#SinFamiliasNo: Víctimas exigen participar en discusión de la Ley de Desaparición en Guanajuato
Comisiones del Congreso de Guanajuato discuten la aprobación de la Ley de Víctimas y la de Desaparición Forzada, dejando fuera del debate a las propias víctimas y a organizaciones de la sociedad civil.
En un comunicado, el movimiento #SinFamiliasNo acusó a los diputados locales de discutir las iniciativas “sin escuchar a las víctimas y con un sentido de urgencia irresponsable, por dictaminar antes de que termine el periodo ordinario, cumpliendo con sus propios intereses pero no las demandas de quienes buscan a sus familiares y justicia, abandonadas por el Estado”.
Las más de 200 personas y 79 colectivos que suscriben el pronunciamiento exigieron a los legisladores que cumplan con su obligación de abrir espacios para la discusión del proceso a las víctimas en el estado y a los colectivos y organizaciones que las acompañan, “para entender la problemática, de las herramientas adecuadas para la búsqueda, localización e identificación y garantizar certeza jurídica”.
“¿Quiénes mejor que aquellas y aquellos que se han enfrentado al colapso institucional en la procuración de justicia?, ¿De dónde y con quiénes construir si no de su amor y su experiencia?, ¿Por qué consideran que solo a nivel federal se debe atender a las víctimas cuando es en el estado donde fueron victimizadas?”, cuestionaron.
Las víctimas criticaron las declaraciones de la diputada Libia Denisse García, quien dijo que el Congreso de Guanajuato solo está obligado a hacer una “armonización legislativa” en la aprobación de las leyes de Víctimas y de Desaparición forzada, lo que consideraron un intento “para librarse de su responsabilidad de impulsar un Parlamento Abierto con los colectivos de familiares, como lo obliga el artículo 1º Constitucional”.
Por ello, exigieron a la Junta de Gobierno y Coordinación Política que faciliten una dinámica de Parlamento Abierto con familiares de víctimas de desaparición, para escuchar sus experiencias y legislar con evidencia y responsabilidad”.
“Los estándares internacionales en materia de derechos humanos señalan que todo aquello que se pretenda construir para apoyar a las víctimas debe ser construido con su participación. La legitimidad de los esfuerzos del Estado únicamente la da el acompañamiento y aprobación de las víctimas, quienes se benefician o perjudican con las decisiones”, finalizaron.
