Autoridades de Yucatán presumen que es un estado seguro pero usan tortura y detenciones arbitrarias: activistas
Con el afán de demostrar que en Yucatán no hay una crisis de seguridad como en otras entidades, las autoridades locales recurren a prácticas como la tortura para castigar delitos comunes, e invisibilizan las violaciones a derechos humanos, así lo han documentado a la largo de varios años organizaciones como Elementa DDHH, el Equipo Indignación y Amnistía Internacional.
La premisa en este estado es: “somos la entidad más segura del país y lo vamos a seguir siendo, aunque se paguen ciertos precios”, dicen las investigadoras y activistas Renata Demichelis Ávila y Adriana Muro Polo, de la organización Elementa DDHH, con sedes en Colombia y México, quienes este 21 de noviembre presentaron el informe Derechos Humanos en Contexto, centrado en esta primera entrega en Yucatán, pero que analizará después otras entidades del país.
En Yucatán, afirmó Muro, “la idea es: si robas, parte de tu castigo va a ser la tortura y hay una aceptación social de eso, con tal de mantener la seguridad”.
Elementa DDHH logró documentar, a través de transparencia, que tan solo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018, en ocho meses, se generaron un total de 222 actas de investigación en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el delito de Tortura de la Fiscalía General del estado, eso daría un promedio de casi un caso por día. De estos, 141 siguen en etapa de investigación y 81 ya fueron determinadas, aunque no se especificó en la respuesta en qué sentido.
Ya antes del informe de Elementa DDHH, otras organizaciones y activistas habían denunciado lo mismo. La organización civil Equipo Indignación ha advertido que el aparato de seguridad en Yucatán se utiliza para torturar y mantener bajos índices de criminalidad, así como el aparente contexto de paz y tranquilidad que vive la ciudadanía.
En su informe Tortura, encubrimiento e impunidad, el otro “escudo” del gobierno de Yucatán, Indignación señala que el publicitado y costoso programa “Escudo Yucatán”, implementado en el gobierno estatal anterior, olvidó establecer los mecanismos para proteger a la ciudadanía de los abusos policíacos y de su extremo criminal: la tortura.
No solamente permanecieron impunes casos como el de Roberth Tzab Ek, quien murió en 2010 en condiciones que obligan a sospechar tortura, dice el informe, “sino que se continuó cometiendo de manera sistemática mientras que el gobierno encubrió a los responsables y la fiscalía omitió investigar”.
Cuatro años después, en 2014, un joven de 18 años fue detenido, acusado de robar un bulto de cemento. La policía estatal llegó a su casa de madrugada, despertó a patadas a la familia y se llevaron detenidas a tres personas, entre ellas un menor de edad. Al joven acusado de robo lo torturaron y le simularon una violación. La Codhey cerró el caso cuando cambiaron a los policías de zona.
En 2016, dos casos más saltaron al ámbito público, el de José Adrían, adolescente torturado por policías municipales de Chemax, y la tortura cometida en contra de otro adolescente en Conkal por elementos de la Gendarmería de la Policía Federal.
Para Martha Capetillo, abogada de Indignación, la tortura y las detenciones arbitrarias en Yucatán son sistemáticas, “pero también lo es el encubrimiento hacia quienes los perpetran, los mismos policías amenazan a las víctimas con no denunciar, la Codhey no hace su trabajo, nadie investiga, esto está tolerado y normalizado”.
El único caso de tortura que ha sido llevado a juicio en Yucatán ha sido el que se filmó y divulgó en mayo de 2016 en Tekax. Sin embargo, el policía que exhibió el caso al grabarlo y difundirlo fue a su vez torturado y ese crimen, como todos los demás, continúa impune, recordó la abogada.
Son los otros
Para mantener la idea de que Yucatán es una entidad “segura” hay un perfil en las detenciones, de acuerdo con las activistas de Elementa DDHH, quienes señalan que se detiene principalmente a jóvenes morenos con cierta vestimenta y a indígenas, y también a personas de otros estados, como de Quintana Roo.
Esto es también una forma de justificar que si se comenten delitos menores los comenten los “otros”, los de fuera y no la sociedad yucateca.
“Es la idea de que el peligro viene de otro lado y eso es tanto para el tema de lo maya como para los foráneos. En Yucatán, en Mérida, sobre todo, la sociedad todavía es muy racista y el origen, el lenguaje, el color de piel te determinan”, subraya Adriana Muro.
El caso más emblemático de esto es el de José Adrián, un adolescente maya con discapacidad auditiva, quien hoy tiene 17 años, pero quien sufrió detención arbitraria y tortura a los 14. Amnistía Internacional retomó el caso para su informe sobre detenciones arbitrarias en México, llamado Falsas Sospechas. En este la organización reporta que la práctica de la tortura es generalizada en México y Yucatán no es la excepción.
La Codhey emitió la recomendación 35/2018 sobre el caso de José Adrían, pero a pesar de las pruebas presentadas, omitió señalar que el adolescente había sido víctima de tortura. Solo describió los hechos como “fuerza excesiva, desprotección de la parte superior del cuerpo y que permaneció esposado durante el tiempo de su detención”.
La Codhey, a diferencia de otras comisiones estatales, dice la activista Adriana Muro, está neutralizada y no cumple con su obligación de velar por la protección y la garantía de los derechos humanos. “Es una comisión completamente ausente y para nada aliada de las organizaciones de la sociedad civil que sí defienden derechos”.
Pese a todo ese intento de ocultamiento y falta de acción, en 2018 la Codhey tuvo que registrar 215 quejas por detenciones arbitrarias y/o ilegales y 187 por lesiones, cometidas por agentes de seguridad pública, lo que derivó en la emisión de 18 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, aunque ninguna de ellas está clasificada como tortura.
La misma situación continúa hoy, aunque ya hubo cambio de gobierno y de partido en el poder, con el panista Mauricio Vila Dosal (2018-2024). “Lo que encontramos – dice Alejandra Muro– sobre todo en las entrevistas que hicimos a las autoridades es que el gobierno actual mantiene la misma política de invisibilizar que existen violaciones a derechos humanos, su prioridad es el desarrollo inmobiliario y el turismo, y para eso se necesita mantener la idea del estado seguro”.
“Nosotros no tenemos conocimiento de la implementación de acciones para erradicar la práctica de la tortura y las detenciones arbitrarias en Yucatán. De hecho, sigue al frente de la Secretaría de Seguridad Pública la misma persona que lleva años en el cargo, vendiendo la idea de que ha logrado mantener en calma a la entidad, pero a qué costo”, dijo Capetillo.
Sobre los señalamientos de las organizaciones, la Codhey dijo que respeta sus puntos de vista y “reitera la invitación a trabajar de manera coordinada para realizar acciones conjuntas encaminadas a fortalecer la cultura de los derechos humanos en Yucatán”.
Añadió que un 30% del total de quejas que recibe son contra autoridades policiacas estatales pero que un tercio se han resuelto por la vía de la conciliación.
Y que en los casos en los que se emite una recomendación, se pide la reparación integral del daño a las víctimas, se realiza una investigación de los hechos y se capacita a los servidores para la no repetición de los hechos.
Animal Político solicitó entrevista tanto al gobierno del estado pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta institucional.
