La Sagarpa de EPN no acreditó el destino final de subsidios por 42 mil 817 mdp: ASF
Ocho programas presupuestarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que, en 2018, debieron apoyar a los productores del campo con financiamiento para adquirir o sustituir infraestructura productiva, maquinaria y equipo; mejorar la comercialización de los productos agroalimentarios en los mercados nacional e internacional, y establecer sistemas de vigilancia epidemiológica de riesgos fito- zoosanitarios no acreditaron el ejercicio de 42 mil 817.5 millones de pesos en subsidios.
Así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su segundo informe sobre la fiscalización de la cuenta pública 2018, presentado este 31 de octubre. Esos 42 mil 817.5 de los que no se acreditó su ejercicio representan el 82.4% de los 51 mil 949 millones ejercidos en 7.7 millones de subsidios otorgados como parte de la política para el desarrollo del campo durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Del resto de lo erogado, aunque sí se acreditó su ejercicio (9 mil 131.5 millones) se otorgaron sin tener claro, de acuerdo a las reglas de operación de cada programa, si los beneficiarios eran realmente quienes debían recibirlos.
El presupuesto total de la Secretaría de Agricultura en 2018 fue de 72 mil 125 millones 383 mil 478 pesos y para este 2020 tiene asignados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), 46 mil 253 millones 142 mil 465 pesos, apenas 4 mil millones más de todo lo que la administración peñista no pudo acreditar de lo gastado en subsidios.
Los ocho programas de subsidios analizados por la ASF son: Programa de Apoyos a la Comercialización (con un presupuesto modificado de 6 mil 473.6 mdp para 2018), el de Apoyos a Pequeños Productores (15 mil 485.6 mdp), el de Concurrencia con las Entidades Federativas (2 mil mdp), el Programa de Fomento a la Agricultura (17 mil 331.5 mdp), el de Productividad y competitividad Agroalimentaria (5 mil 234.1 mdp), el de Fomento Ganadero (3 mil 149.3 mdp), el de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (2 mil 612.7 mdp) y el de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola (mil 646.7 mdp).
En 2018, se señala en el informe, la entonces Sagarpa (hoy Sader) y dos de su entidades: la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) carecieron de un marco de planeación adecuado que les permitiera identificar, ubicar y cuantificar a las unidades económicas rurales agrícolas, pecuarias y a los pequeños productores de las zonas rurales y periurbanas y de las regiones y zonas con mayor rezago social y económico.
No se identificó, por ejemplo, dice el informe de la ASF, a los productores y compradores de productos agrícolas con excedentes de comercialización y/o problemas de comercialización y/o expectativas de desarrollo en el mercado nacional e internacional.
No se delimitaron tampoco las zonas o regiones del país que requerían de programas de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades, campañas fito-zoosanitarias, y actividades de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera.
Las entidades fiscalizadas, determinó la ASF, no demostraron que los 7.7 millones de subsidios por un monto de 51 mil 949 millones de pesos se focalizaron en la población objetivo, por lo que estos se entregaron de manera generalizada a los que solicitaron el apoyo.
En materia de seguimiento, supervisión y verificación en la entrega y aplicación de los subsidios, las entidades fiscalizadas desconocieron el destino final de los 51 mil 949 millones de pesos entregados como subsidios y los resultados obtenidos con la erogación de los mismos, debido a que no acreditaron que hubo un seguimiento, ni verificación del avance de la ejecución de los proyectos autorizados a los beneficiarios por cada componente, a fin de asegurar la correcta aplicación de los recursos entregados a las unidades económicas rurales.
Más aún, las entidades fiscalizadas no acreditaron con la documentación que justificara y comprobara el ejercicio de 42 mil 817.5 millones de pesos, que representaron el 82.4% de los 51,949.0 millones de pesos ejercidos en la operación de la política para el desarrollo del campo, ni que dichos recursos se entregaron a la población objetivo de forma directa, mediante un padrón de beneficiarios o por medio de transacciones electrónicas de pago a la cuenta de cada beneficiario.
La Auditoría Superior de la Federación solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en la SADER, mediante la notificación de 56 irregularidades, para investigar el destino final de esos 42,817.5 millones de pesos entregados en 2018 como subsidios en virtud de que las tres entidades fiscalizadas (Secretaría de Agricultura, Aserca y Segalmex) no acreditaron el cumplimiento del objetivo de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del sector agroalimentario.
