Gilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se convirtió desde el sábado en la primera vinculada a proceso por los sobornos millonarios del caso Odebrecht en México.
El juez de control Jesús Eduardo Vázquez decretó la vinculación a proceso de Gilda Austin por los probables delitos de lavado de dinero y de asociación delictuosa, y dictó, además, tres medidas cautelares para evitar que la mujer de 71 años pueda fugarse: arraigo domiciliario, retiro del pasaporte y aviso al Instituto Nacional de Migración para que no pueda abandonar el país, además de vigilancia policial las 24 horas del día tanto fuera como dentro de su domicilio.
Pero, antes de que el juez llegara a esa determinación, tuvo lugar una audiencia de unas 8 horas de duración -con cinco recesos-, en las que los agentes del Ministerio Público y los cuatro abogados de Gilda Austin, encabezados por Javier Coello Trejo, se enzarzaron en un ríspido debate sobre la presunta participación de la madre de Lozoya en una red delictiva que ocultó sobornos por 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht en México.
La madre de Emilio Lozoya llegó México a bordo de un vuelo comercial procedente de Múnich, sur de Alemania, alrededor de las cuatro de la madrugada del sábado.
Gilda Austin fue extraditada de ese país europeo, luego de que fuera detenida en julio pasado por agentes de Interpol cuando se encontraba de vacaciones en la isla Juist, al norte de Alemania.
Una vez en suelo mexicano, fue trasladada de inmediato al tribunal federal, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde a las 10:45 de la mañana se presentó ante el juez de control Jesús Eduardo Vázquez, quien nada más arrancar la audiencia le informó que personal médico velaría por su condición de salud durante todo el proceso.
Tras el primer cuerpo a cuerpo de la defensa con los agentes del ministerio público, en los que los abogados defensores alegaron que la detención de su clienta fue “ilegal y arbitraria”, aduciendo una serie de presuntas violaciones a derechos humanos que el juez no dio por acreditas y las desechó, Gilda Austin hizo uso de la palabra por primera y única vez en toda la audiencia.
“Yo estaba con mi nieto de vacaciones cuando fui detenida (hace tres meses en Alemania). Fue una experiencia nada, nada agradable”, dijo la mujer, vestida con un sobrio abrigo verde y una pañoleta protegiéndole el cuello, ante la atenta mirada de Javier Trejo, su abogado y también defensor de su hijo Emilio.
Posteriormente, el juez dio paso al ministerio público para que éste explicara a Gilda Austin cuáles son las acusaciones en su contra.
En silencio, con los brazos cruzados sobre su abrigo verde, y con el gesto serio e inexpresivo, la madre de Emilio Lozoya escuchó a los agentes de la Fiscalía narrar que la causa penal 261/2019, en la que ella es la imputada, deriva de una denuncia interpuesta el 28 de junio de este año por Santiago Nieto, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En la narrativa de hechos, un resumen oral de casi una hora con el que la Fiscalía comprimió el contenido de las 12 cajas de documentos del expediente del caso que puso ante la vista del juez, el ministerio público expuso que Gilda Austin abrió una cuenta bancaria en 2009, en la que también era cotitular su hijo, Emilio Lozoya.
En esa cuenta, Gilda Austin recibió, entre muchos otros, un depósito de 185 mil dólares a finales de 2012, unos pocos días antes de que su hijo fuera nombrado director de Pemex en diciembre de ese año, como parte del nuevo gabinete del presidente Peña Nieto.
El depósito del dinero -2 millones 401 mil pesos en moneda mexicana-, fue realizado vía transferencia bancaria desde Ginebra, Suiza, por Tochos Holding Limited, una presunta empresa fachada constituida en Islas Vírgenes Británicas, la cual estaría vinculada al propio Emilio Lozoya y su hermana.
Según la Fiscalía, esos 185 mil pesos que depositó Tochos Holding en la cuenta de Gilda Austin es parte del pago en sobornos de la constructora Odebrecht a Emilio Lozoya, para que, una vez en el gobierno federal, beneficiara a la constructora brasileña con jugosos contratos de obra.
Gilda Austin, abundó la Fiscalía en su exposición, recibió ese dinero en su cuenta, sin que pudiera acreditar la procedencia legal del mismo, pues ella aseguró que es maestra particular, y su perfil no se correspondería con el de alguien que pueda ganar tal suma de dinero en un mes.
Además, Gilda Austin no declaró los 185 mil dólares ante Hacienda, por lo que para la Fiscalía es motivo suficiente para acusarla de que ocultó dolosamente dinero de los sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya.
“Usted prestó ayuda para que su hijo transfiriera dinero desde el extranjero a México, con conocimiento de que los recursos eran ilícitos”, acusó el ministerio público, quien también señaló que la madre de Lozoya, una vez obtenido el dinero ilícito, también se encargó de “dispersarlo” a otras cuentas bancarias.
Aunque la Fiscalía solo imputa, hasta ahora, a Gilda Austin por ese depósito de 185 mil dólares, los fiscales advirtieron que, durante la fase de investigación complementaria, que tendrá lugar a lo largo de los próximos seis meses, pueden formular nuevas imputaciones por otros depósitos millonarios que se realizaron a su cuenta bancaria, que también serían de procedencia ilícita.
De hecho, la Fiscalía expuso que tiene indicios para sospechar que Gilda Austin forma parte de “una organización criminal” dirigida por su hijo Emilio Lozoya, y en la que también estarían involucrados su hija, y otras dos personas que los fiscales prefirieron omitir sus nombres.
En total, esta organización criminal habría recibido más de 10 millones de dólares en sobornos para que Emilio Lozoya, como director de Pemex, favoreciera con contratos millonarios a la constructora Odebrecht, como el que le concedió en 2013, cuando le otorgó por adjudicación directa uno por más de mil millones de pesos para realizar trabajos en una refinería en Tula, Hidalgo.
Y para sostener esta acusación, la Fiscalía también hizo referencia a los testimonios protegidos de funcionarios de Odebrecht, quienes, ante la justicia de Estados Unidos y de Brasil, admitieron que la constructora brasileña pagó sobornos millonarios en múltiples países de América Latina para conseguir contratos, incluido México.
Por su parte, como lo ha venido haciendo desde que el caso Odebrecht involucró a Emilio Lozoya, la defensa contraargumentó centrando su defensa en que los pagos de Odebrecht al exdirector de Pemex fueron antes de que éste pasara a ser director general de la petrolera en diciembre de 2012. Por lo que, entonces, no existiría soborno alguno, puesto que Lozoya no era funcionario público.
Además, la defensa liderada por Javier Coello Trejo señaló que los depósitos de dinero de Odebrecht a Lozoya fueron producto de transacciones comerciales entre particulares, que no constituyen ningún tipo de delito.
Coello Trejo señaló que los pagos eran por concepto de asesorías que Emilio Lozoya, como experto economistas y financiero, habría dado a la constructora para poder acceder al mercado mexicano.
“¿Es materia de audiencia una relación comercial lícita y con dinero lícito, su señoría? Yo creo que no”, recalcó la defensa de Gilda Austin.
En cuanto al depósito de 185 mil dólares en la cuenta de Gilda Austin, el abogado Javier Coello acusó a la Fiscalía de no investigar, puesto que aseguró que ese dinero fue utilizado en el pago de impuestos a través de un notario. Argumento, sin embargo, que fue rebatido por la Fiscalía, aduciendo que la defensa no presentó ninguna prueba que compruebe lo dicho por el abogado Coello Trejo.
La defensa también argumentó que no hay ningún elemento que pruebe que los testimonios de Odebrecht mencionaran en ningún momento a Gilda Austin, ni que ésta supiera de la existencia de presuntos sobornos en esa empresa, ni que ella conociera que el dinero depositado en su cuenta era ilícito.
Tras las exposiciones de ambas partes, el juez preguntó a Gilda Austin si deseaba que resolviese sobre su situación legal el mismo sábado, o si quería que lo hiciera dentro del plazo que marca la constitución mexicana de 72 o 144 horas. A lo que la mujer de 71 años, visiblemente agotada por la duración de la audiencia, más un viaje transoceánico sumado a los efectos del jetlag, respondió que prefería que fuera en ese mismo momento.
Luego de un receso, el quinto de la audiencia, el juez Jesús Eduardo Vázquez anunció finalmente que vinculó a proceso a Gilda Austin, por considerar que “hay indicios suficientes” de que la imputada habría participado en presuntos hechos delictivos, como lavado de dinero y asociación delictuosa, que fueron “en detrimento de la economía nacional” de México.
En concordancia con lo expuesto por la Fiscalía, el juez también vio indicios de que Gilda Austin habría participado como parte de una organización criminal que encabezó su hijo Emilio Lozoya, para recibir dinero de sobornos de Odebrecht.
Y argumentó: “La omisión (de Gilda Austin) en la declaración fiscal de los recursos (los 185 mil dólares), deja claro que la intención era ocultar esos recursos”, concluyó el juez, ante el visible enojo del equipo de abogados de la madre de Emilio Lozoya, quienes negaban con la cabeza en desaprobación por la decisión del juez.
Una vez dictada la resolución, y tras la imposición de las medidas cautelares -arraigo domiciliario, retiro del pasaporte y vigilancia policial permanente-, el juez concedió el plazo de seis meses propuesto por la Fiscalía para reunir pruebas complementarias, y dio por terminada la audiencia inicial.
A las 19:38 horas de la tarde, Gilda Austin se convirtió oficialmente en la primera vinculada a proceso por el caso Odebrecht en México.
Por el momento, Emilio Lozoya continúa prófugo de la justicia, luego de que se le giraran dos órdenes de aprehensión por el caso Odebrecht, mientras a su hermana, su esposa, un empresario, y a una corredora de bienes raíces, también se les giró orden de aprehensión por este mismo caso.