé para qué existía el Consejo de la Judicatura, estaba ahí de florero, de adorno. Se pasaban años sin destituir a un juez, a un magistrado. Entonces, ya no se puede eso, ya hay que poner orden”, dijo en una conferencia del 4 de septiembre.
Sobre la postura del presidente López Obrador ante los órganos autónomos, el analista Jesús Silva-Herzog Márquez comentó en el diario Reforma el 2 de diciembre que si bien estas instancias en el pasado pudieron incurrir en excesos o fallas, en lugar de socavar su apuesta debió ser la su refundación, como contrapesos al poder presidencial.
“No idealizo a esas cápsulas institucionales. Su captura fue frecuente, sus excesos ostensibles. Era ocasión para refundar su independencia y procurar su dignificación. Lo que se ha hecho es todo lo contrario: someterlos y vejarlos. Subordinar todo principio administrativo a la política militante”, señaló el columnista.