Proyecto para llevar agua de México a San Diego fue avalado por Jaime Bonilla e impulsado por Kiko Vega

Documentos de la Semarnat en México, minutas del Distrito de Agua de Otay en California, Estados Unidos, y reportes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Norteamérica, confirman lo que durante años negó el gobierno del exgobernador panista Francisco Kiko Vega: la intención de exportar diariamente entre 20 y 40 millones de galones de agua producida en una planta desaladora instalada en Playas de Rosarito.

Según la minuta 20060313, el Distrito de Agua de Otay (OWD por sus siglas en inglés) gestionó con autoridades mexicanas desde el 2006, la posibilidad de instalar una planta desaladora que cubriera el 40 por ciento de la demanda en esa zona.

Para lograrlo la empresa Consolidated Water se asoció con la empresa bajacaliforniana NSC AGUA. Fue en ese momento que Frederick W. McTaggart inició con el proceso legal para vender el agua y sostuvieron reuniones con autoridades bajacalifornianas, quienes expresaron su deseo de comprar el agua producida para venderla o intercambiarla con Estados Unidos mediante un mecanismo comercial.

En sus declaraciones del 13 de mayo del 2015, McTaggart va más allá, señala que fueron las mismas autoridades estatales quienes entablaron comunicación con sus similares en Estados Unidos, a fin de buscar el acuerdo comercial.

Para concretar la compra-venta de agua a los Estados Unidos, los desarrolladores y el gobierno estatal necesitaban infraestructura, lo cual quedó plasmado en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado ante la Semarnat, en junio de 2014, el cual contemplaba la construcción de un acueducto que cruzaría la frontera entre México y Estados Unidos.

En la sección II.2.6 denominada “Descripción de obras asociadas al proyecto1” del MIA se confirmó la intención de vender los excedentes de agua a la frontera norte desde la CESPT al Distrito de Agua de Otay, en San Diego.

Entre las documentales presentadas por la empresa para su aprobación, dan a conocer fotografías incluso de la misma línea internacional Estados Unidos – México para dar a conocer en dónde concluye el proyecto.

La mano de Jaime Bonilla y Kiko Vega

Minutas del Distrito de Aguas de Otay señalan que cuando Bonilla Valdez ocupó el cargo de Director de dicho organismo, en 2008, inició las gestiones para instalar una planta desaladora en Playas de Rosarito, al grado que en 2011 se reunió con el entonces Alcalde de ese municipio, Javier Robles, para discutir el proyecto.

Ya como diputado federal, en mayo del 2013, Jaime Bonilla Valdez participó en una reunión con los accionistas de NSC AGUA y una comisión del Distrito de Agua de Otay, quienes expresaron su interés por adquirir el agua producida en las costas mexicanas.

“El Estado está considerando vender al distrito la cantidad solicitada de agua desalinizada y también está interesado en las transferencias indirectas de agua del agua del Río Colorado”, relata la minuta 20151019 del OWD.

Tanto el exgobernador Francisco Vega de Lamadrid como el exsecretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, negaron durante toda la administración que el agua de la desaladora se vendería a Estados Unidos, aun cuando el 15 de junio de 2016 el gobierno de BC le otorgó el contrato de la desaladora a NSC AGUA, empresa que a su vez se transformó en la compañía Aguas de Rosarito.

“Me lo han preguntado no sé cuántas veces y les he dicho que no es cierto, no se puede vender agua”, dijo Vega de Lamadrid a un reportero de El Imparcial el 27 de mayo del 2019.

Sin embargo, la minuta antes mencionada señala a Bonfante Olache como el contacto con el Gobierno Estatal, a quien incluso le plantearon la intención de enviar agua a los Estados Unidos de forma directa o indirecta a través del Río Colorado, así como el precio y la calidad del vital líquido.

Leyes ambiguas

Milton Adán Rubio Díaz, director de la empresa Aguas de Rosarito, responsable de la construcción y operación de la planta desaladora, reconoció que la intención original de la planta era vender agua a Estados Unidos, pero aclaró que legalmente ellos no pueden hacerlo, toda vez que el Congreso se los impidió, aunque el gobierno mexicano sí lo podría hacer.

Una cláusula del Acta 323 del Comité Internacional de Límites y Aguas (CILA) permite el intercambio o entrega directa de agua en caso de contingencia entre ambas naciones, sin embargo, la legislación mexicana no lo permite de manera expresa.

Francisco Bernal Rodríguez, representante en Mexicali de la CILA, detalló que dicho esquema sólo podría darse con la autorización de ambos países. Explicó que el ACTA 323 contempla la exploración de proyectos de desalación en el Mar de Cortés para dotar de agua al estado de Arizona, y en el Océano Pacífico para abastecer a California.

Por su parte, el Director del Organismo de Cuenca de Conagua en Baja California, Rafael Sanz Ramos, aseguró que la Ley de Aguas Nacionales no contempla este esquema, por lo cual se necesitaría un trámite especial y un acuerdo entre ambos gobiernos, lo cual no existe en la actualidad, aunque no se descarta.

El hombre detrás del proyecto

El plan maestro para vender agua a Estados Unidos inicia en 2005, cuando Gough W. Thompson, un veterano de guerra originario de Maryland, conoce un estudio financiado por las autoridades mexicanas y estadounidenses, en el cual se establece que Playas de Rosarito es el sitio ideal para instalar una planta desaladora y comercializar el vital líquido.

Entrevistado en la ciudad de San Diego, California, donde reside desde hace años, Thompson recuerda que a través de su empresa East West Group (EWG) ideó el proyecto de la desaladora, pues debido al poco abasto de agua en ambos lados de la frontera, se visualizaba como un negocio muy atractivo.

Asociado con Alejandro de la Vega Valladolid, cuya principal tarea fue la de invertir recursos y hacer las gestiones con el gobierno de Baja California, Thompson manifestó la intención de producir hasta 100 millones de galones al día, lo que convertirá a esta planta en la más grande de América y la sexta a nivel mundial.

Ya con el apoyo del gobierno bajacaliforniano, buscaron un nuevo aliado en San Diego, en este caso el Distrito de Agua de Otay (OWD por sus siglas en inglés), al considerarlo un cliente potencial. En dicho organismo se encontraba el ahora gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

Tanto OWD como la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) manifestaron su interés por adquirir parte de los 100 millones de galones que diariamente produciría la desaladora.

Al paso de los meses, el proyecto avanzó más lento y comenzó a dificultarse, por lo que Thompson consideró que era momento de retirarse.  Es así que buscó un comprador, dando así con “The Carlyle Group”, una empresa con sede en Washington, D.C. que mostró su interés en la construcción de la desaladora.

Sin embargo, esta empresa buscaba quedarse con el control de todo el proyecto e incluso comprar a CWC, lo cual no fue bien visto por McTaggart, quien además de impedir la negociación convocó a una reunión de socios en la que, sin previo aviso, incrementó el capital de la empresa y pulverizó las acciones de Thomson, quien pasó de tener el 25 por ciento, a menos del 1 por ciento de la compañía.

Con este movimiento, CWC se apoderaría del proyecto que representaría ganancias anuales de al menos 125 millones de dólares, lo que Thompson consideró motivo suficiente para dejarlo fuera.

A partir de ahí que comenzó un litigio entre los socios de NSC Agua, toda vez que Thompson presentó denuncias en México y Estados Unidos con el propósito de aclarar lo sucedido en la asamblea en la que disminuyeron su participación, ocasionando que se aplicara un embargo al predio donde construirán la desaladora.

El plan era que el Gobierno de Baja California comprara el 100 por ciento del agua producida para vender una parte a Estados Unidos:

Dijo que desde hace años existe una conexión entre Tijuana y San Diego, por lo tanto pueden cruzar agua sin ningún problema, especialmente en caso de una emergencia.

Con más de tres millones de dólares invertidos, Gough W. Thompson mantiene un litigio con el resto de sus socios, lo que ha impedido la construcción de la planta, sin embargo, negó que el proyecto esté muerto y aunque desconoce por qué se han caído los financiamientos, considera que los proyectos serán retomados por Jaime Bonilla Valdez, toda vez que fue uno de los principales interesados.

Se les acaba el tiempo

Actualmente, ambos proyectos se encuentran detenidos debido a problemas financieros, toda vez que el contrato firmado obliga al Gobierno del Estado a conseguir una línea de crédito que le permita obtener recursos en caso de no poder cubrir el pago de la contraprestación a los particulares. El gobierno tiene hasta el próximo 31 de diciembre para conseguir el financiamiento.

En caso de que el gobierno estatal no cumpla con esa parte, podrían presentarse demandas por incumplimiento de parte de los desarrolladores.

“Es trabajo del Estado, no trabajo de nosotros”, señaló Milton Adán Rubio Díaz, Director de la empresa Aguas de Rosarito, al referirse al estatus en que se encuentra la construcción de la planta.

Tras asumir el cargo como Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez se pronunció respecto a la desaladora de Playas de Rosarito, proyecto al que consideró necesario, pero lo calificó de inviable.

“No podemos comprometer al Estado con un pago de 158 millones de pesos mensuales, no los tiene la comisión de agua, entonces tenemos que cambiar el esquema para que sea menos doloroso el impacto al Estado”, indicó.

Bonilla Valdez comentó que el proyecto permanecerá, pero ya notificó a la empresa Aguas de Rosarito que tendrán que cambiar una serie de cuestiones para que sea autosuficiente. Por ello, trabajan actualmente en un nuevo esquema que facilite el proyecto, y que esté dentro de las posibilidades financieras de la actual administración.

A unos días de dejar el cargo de Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid insistió en la necesidad de construir las plantas desaladoras debido a la necesidad de fuentes alternas de agua para Baja California.

“Se nos está acabando el agua en la zona costa (…), se ha complicado por política, pero tarde o temprano me tendrán que dar la razón”, dijo Vega de Lamadrid.

Es importante señalar que durante semanas se buscó la postura de la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuya dirección estuvo acéfala durante meses, pero que fue asumida por Alfredo Babún Villarreal el pasado mes de septiembre, sin embargo, el funcionario nunca respondió a la solicitud de entrevista de este medio.

Este reportaje fue publicado originalmente en el portal Radar BC.

Esta investigación es parte del Hub de Periodismo de Investigación, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers