Caso Abril Pérez Sagaón: las pistas y dudas a una semana del crimen
La investigación por el feminicidio de Abril Pérez Sagaón cumplió una semana sin pruebas que confirmen aún el móvil o identidad de los responsables. Pese a que públicamente se ha señalado a su exesposo Juan Carlos García Sánchez como sospechoso, tras haberla atacado en enero pasado, las autoridades todavía no tienen evidencia para sostener la acusación en contra suya o de alguien más.
Lo que la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México tiene claro, de acuerdo con autoridades consultadas, es que se trató de una agresión directa a cargo de dos personas muy posiblemente contratadas para ejecutar el homicidio. Entre las pistas que se revisan se encuentran los videos de cámaras de seguridad que captaron a los dos agresores para identificar las rutas de escape. Esta semana se prevén recabar algunas declaraciones.
En tanto, expertos en temas de violencia de género y derechos humanos piden que como parte de la revisión que se está haciendo del proceso judicial que derivó en la liberación del esposo de Abril días antes de su asesinato, se suspenda e indague al magistrado Superior, Héctor Jiménez López.
Ya que fue ese magistrado quien ratificó la decisión del juez Federico Mosco González de procesar a García solo por lesiones y violencia familiar, y no por intento de feminicidio en agravio de su esposa – como pedía el Ministerio Público – tras haberla golpeado con un bate mientras dormía. Además, dicho magistrado revocó la prisión preventiva que sí había mantenido el juez Mosco pese a la reclasificación del delito.
Hasta ahora el Consejo de la Judicatura capitalino solo se ha suspendido a los jueces de menor jerarquía: el propio Mosco González que inicialmente llevó el caso, y otro que cambió la medida siguiendo la instrucción que había dado el magistrado Jiménez López.
Se prevé que el Senado de la República emita este martes un pronunciamiento en el que requerirán que se indague a dicho magistrado y a otros implicados en la cadena de fallos de este caso.
El crimen: pistas e interrogantes
Lo que ya se tiene claro sobre el feminicidio es la forma en que ocurrió. Los perpetradores iban a bordo de una motocicleta, al menos uno de ellos con casco, quienes se emparejaron al automóvil Malibú color vino placas MX 232S2, en que el viajaba la víctima, y le dispararon en dos ocasiones hiriéndola letalmente en la nuca y la espalda.
El automóvil era conducido por Edgar “N” de 47 años, abogado de la víctima, mientras que en la parte trasera viajaban sus dos hijos de 16 y 14 años de edad. Todos venían de una audiencia en un juicio familiar y tenían programado viajar de regreso a su domicilio en Monterrey, Nuevo León, en un vuelo programado a las 11 de la noche.
En ese contexto los investigadores concluyeron que se trató de una agresión directa. Por la mecánica de los hechos y las circunstancias advierten que fue cometida por personas que tenían conocimiento tanto de que Pérez viajaría a la capital para la audiencia, así como de sus desplazamientos.
La principal línea apunta a que las personas en la motocicleta fueron contratados para cometer el crimen.
Entre las interrogantes que intentan resolver las autoridades están la identidad de estas personas, es decir de los autores materiales, y de un posible autor intelectual. Se ha señalado públicamente al esposo de Abril Pérez como posible responsable, pero de ser el caso la investigación aún no clarifica cómo él pudo haber ordenado el crimen, o como lo pudo hacer un tercero.
De acuerdo con las fuentes consultadas, entre las principales pistas que se están siguiendo hay tres: los videos que captaron a los autores materiales del crimen y sus rutas de desplazamiento; los peritajes sobre las ojivas que dejaron los disparos; y el seguimiento a diversas comunicaciones privadas de las que no se quisieron dar mayores detalles.
En la Procuraduría capitalina confirmaron que se han recabado las declaraciones solo de los testigos del homicidio, pero esta semana se prevé recabar varias más. Se confirmó que el exesposo de Abril Pérez será citado a declarar, aunque no se detalló la fecha en que esto ocurrirá.
Eslabón clave perdido
El Consejo de la Judicatura anunció la suspensión de los jueces de control, Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, con el objetivo de investigar su actuación en el proceso penal iniciado en contra del exesposo de Abril Pérez, Juan Carlos García Sánchez, luego de que ella lo denunciara por intentar asesinarla mientras dormía en enero pasado.
El organismo argumentó que analizará si dichos juzgadores actuaron de forma correcta: en el caso de Mosco González al no haber querido procesar al esposo de Abril por intento de feminicidio sino por dos delitos menores, y en el caso de Díaz Antonio al haber concluido que podría seguir el juicio en libertad.
Sin embargo, no se anunció suspensión o indagatoria alguna en el caso del magistrado Héctor Jiménez López, quien tras una apelación promovida tanto por el esposo de Abril y por la Procuraduría ratificó que era correcto que no se procesara por feminicidio al implicado, y anuló además la prisión que se le había dictado, lo que a la postre derivó en su liberación.
En su resolución judicial, de la que este medio tiene copia, el magistrado ratifica – tras recalcar que lo hace con perspectiva de género – que no estaba probada “la intención” de García Sánchez de asesinar a su esposa, que no hay claridad del arma utilizada por los testimonios se contradicen, y que lo que si quedaba claro es que había “diferencias conyugales”, pero no actos que permitieran suponer que había una amenaza de muerte.
Karla Micheel Salas Ramírez, abogada penalista experta en derechos humanos y perspectiva de género, dijo que el magistrado debe ser investigado pues existen deficiencias en la referida resolución
“Es indignante que diga que está utilizando la perspectiva de género para resolver porque no es así. Los criterios de la Corte establecen una serie de obligaciones que no se siguieron o no se entienden como la responsabilidad de que el juez y magistrado puedan ordenar diligencias de oficio si hay deficiencias como lo que se sustenta sobre que no está clara el arma utilizada. Es evidente que la víctima no se había hecho las lesiones sola. Pero no puede solo ratificarse la reclasificación de un delito y ya” dice Salas.
Consideró en particular grave que el magistrado ratificara como una supuesta deficiencia el que Abril no informara que agredió a su esposo al defenderse. “Eso es producto de alguien que lo que realmente piensa es que se está en igualdad de condiciones y que no había una historia de violencia y sometimiento de este sujeto (el esposo)” añadió la abogada.
La abogada advirtió además que el caso de Abril no es un hecho aislado y que hay diversos antecedentes de este magistrado y de otros en diversas salas penales del Tribunales en donde las resoluciones carecen de mínima perspectiva de género.
Se prevé que el Senado emita hoy un pronunciamiento público en el que pedirá que se indague las posibles anomalías judiciales presentadas en el caso, incluida la actuación del referido magistrado.
Faltaron peritajes
Autoridades judiciales confirmaron que la Procuraduría capitalina no contaba con un dictamen pericial que ayudara a sustentar el perfil de riesgo que representaba García Sánchez para su esposa, elemento necesario para pedir que fuera mantenido bajo prisión preventiva de forma justificada.
Lo anterior ya que el delito que le imputó inicialmente la Procuraduría (tentativa de feminicidio) era de prisión preventiva automática, lo que no necesitaba de otro elemento para sustentarla. Pero al reclasificarse a uno de menor gravedad el Ministerio Público carecía de elementos para justificar que debía de mantenerse.
Los investigadores Anel Pineda y Alejandro Jiménez advirtieron ayer en este texto que el tipificar delitos “graves” para imponer prisiones automáticas, en vez de hacerlo sobre el perfil de los detenidos en cada caso, es una salida errónea que casos como el de Abril tienen consecuencias.
También se confirmó que como parte de la investigación la procuraduría no tenía exámenes periciales para probar científicamente que arma de utilizó en la agresión, aunque se dijo que se pensaba contar con ellos en un periodo de investigación complementaria.
