En cuatro años se iniciaron 390 carpetas de investigación en el país por delitos cometidos contra personas LGBTI, principalmente por discriminación (217), homicidios (100) y lesiones (52).
De acuerdo con el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI), los estados en los que se registraron más delitos cometidos contra esta comunidad entre enero de 2013 y diciembre de 2017 son la Ciudad de México (249), Puebla (29), Nuevo León (16), Chiapas (15) y Querétaro (11).
El informe, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indica que de discriminación, delito con mayor número de denuncias, los estados en que se investigan más casos son la Ciudad de México (193), Aguascalientes (4), Puebla (4), Querétaro (4) y Estado de México (3).
Las personas que más denunciaron sufrir discriminación fueron las que se identifican como bisexuales, seguidas de las personas transexuales, lesbianas y homosexuales.
En homicidios, las entidades en las que se registraron más carpetas de investigación son Puebla (24), Ciudad de México (11), Nuevo León (11), Chiapas (9) y Campeche (8).
Las personas travestis fueron las que tuvieron mayor número de víctimas de homicidios, seguidas de homosexuales, transgénero y transexuales.
Sin embargo, se desconoce el número total de delitos contra personas LGBTI que se investigan en el país, debido a que las Procuradurías y Fiscalías estatales de Morelos, Oaxaca, Sonora, Jalisco y Tlaxcala no dieron información a la CNDH sobre las carpetas de investigación iniciadas por este tipo de ilícitos.
La CNDH destacó además que, en los estados de Baja California y Guanajuato, no se encuentra tipificada la discriminación como un delito.
Otra forma en la que se vulneran los derechos de las personas LGBTI es el acoso escolar o bullying cometido dentro de centros escolares del país. De acuerdo con la Comisión Nacional, se han presentado al menos 53 quejas ante las secretarías de Educación estatales por esta situación.
Las entidades donde han reportado casos de bullying homo, lesbo, bi y transfóbico son Quintana Roo (25), Morelos (13), Estado de México (7), Tlaxcala (3), Hidalgo (3), Guanajuato (1) y Aguascalientes (1).
En el caso del acoso escolar tampoco es posible determinar el total de situaciones que se han presentado en todo el país, dado que estados como Colima, Chiapas, Michoacán y Puebla no dieron información al respecto a la CNDH.
En 17 estados, las autoridades de Educación dijeron a la Comisión que se implementaron acciones afirmativas a favor de la población LGBTI. Estos estados son Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de México y Durango.
También se implementaron acciones afirmativas, como talleres, pláticas y conferencias en Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
En estados como Baja California, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas y Yucatán, las Secretarías de Educación señalaron a la CNDH que no se capacita al personal escolar en temas de derechos humanos y derechos de las personas LGBT, ni se implementan acciones afirmativas.
Entre enero de 2019 y julio de 2019, la CNDH recibió 68 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos de personas LGBTI, entre ellas 4 quejas por prestación indebida de servicios educativos y 2 por limitar el acceso a la educación.
En su informe, la CNDH señaló que los servicios de salud son un espacio donde se presentan distintas modalidades de discriminación contra personas LGBTI, entre ellas la negación de atención e incluso, en el caso de las personas intersexuales, pueden ser objeto de cirugías precoces, decididas por sus padres o el personal médico.
Los estados en los que se presentaron quejas contra las Secretarías de Salud por presuntas violaciones de este derecho a este grupo de población son Ciudad de México (29), Nuevo León (2), San Luis Potosí (1), Guanajuato (1) y Coahuila (1).
Entre los actos que más se denunciaron en las quejas se encuentra el omitir proporcionar atención médica (10), omitir suministrar medicamentos (4), limitar el acceso al servicio público de salud (1) y negligencia médica (1).
También se mencionó el omitir implementar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud (1) y realizar deficientemente trámites médicos (1).
Por ello, la Comisión concluyó que “algunos servicios de salud no suelen estar preparados para atender a estas poblaciones conforme a su dignidad y derechos, ni conforme a sus necesidades específicas”.
Respecto al derecho al matrimonio, la CNDH indicó que, por principio de igualdad jurídica, las personas LGBTI deberían tener garantizado el poder casarse.
Sin embargo, solo en 11 estados se encuentra reconocido el matrimonio igualitario: Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Nayarit, Colima, Campeche, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Hidalgo y Baja California Sur.
En Jalisco, Chiapas, Puebla, Nuevo León y Aguascalientes, las personas LGBTI pueden casarse, pero requieren de un amparo para poder hacerlo.
En Chihuahua y Oaxaca, los matrimonios igualitarios pueden celebrarse solo por disposición del Ejecutivo local o del Registro Civil.
Para la CNDH, la restricción a las personas LGBT para formar familias, debido a que se considera el matrimonio como una manera de perpetuar la especie, constituye un acto de discriminación, dado que contraviene el derecho a la igualdad de todas las personas.
Sumado a ello, la Comisión señala que solo en siete estados existe el reconocimiento legal a la identidad de género: Ciudad de México, Nayarit, Michoacán, Colima, Coahuila, Hidalgo y Oaxaca.
Por estos hechos, la CNDH expresó su preocupación por los prejuicios y estigmas que provocan el rechazo e intolerancia de las personas LGBT.
“En México, sigue existiendo un problema de discriminación y violencia en agravio de las poblaciones LGBTI, el cual pone en riesgo sus derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad y seguridad jurídica, por citar algunos”, indicó.
Además, el organismo advirtió que no existen mecanismos o instrumentos para el monitoreo y evaluación de políticas públicas a favor de personas LGBTI.
Por ello, propuso a las distintas autoridades e instancias del Estado mexicano adoptar un enfoque amplio en materia de derechos humanos e inclusión sustantiva, a fin de garantizar a las personas LGBTI el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población.
A la Secretaría de Gobernación, recomendó instrumentar una política de Estado de carácter transversal a favor de la inclusión y el respeto a la diversidad, la orientación sexual, la identidad, expresión de género y características sexuales.
A la Secretaría de la Educación Pública pidió impulsar la educación sexual y reproductiva, laica y basada en evidencia científica, que comprenda un abordaje sociocultural de la sexualidad, para contribuir con la reducción de actos de discriminación motivados por orientación sexual, identidad y expresión de género.
A la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, recomendó investigar bajo el estándar de debida diligencia y enfoque de derechos humanos los delitos en que se presuma que la víctima lo fue en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, agotando todas las líneas de investigación.
A la Secretaría de Salud, asegurar que se cumpla el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las personas LGBTI y Guías de Atención Específicas, y evitar realizar cirugías precoces a personas intersexuales.