Comunidades en México demuestran que es posible vivir del bosque y, al mismo tiempo, conservarlo

Laura Jiménez, Manuel Herrera y Elías Santiago crecieron en una tierra en donde los mayores contaban con orgullo cómo lograron recuperar sus bosques. Oyeron a esas voces narrar cómo el gobierno mexicano permitió durante dos décadas que compañías privadas aprovecharan la madera de los árboles que crecían en los territorios de las comunidades. Esto llegó a su fin, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando los pueblos sacaron a las empresas y demostraron que podían hacerse cargo del manejo de sus recursos forestales.

Treinta y cinco años más tarde, Laura Jiménez es bióloga y maestra en desarrollo rural, Manuel Herrera es ingeniero forestal y Elías Santiago es maestro en ciencias forestales. Los tres, en diferentes comunidades, forman parte de una generación que continúa con el trabajo que empezaron sus abuelos, sus padres, sus vecinos: vivir del bosque y, al mismo tiempo, conservarlo.

El investigador Salvador Anta, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), explica que este modelo se pudo desarrollar en el país gracias a que entre el 60 y 70 % de los bosques y selvas se encuentran dentro de territorios que pertenecen a ejidos o comunidades, en donde la propiedad de la tierra es comunitaria.

Sembrar un modelo de conservación

En la Sierra Juárez de Oaxaca, por ejemplo, una empresa fabricante de papel tenía la concesión para talar y aprovechar los bosques, comenta el maestro Elías Santiago, director técnico forestal de la comunidad Ixtlán de Juárez.

“La gente de las comunidades —explica Elías Santiago— se organizó. Hicieron alianzas y lograron —a través de amparos— que ya no se entregaran más concesiones a esas empresas”. Las comunidades también se organizaron para que les dieran el reconocimiento oficial de su territorio y se les dejara manejar el bosque.

Las comunidades utilizaron sus métodos tradicionales de organización, como tomar decisiones en asambleas comunitarias, y se asesoraron con especialistas en manejo forestal.

Este proceso que comenzó a principios de los años ochenta en comunidades de Oaxaca, Durango y Quintana Roo se extendió a otros estados como Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Campeche, Puebla, Jalisco, Estado de México y otros más. Incluso, durante un tiempo se implementaron programas gubernamentales —como el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales (Procymaf)— para apoyar a las comunidades en su organización forestal.

No todas estas comunidades tienen el mismo nivel de desarrollo en términos de manejo forestal, destaca el investigador Salvador Anta. La mayoría aún se encuentra en un nivel básico; es decir tienen un Programa de Manejo Forestal —estudio que les permite conocer cuántos árboles pueden cortar para garantizar la sustentabilidad de su bosque—, pero no cuentan con sus propios aserraderos, por lo que venden su madera en rollo y, por lo tanto, sus ganancias son menores.

Algunos ejidos y comunidades han logrado tener un desarrollo importante, a tal grado que han formado empresas forestales y se han transformado en importantes fuentes de empleo en su región. Además de que impulsan la formación de sus propios especialistas e implementan proyectos —con biólogos y otros científicos— para monitorear la presencia de especies de flora y fauna que hay en su territorio y garantizar su conservación.

Cultivar el bosque

La Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez (UZACHI) surgió el 14 de septiembre de 1989. Es una organización integrada por cuatro comunidades de Oaxaca, tres zapotecas (Capulálpam de Méndez, Santiago Xiacuí y la Trinidad Ixtlán) y una chinanteca (Santiago Comaltepec).

Las cuatro comunidades manejan 24 mil hectáreas de selva baja, bosques de pino-encino y uno de los bosques mesófilos de montaña más conservados del país. Cada comunidad tiene su propio aserradero y produce al año un promedio de 9 mil metros cúbicos de pino y 8 mil metros cúbicos de encino.

“Cortar un árbol no siempre significa hacer un daño, siempre y cuando se haga de una forma responsable”, dice la bióloga Laura Jiménez, quien explica que a partir del Programa de Manejo Forestal se determina la zona en donde se va a extraer la madera, un área en donde también se trabaja para poder propiciar una regeneración natural del bosque.

Con los mismos recursos del manejo forestal han logrado tener un centro ecoturístico, carpinterías comunitarias y una empresa que fabrica muebles. Además, tienen unidades de manejo ambiental para la conservación de orquídeas y venado cola blanca (Odocoileus virginianus).

En Oaxaca también se encuentra la comunidad de Ixtlán de Juárez, que desde el 22 de agosto de 1986 logró que el Estado mexicano le reconociera 19 310 hectáreas de uso comunal, en las que es posible encontrar ecosistemas como bosque tropical y bosque templado.

“La comunidad pudo haber optado por desarrollar la agricultura, pero eligió hacer un aprovechamiento adecuado del bosque”, dice Elías Santiago, maestro en ciencias forestales y director técnico forestal de la comunidad de Ixtlán de Juárez.

El promedio anual de madera que producen en esta comunidad es de 18 mil metros cúbicos de pino y ocho mil de encino. “La selección de la madera que se corta —dice Santiago— se hace a partir del análisis de información estadística, ecológica y también tomando en cuenta aspectos sociales. Tenemos que conocer el comportamiento del bosque, de esa forma es que podemos aprovecharlo y conservarlo”.

Como ejemplo algunos datos: en 2016 esta comunidad aprovechó 500 árboles en una hectárea. En esa misma superficie, para 2019, ya se tenían mil árboles.

Y como en el caso de la UZACHI, la comunidad de Ixtlán de Juárez el manejo forestal comunitario les ha permitido ser una fuente de trabajo en la región (212 empleos directos), así como diversificar sus actividades y contar con un centro ecoturístico, una fábrica de muebles, una purificadora de agua y una “beneficiadora forestal” que otorga créditos a proyectos productivos.

En los bosques de esta comunidad también hay programas de monitoreo de la flora y la fauna. “Estamos en una región de alta biodiversidad, así que tenemos que cuidar esos recursos”, remarca Santiago.

Tres comunidades de la UZACHI e Ixtlán de Juárez tienen el certificado internacional Forest Stewardship Council (FSC), organización con sede en Bonn, Alemania, que valida si se está realizando un manejo adecuado del bosque, que proporcione beneficios ambientales, sociales y económicos. En el país, de acuerdo con datos de Conafor, un millón 300 mil hectáreas en el país ya cuentan con un certificado de la FSC.

El manejo forestal comunitario “es la manera probada de conservar biodiversidad y bosques con la gente, es una conservación que no es excluyente”, destaca la doctora en antropología Leticia Merino, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Su afirmación se respalda por varios estudios que ella y otros investigadores —como David Bray, Salvador Anta y otros más— han realizado.

Por ejemplo, Eric Van Vleet, investigador de la Universidad Internacional de Florida, publicó en 2013 los resultados de un estudio sobre las comunidades que tienen un manejo forestal comunitario en la Sierra Norte de Oaxaca, en el que señala que ante el panorama del cambio climático y la extinción de especies, la conservación es más necesaria que nunca, por lo que se le debería dar más apoyo a “las comunidades que conservan la biodiversidad, almacenan carbono y realizan un manejo equilibrado de los bosques que no significa deforestación”.

Contra viento y marea

Las comunidades que apuestan al manejo forestal comunitario no solo ponen a prueba la fortaleza de su organización comunitaria. También tienen que escalar una pendiente llena de obstáculos. La doctora Merino menciona algunos de ellos: se enfrentan a una normatividad excesiva; por ejemplo, “les piden estudios que las comunidades deben financiar y que luego no les sirven de nada”; y a un sistema fiscal que “no toma en cuenta el carácter social de las empresas comunitarias ni su beneficio ecológico”.

Elías Santiago, director técnico forestal de la comunidad de Ixtlán de Juárez, explica que se les trata como si fueran una empresa privada y no comunitaria, “en donde además de generar empleos, se conserva el bosque”.

Algo que caracteriza a muchas empresas forestales comunitarias —explica el investigador Salvador Anta— es que su objetivo no es el lucro, sino obtener beneficios para el ejido o la comunidad. Buena parte de los ingresos se destinan a obras de beneficio social como escuelas, casas de salud, mejora de caminos y a realizar buenas prácticas en el manejo del bosque. Sin embargo, esto no se toma en cuenta cuando tienen que pagar impuestos.

Manuel Herrera, director técnico forestal de UZACHI, menciona que además de los obstáculos administrativos y fiscales que enfrentan están los ambientales que han ido en aumento. “Hay alteraciones de los períodos de lluvia y también tenemos nuevas plagas, como los insectos defoliadores —que se alimentan del follaje de los árboles— y que antes solo se distribuían en las partes bajas; ahora ya están presentes en las zonas altas”.

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Las empresas comunitarias forestales también tienen que enfrentar el impacto que tiene el tráfico ilegal de madera en el precio que se establece en el mercado. “Es mucho más barata una madera ilegal, que aquella que debe cumplir con muchos requisitos para estar certificada”, resalta Merino, quien también menciona que en los últimos años se ha incrementado la importación de madera.

El crimen organizado se ha instalado como un desafío más para las comunidades forestales, sobre todo en estados como Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Durango y Tamaulipas, donde los grupos que controlan el tráfico de drogas también manejan el tráfico ilegal de madera y extorsionan a las comunidades.

Además, en los últimos años, las comunidades se han ido enterando, poco a poco, que buena parte de sus territorios se ha concesionado a empresas mineras. La doctora Merino señala que 33 % del territorio montañoso forestal se concesionó a la minería.

Planes con poco presupuesto

Con los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, las comunidades que realizan manejo forestal comunitario también enfrentaron en forma constante la disminución de apoyos gubernamentales. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien está al frente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) es Jorge Castaños Martínez, ingeniero agrónomo, especialista en bosques y quien en el pasado dirigió proyectos de apoyo a comunidades forestales, como el Procymaf.

Para el actual sexenio, “la intención es encontrar mejores mecanismos para incorporar mayor superficie al manejo forestal. Estamos fortaleciendo el concepto y retomando la experiencia de otros años”, asegura el ingeniero Julio César Bueno Talamantes, titular de la Unidad de Educación y Desarrollo Tecnológico de la Conafor.

Entre las metas que se ha puesto la Conafor está el aumentar el número de hectáreas que cuentan con una certificación nacional (750 mil hectáreas en la actualidad) y las de certificación internacional (un millón 300 mil hectáreas).

El gran inconveniente que tiene Conafor para desarrollar sus planes es el presupuesto. En 2019 fue 30.7 % menos de lo que tenía en 2018. En la propuesta de presupuesto para 2020, que podría aprobarse a finales de noviembre, se plantea otorgar al “apoyo para el desarrollo forestal sustentable” 1325 millones 486 mil pesos (alrededor de 68 millones de dólares), casi la misma cantidad que tuvo este año.

Laura Jiménez, Manuel Herrera y Elías Santiago coinciden en que, así como lo hicieron los mayores cuando apostaron por el aprovechamiento sustentable de los bosques, hoy su mejor herramienta para enfrentar los retos que tienen enfrente sigue siendo su organización comunitaria. Y eso es algo que, al igual que el bosque, siembran todos los días.

Lee el artículo original publicado por Mongabay Latam aquí.